Escrito por Redacción.24 de Marzo. Tomado de ContraPunto.
El Estado Salvadoreño ha reconocido la autoridad de la CIDH, pero no ha cumplido todas las recomendaciones, en especial las de investigar el crimen, sancionar a los responsables y ajustar las leyes para dejar sin efecto la Ley de Amnistía
SAN SALVADOR
– La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio al Estado Salvadoreño un plazo de 45 días para que le entregue un cronograma de trabajo que contenga cómo va a cumplir efectiva y concretamente las recomendaciones que esta entidad humanitaria le indicó desde hace 10 años en el caso del asesinato de los seis padres jesuitas y dos de sus empleadas en noviembre de 1989.La información la brindó a ContraPunto, Benjamín Cuéllar, director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca), que es parte-víctima en el caso que se sigue contra el Estado Salvadoreño en la CIDH. El plazo otorgado es a partir del 22 de marzo del presente año, cuando tuvo lugar la audiencia en Washington, sede del organismo humanitario interamericano.
“Las recomendaciones desde hace años fueron, y siguen siendo, investigar de manera imparcial y objetiva los hechos (el asesinato de los jesuitas); sancionar a todos sus responsables; reparar el daño a las víctimas y adecuar la legislación interna para dejar sin efecto la Ley de Amnistía (1993)”, aclaró Cuéllar, quien por la suspensión de un vuelo de la compañía aérea en que viajaba, no puedo estar en la audiencia en Washington, pero dice haber seguido el caso a través de las abogadas del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), que actúa también como representante de las víctimas.
“Las representantes de Cejil lo que dijeron en la audiencia es que a pesar del cambio de discurso del actual gobierno, las recomendaciones en el caso jesuitas siguen totalmente incumplidas y que el caso se mantiene en absoluta impunidad. El Estado Salvadoreño no pudo responder nada ante ello”, agregó el defensor de los derechos humanos.
Por su parte, David Morales, director general de Derechos Humanos de la Cancillería de El Salvador, dijo en la audiencia, al inicio de su alegato ante el presidente de la CIDH, Felipe González, que “el Estado no presentará controversia ante los reclamos de incumplimiento” expuestos por la abogada Alejandra Martínez, de Cejil, en representación de las víctimas.
No obstante, Morales apuntó que “El Salvador reconoce plenamente la autoridad de la CIDH”, y que por tanto, se reconocía el carácter vinculante de sus recomendaciones. Además, declara que “el Estado Salvadoreño se compromete a cumplir de buena fé” las recomendaciones emanadas.
Como parte de la nueva visión y discurso del Estado Salvadoreño, ante la CIDH, Morales explicó los cambios que ha implementado el gobierno, específicamente el presidente Mauricio Funes al haber condecorado, en noviembre de 2009, con las máximas órdenes nacionales a los seis sacerdotes jesuitas, encabezados por Ignacio Ellacuría, para reconocer el mérito intelectual de las víctimas. Igualmente Funes pidió perdón, en enero de 2010, a la sociedad salvadoreña y a sus víctimas por los abusos y crímenes de guerra que cometieron agentes del Estado durante la guerra civil (1980-1989).
El Estado reconoce incumplimiento
La abogada Camila Rosas, funcionaria de cancillería salvadoreña, explicó ante la audiencia que el Estado Salvadoreño tiene toda la voluntad de cumplir con las recomendaciones de la CIDH y que en tal sentido expresaba su deseo de retomar una diálogo entre el Estado y los peticionarios, así como con los familiares de las víctimas, para llevar a cabo el cumplimiento de todas las recomendaciones emanadas.
Sin embargo, Rosas informó que “lamentablemente” no puede dar a conocer avances en las recomendaciones dadas en cuanto a las investigaciones ni en adecuaciones de la legislación interna referente a dejar sin efecto la Amnistía General del 1993.
En ambos casos las acciones corresponden, respectivamente, al Fiscal General de la República y a la Asamblea Legislativa.
Morales, en una nueva intervención, informó a la CIDH que en lo referente a la adecuación de las leyes, en algunos casos de graves violaciones a los derechos humanos, la Amnistía de 1993 había sido declarada inaplicable por una sentencia dictada por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en septiembre de 2000, sin embargo, los aplicadores de justicia, es decir, fiscales y jueces no habían actuado en rigor a esa medida legal.
El Estado no tiene justificaciones dice Idhuca
Tras más de 10 años de que se conocieran las recomendaciones de la CIDH, para el director del Idhuca, el Estado Salvadoreño no tiene justificaciones de incumplimientos. “El Estado es uno solo, y el Jefe del Estado es Mauricio Funes... Si ello no se reconoce, nosotros como víctimas tendríamos que haber acusa una por una a los órganos del Estado”, recalcó Cuéllar.
“Nos parece totalmente incoherente con el discurso del actual gobierno, el querer descargarse las responsabilidades que le corresponden como Estado. No sólo le corresponden las reparaciones... En el fondo seguimos en lo mismo”, agregó.
Posibles acuerdos
De acuerdo a Cuéllar, el Idhuca propuso que el próximo 12 de abril, el gobierno salvadoreños, a través de cancillería, debía convocar al más alto nivel a las partes involucradas: Canciller, presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Fiscal General de la República (FGR), Director General de la Policía Nacional Civil (PNC) y el rector de la UCA; cada quien con sus equipos de asesores para salir de dicha reunión con acuerdos y cronología de cumplimiento de las recomendaciones emanadas de la CIDH.
El presidente la CIDH expresó que a más tardar, en un mes –a partir del 22 de marzo- debería la comisión tener en sus manos el referido cronograma.
Pero el agente que representa al Estado Salvadoreño solicitó dos meses porque alegó que los funcionarios podrían tener una “agenda apretada” de trabajo.
Entonces, el comisionado presidente de la CIDH dio finalmente 45 días para conocer el cronograma elaborado por el Estado Salvadoreño para poner en marcha el cumplimiento de todas las recomendaciones en el caso jesuitas.
Cuéllar, hasta el momento, no es muy optimista. Reflexiona: “No lo digo por otra cosa que no sea basándome en hechos concretos. Tenemos el caso de García-Prieto y en dos meses que dictó sentencia, ni siquiera una publicación en un periódico ha hecho de la referida sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos...”
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