El gobierno es el más comprometido, pero aún no rinde cuentas y retrasa la aprobación de la ley.El subsecretario de Transparencia, Marco Rodríguez, segundo desde la derecha, participa en una conferencia de prensa, en la que se anunció la campaña contra la corrupción, hace más de dos semanas.
Escrito por Mirella Cáceres. 31 de Marzo. Tomado de El Diario de Hoy.
"Palabra empeñada es palabra sagrada". Una frase con la que el Presidente Mauricio Funes intenta convencer de que lo que promete lo cumple. Sin embargo, esta premisa no es del todo compartida por su subsecretario de Transparencia y Anticorrupción, Marco Rodríguez.
El lunes 22 de marzo, el subsecretario prometió responder, vía electrónica, a varias interrogantes a El Diario de Hoy sobre el retraso en la realización de la consulta que el Ejecutivo se ha comprometido a impulsar en torno al anteproyecto de ley de transparencia y acceso a la información, que se debate desde el año pasado. Las respuestas no llegaron.
Rodríguez anunció que la consulta con distintos sectores sociales y las dependencias públicas para enriquecer la propuesta arrancaría hace dos semanas, y a partir de allí se contarían dos meses para consolidar los resultados y hacer las propuestas al Órgano Legislativo. Pero no lo han hecho.
El retraso de la consulta frena aún más la aprobación de una ley, que ya estaba consensuada con distintos sectores y que permitiría a la ciudadanía ejercer el derecho de contraloría social y obliga a los funcionarios a rendir cuentas a la población sobre el uso de los recursos del Estado y a no ocultar información pública.
Rodríguez, junto al secretario de Asuntos Estratégicos, Franzi Hato Hasbún, y el vicepresidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, se encontraba la semana anterior en Washington (EE.UU.) donde curiosamente participaba en el Encuentro Interamericano de Intercambio de Experiencias en Promoción de la Transparencia y la Lucha contra la Corrupción.
En ese evento, tanto Rodríguez como Hasbún expusieron el compromiso del gobierno central en trabajar con transparencia y promover una mayor auditoría de la ciudadanía a la gestión de los recursos del Estado por parte de los funcionarios, un derecho imposible de ejercerlo si no hay apertura de los funcionarios públicos en brindar la información oportuna y pertinente cuando se solicita.
"No queremos hablar del cambio como una frase, sino como un compromiso. Entonces desde ese punto de vista, el cambio se pone en compromiso con la transparencia, generar las condiciones para establecer la transparencia como política de Estado irreversible", dijo Hasbún.
Por su parte, el subsecretario Rodríguez, dijo que como gobierno han dado señales, entre ellas la creación del Observatorio de la Obra Pública, el portal de la Transparencia Fiscal en el sitio web del Ministerio de Hacienda y la Oficina de Información y Respuesta (OIR) en el FISDL.
Pese a esas "señales" y a la promesa gubernamental, es muy poca la apertura que dan las oficinas públicas cuando se les solicita información pública. Y si a eso se agrega la falta de una ley que los obligue, la resistencia es mayor.
En Washington, Rodríguez dijo que esta semana abrirían un espacio en la página de la Presidencia de la República en el que las instituciones gubernamentales rendirán cuentas sobre la ejecución de sus presupuestos. Y en efecto, ya aparece en el sitio, pero por el momento, nada más se han colgado audios de las intervenciones de Hasbún, Rodríguez y Sánchez Cerén en el encuentro en Washington, en los que prometen una gestión honesta.
Crítica y apoyo
A ARENA le preocupa que el plazo solicitado por el gobierno retrase aún más una ley que ya estaba lista para ser aprobada con el respaldo de todos los partidos y de otros sectores representados en el Grupo Promotor.
"Creo que hay que dar pasos de calidad en la democracia y uno de esos es acceder a la información porque si no ustedes los periodistas les toca andar en esa búsqueda dolorosa", dice el diputado tricolor Guillermo Ávila Qüehl.
El arenero dice que la ley obligará a todos los funcionarios públicos a gobernar sin secretismos, algo, que asegura lo pone en práctica el Órgano Legislativo y lo ejemplifica el acceso a las plenarias y a comisiones de trabajo.
Pero ARENA parece sola en su oposición al plazo que se dio para hacer una nueva consulta y en que duda de si esta aportará a la propuesta, pues otros partidos como el FMLN, Gana y el PCN, lo ven como algo necesario, ya que las dependencias estatales que serán reguladas tienen derecho a participar en la elaboración de la propuesta de ley.
La diputada Margarita Velado dice que para ellos como partido en el gobierno la ley es una prioridad y algo vital. "Aquí en la Asamblea Legislativa no hemos consultado a las alcaldías, al ministerio público y todos son sujetos obligados, entonces hay que tener una buena consulta", acota.
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