Escrito por Cristina López G.29 de Marzo. Tomado de El Diario de Hoy.
El hecho de que vivimos momentos críticos como sociedad, es algo que no ha escapado a la percepción de nadie. Esta ola de delincuencia que amenaza con desensibilizarnos a todos, convirtiendo cada víctima (que tiene un nombre, una familia y una historia que contar) en una cifra más de las estadísticas, debe instar a la sociedad civil a continuar reclamando al Estado una posición sólida frente a la inseguridad creciente.
Pero cuando el Estado se pronuncia, pareciera indicar que vivimos una situación en la que la población no tiene nada qué reclamar. En campo pagado de una página, el otro día el Presidente agradecía a la población entera por las votaciones que lo llevaron al poder, y que permitieron al Estado "disponer de la estructura gubernamental al servicio de quienes más atención y auxilio necesitan".
A pesar de tan conmovedora declaración, parece que el criterio de quienes son los que más atención y auxilio necesitan, lo llenan más los delincuentes, cuyos familiares reclaman por sus derechos en prisión en marchas custodiadas por las autoridades encargadas de velar por el orden público, y no los familiares de las víctimas de la delincuencia, a quienes nadie responde cómo compensar el daño irreparable que han sufrido.
Aparenta necesitar más atención y auxilio la minoría que, pasando por encima de cualquier autoridad e irrespetando reglas e institucionalidad, se toma la propiedad estatal reclamando su derecho a la educación, y no los miles de estudiantes inscritos que perdieron todo acceso a su educación por varios días.
Siempre salta a la defensa del menor infractor (incluso cuando la infracción es el más atroz asesinato) la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, con prontas citas a convenciones y tratados internacionales, y rara vez ha llamado la atención por una postura que clame por las víctimas y demás afectados por el asesinato.
Diputados de todos los colores, convierten decisiones urgentes en discusiones que enriquecen sus agendas políticas y no la agenda de país. Es fácil dudar de que la estructura gubernamental está en realidad volcada a servir a quienes más atención y auxilio necesitan, si el Órgano Judicial hace más noticias por los sospechosos que han salido libres, que por la pronta y eficiente administración de justicia en los casos que ante sus tribunales se acumulan cada día más.
En el mismo campo pagado del 15 de marzo, mencionado anteriormente, el Presidente resalta el gesto que tuvo, cuando pidió perdón en nombre del Estado por "las violaciones aberrantes a los derechos humanos durante el conflicto armado", gesto que se supone denota la orientación de este gobierno hacia "políticas destinadas a garantizar la vigencia plena de los derechos humanos", según sus palabras exactas dirigidas a la población salvadoreña.
Sin embargo, poco peso tienen estas palabras cuando no están respaldadas por una política que es capaz de garantizar el primero de todos los derechos: la vida, derecho al cual el resto de derechos son sólo subsecuentes. ¿Será que no está lejana la fecha en que otro Presidente tenga que pedir perdón en nombre del Estado por la inactividad del actual gobierno, que tiene como resultados tantas aberrantes violaciones a los derechos humanos?
De hecho, la falta de acción por parte del aparato estatal en pro de mantener el Estado de Derecho, que va a permitir el desarrollo de todas las demás políticas públicas, no nos hace dudar sobre la publicitada orientación del Presidente a garantizar los derechos humanos, sino que lleva a preguntarnos, con toda la impotencia del mundo: Garantizar los derechos, ¿de quiénes?
elsalvador.com :.: En defensa de los derechos humanos... ¿ de quiénes?
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