Revivir la investigación del asesinato de monseñor Óscar Arnulfo Romero para encontrar a los autores del crimen es cuestión de valentía. Después de 30 años del homicidio, la discusión sobre la derogación de la Ley de Amnistía sobra, dice, porque la Corte Suprema ya resolvió que el perdón no procede contra crímenes de lesa humanidad. Todo es que haya un juez valiente.
Escrito por Diego Murcia.26 de Marzo. Tomado de El Faro.
Las recientes declaraciones del ex capitán Álvaro Saravia sobre el asesinato de monseñor Romero confirman algunas de las teorías manejadas por la Comisión de la Verdad. ¿Ustedes pedirán una reapertura del caso?
Es que ya fue dada una sentencia. Ya se ha identificado a un culpable del asesinato de monseñor Romero y que este es prófugo de la justicia. La instancia ya se buscó. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya dio su resolución. Lo que nosotros estamos esperando es que el Estado cumpla con la resolución. Se condenó al Estado de El Salvador y ahí se le impuso las recomendaciones, lo que tiene que hacer en el caso de monseñor Romero. Algunas cosas ya las inició el Ejecutivo: las reparaciones de tipo moral; como pinturas, un documental, el cedé de música, los mismos sellos postales, son formas de reparación que ya se habían propuesto en la Comisión Interamericana.
¿Es esto suficiente?
Ha sido lo que corresponde al Ejecutivo, pero con la cuestión de la adecuación de la legislación nacional a los tratados internacionales de derechos humanos, que significa la anulación de la ley, ahí entran en juego la Fiscalía y la Asamblea Legislativa.
¿Por qué cree que estos órganos del Estado no han acatado las recomendaciones?
Ahí hay un problema. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana no tienen mecanismos de fuerza para hacer cumplir las resoluciones. Tienen otro tipo de mecanismos que son cuestiones, más que todo, diplomáticas: hacer que los estados cumplan sus obligaciones a través de otro tipo de presiones, pero no como una policía. Esa es ya una cuestión de manejo político. Los magistrados responden a partidos políticos y no a lo que la legislación les determina.
¿Se sienten complacidos con el manejo que el gobierno está realizando de las recomendaciones de la Comisión Interamericana en el caso de monseñor Romero?
La resolución fue dada en 2000 y hasta 2007 el gobierno accedió a oír una posición de reparaciones. Este otro gobierno ha dicho que va a cumplir con la resolución. Hasta ahorita solo hemos visto algunos detalles, no hemos visto el cumplimiento total de esa resolución, el informe de fondo, que así le llama la Comisión Interamericana, que no solo es reparación moral sino que también es investigación judicial, que no se ha hecho y no sabemos si se va a hacer y adecuar la Ley de Amnistía a los tratados internacionales, es decir, anular la ley.
¿Es de vital importancia anular la ley para poder resolver este caso?
No. Si nos atenemos a la resolución que dio la misma Corte Suprema, en septiembre de 2000, bien puede iniciar un proceso judicial cualquier juez. Lo que pasa es que un juez de paz no va a querer arriesgarse con un caso como este. No hemos encontrado ningún juez valiente que se arriesgue a investigar el asesinato. Hay una resolución de la misma Corte Suprema de Justicia que dice que, en algunos delitos, que son de lesa humanidad o crímenes de guerra, no cabe la amnistía.
¿Ustedes están contentos con las actividades que el Ejecutivo está organizando para recordar a monseñor Romero? ¿No debería jugar un papel más activo en la resolución de este caso como lo ha hecho al presionar a la Asamblea para que apruebe una modificación a la ley de menores o al cobro de la tarifa básica de las telefónicas?
O sea, nosotros lo que estamos haciende es exigir que se cumpla la resolución. Y al acatarla, el Estado debe investigar. ¿Qué pasaría al no cumplirse esta resolución? El caso pasaría a la asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el país estaría cometiendo desacato.
¿Si se reabriera la investigación del asesinato de monseñor Romero, digamos por parte de un organismo internacional, como ha pasado con el caso de los jesuitas, ustedes acompañarían esa petición?
Nosotros podríamos colaborar. Es que nosotros ya hicimos ese proceso, ya logramos una condena contra el Estado de El Salvador. Es que en eso no ha caído la gente, que la condena ya está. Aunque no se haya cumplido con esa resolución por parte del Estado. Hay un proceso en Fresno, en donde se condenó al capitán Álvaro Saravia, que por eso anda huyendo. Hay proceso. Lo que estamos exigiendo es que se cumpla la resolución. El problema ya es cuestión de cómo interpretamos jurídicamente el caso. Ya hay condena. Ahora le corresponde actuar al organismo ejecutor, al Estado.
Estas declaraciones y testimonios que han sido revelados recientemente, ¿abonan al proceso de canonización de monseñor Romero?
Yo considero que es un proceso muy aparte, que hay que respetarlo. La justicia es diferente al proceso de canonización. Lo que sí tiene que ver es que se le utilice a monseñor por un determinado gremio político o partido. Eso sí afecta el proceso de canonización.
¿Podría afectar el hecho de que el presidente retome la figura de monseñor Romero como su guía espiritual?
Podría. No lo puedo asegurar. Eso depende del criterio de quienes están llevando el proceso de canonización. Digo esto porque podría decirse que se está utilizando la figura de monseñor Romero de una forma política. Pero esto depende del criterio de quien está a cargo del proceso. Para mí, el presidente Mauricio Funes, está bien que lo tenga como su guía, pero no darle una connotación tan... máxime, como una bandera política.
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