Escrito por Ricardo Ribera.31 de Marzo. Tomado de El Faro.
“La justicia es como la serpiente, que sólo muerde al que va descalzo”. Es una frase de Monseñor Romero. Su vigencia se mantiene, por desgracia. A treinta años de su asesinato, éste sigue impune. Los que lo mataron no iban descalzos, por el contrario, los unos usaban botas militares, calzado fino los otros. La identidad de los autores, materiales e intelectuales, circuló desde hace ya mucho, primero como rumor, después como evidencia cada vez más firme. Hay un clamor por que se haga justicia, en éste y en otros casos emblemáticos. Si no se enfrenta el pasado, éste nos atropella. Hacerle justicia al pasado ha de servir para construir un futuro más justo, para que el presente deje de ser tan injusto.
Tras el magnicidio estaba gente muy poderosa, en la política y en el mundo de los negocios. Es muy grave. Se menciona al hijo de un ex–Presidente de la República, al dueño de uno de los diarios de mayor circulación nacional, a varios de los dirigentes históricos de un partido de derecha que ha sido gobernante. El partido Arena ni siquiera existía en esa época, no fue sino año y medio más tarde que fue fundado. Pero ya que su fundador aparece reiteradamente incriminado, los dirigentes actuales de este partido deberían ser los primeros interesados en que el crimen se esclarezca, bien sea para exonerar a su principal ícono político, bien para emprender una decisiva transformación que desvincule a su instituto de un pasado cuyas sombras tenebrosas ensombrecen su propio futuro.
En la negociación ambas partes acordaron conformar la Comisión de la Verdad. El objetivo era esclarecer casos – no de las 70 mil víctimas civiles del conflicto, cosa prácticamente imposible– sino de los “graves hechos violatorios” que más conmocionaron a la sociedad y al mundo. Al hallarse “patrones sistemáticos” sería suficiente incluir una decena de los crímenes más connotados para superar la situación de impunidad. A los dos días de recibir el Informe de la Verdad, el Presidente Cristiani, usando la iniciativa de ley que le confería el cargo, presentó un anteproyecto de ley de amnistía. Eso fue un año y dos meses después de la firma de los Acuerdos de Paz. La Asamblea Legislativa de la época, con los votos de Arena, PCN y PDC, en pocos días aprobó el pedido presidencial. Quedaba impedido de tal forma dar inicio a los procesos judiciales que recomendaba la Comisión de la Verdad. Resultaba garantizada la impunidad. De ahí la exigencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de que la ley de amnistía sea revocada. De ahí el reiterado llamado de la sociedad al presidente actual de que también él haga uso de su prerrogativa de tener iniciativa de ley.
No se puede utilizar la figura emblemática de Monseñor Romero en lo que conviene, por ejemplo afirmando que será el guía espiritual del gobierno, y distanciarse de la misma en lo que no conviene, por ejemplo para facilitar la “unidad nacional” que se quiere impulsar. Poco y mal se podrá edificar sobre la base del consenso si éste significa encubrimiento, complacencia, impunidad, perdón y olvido para criminales desalmados. Algunos de ellos, ya fallecidos, tal vez hayan recibido el perdón del Todopoderoso, si es que se arrepintieron a tiempo. Otros siguen viviendo entre nosotros, sin haber dado muestras de tal arrepentimiento, burlándose de la justicia humana y probablemente también de la divina. Unos callan y otros incluso siguen empeñados en justificar el atentado, buscando crear la impresión de que la víctima era en el fondo culpable, que “él se lo buscó”, que fue una muerte por “razón de estado”, que fue un mal menor.
Tampoco resulta tolerable la actual campaña mediática alertando contra la “politización” y “utilización” de la figura de Monseñor. Sobre todo porque quienes participan hoy en ella, en su momento fueron parte de un coro contra Monseñor Romero – lo mismo, a finales de la década, contra los jesuitas– que con la difamación y calumnia preparó el terreno para que el magnicidio pudiera parecer justificado. El papel de complicidad excede lo ético y bordea los límites de la acción delictiva. Envenenaron la mente de muchos, hicieron del odio una bandera, mintieron, trataron de engañar a la opinión pública. En el caso jesuitas, quien dirigió la cadena nacional fue premiado más tarde con un alto cargo en la Inteligencia del Estado y más recientemente como asesor para temas de seguridad de un partido político. Quien dirigía el órgano judicial contribuyó a impedir la investigación y a que no se hiciera justicia, e igual reaparece ahora en instancias de dirección del mismo instituto político. Es decir, el pasado está ahí nomás, inserto en nuestro presente, activo todavía, nefasto, aunque afortunadamente cada vez menos influyente.
Por el papel y responsabilidad de los medios de comunicación, no todos, pero sí varios de los principales, es por lo que hay que poner atención a las prerrogativas que éstos reclaman. Exigen, simple y llanamente, ayer como hoy, estar por encima de la ley. El caso más reciente, la publicación de las fotos sin velar el rostro y dando la identidad completa de un menor en el momento de cometer un homicidio, grotesco y horrendo sin duda. La ley es clara al respecto y no se puede alegar ignorancia de la misma. De hecho, el periódico publicaba la edad probable del hechor, de 17 años. Estamos ante un claro desafío a la ley, ante un reclamo por situarse por encima de la misma, así como ésta les confiere impunidad a los medios si incurren en los delitos de difamación y calumnia.
Montan una tremenda campaña contra la jueza, la cual no hace la ley, está simplemente obligada a aplicarla. Quien no esté de acuerdo con las protecciones que brinda a los menores la Ley Penal Juvenil que acuda al órgano legislativo con sus argumentos, como de hecho se ha terminado haciendo. Lo que es un precedente funesto es el atropello de la norma legal por quienes, por ser “el cuarto poder”, se consideran por encima de la ley. En vez de educar y orientar a la población, priorizan agendas mediáticas y políticas de manera irresponsable. Lo peor, solicitan y obtienen solidaridad de la asociación de dueños de los medios en la región latinoamericana, que emite un comunicado sobre la necesidad de privilegiar el “derecho de expresión”, el “derecho de información” y la “libertad de prensa” por encima de cualquier otra consideración. Es decir, el derecho – sin límites, ni éticos ni legales– para publicar y difundir lo que les venga en gana. Señores: así no se construye democracia, ni se favorece la causa de la justicia.
Opinión - Nadie por encima de la ley - ElFaro.net El Primer Periódico Digital Latinoamericano
Mejor no se puede formular esta esteril( pero desveladora discusion de hasta donde llega el atraso en el pensamiento politico y juridico de los salvadoreños de avanzada )discusion de las fotos publicadas por la Prensa. La ley no es para aplicarse segun el estado de animo de la generalidad o de algunos pocos en posicion de poder. La ley se debe respetar y aplicar siempre, a todos, a asesinos y a responsables intelectuales de actos delincuenciales como los aseisnatos de los curas o de tanto salvadoreño asesinado en las decadas pasadas. La ley no se aplica por parentescos o por animos.. se aplica a quien sea, cuando y donde sea por que son las reglas del juego social. De algo estoy seguro... seguiran auitodenominandose paladines del estado de derecho y la libertad.. pues tanta es la mediocridad en ellos que no pueden ver sus propios errores. Pobrecito mi pais.
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