El gobierno del presidente Funes soslaya reiteradas veces la pregunta sobre qué interés tiene el Ejecutivo en que el Estado cumpla con la comunidad internacional, que pide que se derogue la Ley de Amnistía. En la semana en que se conmemoran 30 años del asesinato de monseñor Romero, el canciller deja claro que la posición del gobierno es no tener posición.
Escrito por Carlos Martínez. 27 de Marzo. Tomado de El Faro.
En abril de 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó a El Salvador tres cosas: primero, dejar sin efecto la Ley de Amnistía; segundo, investigar, juzgar y sancionar a los asesinos de monseñor Romero, y tercero, reparar a las víctimas. Según el canciller salvadoreño, Hugo Martínez, al gobierno solamente le toca esta última recomendación. De forma que el gobierno de Mauricio Funes da por cumplido su papel organizando conciertos, homenajes, murales y estampillas. Sobre las otras dos recomendaciones prefiere mejor ni opinar, puesto que cree que no tiene vela en ese entierro.
A finales del año pasado, el corresponsal de un conocido medio de comunicación europeo gestionó una entrevista con el presidente Funes. El asesor de prensa del gobernante, Luis Verdi, puso una sola condición: que no se hicieran preguntas sobre la Ley de Amnistía.
El tema es incómodo para este gobierno probablemente porque durante su campaña electoral el ahora presidente hizo una promesa muy clara: él no movería un dedo para promover la derogatoria de la Ley de Amnistía de 1993. Es decir, él no movería un dedo para hacer cumplir una de las recomendaciones de la CIDH.
Sin embargo, en noviembre del año pasado, en la audiencia ante la CIDH, El Salvador dejó dos mensajes sobre la mesa: el nuevo gobierno reconoce como obligatorias las recomendaciones que emanen de ese organismo y que, al contrario de lo que hicieron los gobiernos anteriores, este no soslayaría más a esa comisión. En esa ocasión, el representante del Estado, David Morales, dejó firmada una promesa de hacer un monumento y un video.
Ante la insistencia de los miembros de la Comisión, Morales terminó aceptando otro compromiso: gestionar ante la Fiscalía que investigue el caso y ante la Asamblea Legislativa que derogue la ley. Hasta ahora, según dijo el mismo Morales a El Faro el sábado anterior, "no ha habido avances significativos" en la ejecución de esta tarea.
El Faro abordó al canciller Hugo Martínez durante una actividad organizada por la PDDH, el viernes 19 de marzo, luego de que el procurador Óscar Luna exigiera una postura clara del Ejecutivo al respecto. En resumen, según el canciller, la postura de este gobierno es no tener postura.
Usted decía que ha girado notas de parte de Cancillería tanto al sistema de justicia como a la Asamblea Legislativa...
Trasladándoles la posición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).¿El gobierno de El Salvador está a favor de la derogatoria de la Ley de Amnistía?
Ese es un asunto que le compete a la Asamblea Legislativa. Nosotros lo que hemos hecho es cumplir con nuestro deber de trasladar la preocupación de la CIDH, porque el Estado salvadoreño no ha avanzado en el cumplimiento y lo hemos trasladado de manera reiterada, así que será la Asamblea Legislativa la que delibere esto.Estoy claro que aprobar leyes o derogarlas es competencia de la Asamblea, sin embargo, cuando el gobierno está interesado en la aprobación de una ley se pronuncia al respecto e incluso tiene iniciativa de ley. ¿El gobierno de El Salvador está a favor de la derogación de la Ley de Amnistía?
Ha cumplido con su función de trasladar las preocupaciones de la CIDH en el sentido de que no se avanzaba en este tema. La Corte en su recomendación no dice “derogatoria de la Ley de Amnistía”, sino que dice “adecuación de la legislación interna”, entonces nosotros...Pero sigue... “para dejar sin efecto la Ley de Amnistía”.
Entonces... lo que hemos hecho es trasladar esa preocupación de la Corte.¿Por qué prefiere no referirse explícitamente a la opinión del gobierno frente a la Ley de Amnistía?
Porque somos respetuosos de las atribuciones de cada órgano de Estado: el de justicia tiene unas atribuciones, el Ejecutivo tiene unas y el legislativo otras.Pero bajo esa lógica el gobierno jamás se pronunciaría sobre la aprobación de una ley, o sobre la elección de un fiscal...
El gobierno tiene iniciativa de ley, y cuando lo considera conveniente, cuando es un asunto que le compete al gobierno, evidentemente que hemos enviado algunas iniciativas.¿Y en este caso le parece conveniente?
Es un asunto del Estado salvadoreño y así lo ve la Corte y como bien lo expliqué en mi ponencia, la Constitución es clara en el sentido de que hay una división de poderes y eso le corresponde a la Asamblea Legislativa.¿El gobierno de El Salvador no ha considerado en este caso la posibilidad de enviar un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa para modificar la legislación o para derogar la Ley de Amnistía?
El gobierno de El Salvador está enfocado en cumplir con lo que le compete directamente, que es las reparaciones tanto morales como materiales y en trasladar, como le compete también, a los otros órganos del Estado las preocupaciones que ha externado la CIDH por algunos incumplimientos en el caso de monseñor Romero.Siendo aún candidato el presidente de la República se manifestó explícitamente en el sentido de que su gobierno no promovería la derogatoria de la Ley de Amnistía. ¿Estas palabras siguen en vigencia?
Como te repito, el gobierno de El Salvador cumple con su deber de trasladar las preocupaciones de la CIDH a los otros órganos del Estado y cumple con lo que le corresponde, que es el tema de las reparaciones y el homenaje a monseñor Romero. Le hemos trasladado notas al presidente de la Asamblea Legislativa en el sentido de que no se ha avanzado en este tema en específico, pero será la Asamblea la que tendrá que tomar una determinación. No le compete al Ejecutivo.¿Ustedes no tienen opinión sobre eso? Por ejemplo: en otra competencia de la Asamblea, que es ampliar o no ampliar las penas para los menores, el gobierno sí tiene una opinión sobre eso. ¿Sobre la amnistía general no?
Es que en ese caso hemos enviado una iniciativa al respecto y es una iniciativa que le corresponde al Ejecutivo como coejecutor de la política criminal y de la ley en este país.¿Y no cree que algo tiene que ver el Ejecutivo con...?
No monopolicés. (El encargado de prensa corta la pregunta y cede la palabra a otro periódico. Ofrecen una entrevista para este lunes 22, pero luego aclaran que si es sobre el mismo tema, el canciller ya dijo todo lo que tiene que decir).
Entiendo que quieran mostrar flexibilidad el gobernar. De lo contrario no tiene sentido ser partido politico y aspirar al poder gubernamental. Con los pies sobre la tierra se sobreentiende que si se tiraran a cunplir con los deseos y con la justicia real se les haria imposible terminar el periodo presidencial Esa es la realidad nuestra. El balance de poder no da para implementar ese tipo de medidas. Pero tambien existe el riesgo ( y eso es lo que yo personalmente temo que sea el caso) de wque la izquierda del frente electorero desde siempre ha tenido como objetivo estar donde estan y no cambiar mucho pero si cosechar del discurso radical. Sin combatir de frente la corrupcion y no tomando posicion en preguntas tan simbolicas e importantes como la de la amnistia dejan tremenda duda acerca de cual izquierda es la que ha llegado al poder en nuestro pulgarcito.
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