Escrito por Oscar A. Fernández O.26 de Marzo. Tomado de Diario Co Latino.
Sin atacar los factores que construyen el contexto y la base para la violencia y el crimen no se lograrán progresos en el desarrollo de los seres humanos y las sociedades en América Latina. La inseguridad se transfiere con facilidad. La seguridad es interdependiente. Ello requiere un abordaje comprensivo que dé cuenta de manera simultánea de diferentes políticas públicas tales como las referidas a: rediseño de los sistemas de seguridad, justicia penal y defensa; reformulación de las políticas sociales; el desarrollo de políticas que contribuyan a la cohesión e integración social; la construcción de un sistema efectivo y expedito de resolución de conflictos menores y un conjunto de iniciativas que permitan cualificar la capacidad de gobernar y desarrollar la democracia participativa.
Para explicarnos objetivamente el fenómeno de la violencia y la inseguridad, debemos aceptar como premisas: 1) la inseguridad no es causada por un factor, sino por la convergencia de muchos, ligados a vulnerabilidades humanas y sociales. 2) La inseguridad ciudadana es un obstáculo para el desarrollo humano, que sumado a la inadecuada repartición de la riqueza nacional, limita las posibilidades individuales para concebir y concretar un proyecto de vida, y erosiona la solidaridad y los valores positivos de una vida democrática. 3) Es posible construir una sociedad más segura si se atienden las formas de vulnerabilidad social en que proliferan la violencia y el despojo, y se fortalecen los mecanismos colectivos de protección y capacidad de las personas para activarlos (PNUD. 2005).
En este contexto, los organismos de información pública juegan un papel importante. Una sociedad debidamente informada, potencia a las personas para encontrar respuestas y desarrollar acciones cooperativas. Por el contrario, en una sociedad con miedo se inhiben las capacidades, se incrementa la desconfianza y con ella la falta de cooperación. El aislamiento incrementa los riesgos.
Comprender las diferentes expresiones de la violencia permitirá desarrollar mejores políticas públicas que tengan como norte el desarrollo humano, es decir, aumentar las opciones de las personas para que puedan mejorar sus vidas. Hasta la llegada de la Ilustración, la ley penal fue utilizada brutalmente como mecanismo de opresión y sometimiento a sus vasallos, por parte del señorío feudal y la monarquía. De otra parte, los intereses políticos y religiosos de la iglesia utilizaron al Derecho penal como instrumento apto de realización de ciertos fines políticos y religiosos.
Las heridas dejadas por las dictaduras en la región en muchos casos siguen abiertas. En la actualidad son expresadas por las fracciones derechistas más conservadoras, impulsadoras de modelos penales que castigan al excluido y protegen los intereses del gran capital.
Esta misma idea que inspiraba al Derecho penal medieval es trasladada, con las lógicas distancias, a contextos históricos como el actual, en los que la normativa sancionatoria, se constituye nuevamente en el arma política más poderosa para vilipendiar los derechos y libertades fundamentales de una inmensa mayoría de marginados.
El terrorismo ejercido desde el Estado se expresó en genocidios, en desapariciones forzosas, en tortura y en las formas más aberrantes de ejercicio de la violencia desde el Estado. Nuestra sociedad y del resto de América Latina, debieron convivir con las «guerras internas», la violencia, la opresión y el miedo por décadas. Se buscó imponer un «orden» por la fuerza, fue la negación de la política y la legitimidad del poder abusivo. No hubo Estado de derecho, había un régimen de terror.
La violencia era ejercida no sólo por actores «oficiales» sino por actores armados amparados por el Estado, pero al margen del respeto a la ley. «La naturaleza de la violencia política ejercitada en los años de dictadura militar no tiene paralelo con ningún momento de la historia latinoamericana» (Torres-Rivas, 1998). Sólo la brutal conquista de América puede ser equivalente.
Este conjunto de cambios en los sistemas políticos fue acompañado de un triste cambio en los patrones de inserción económica. El resultado fue debilitar aún más las capacidades del Estado para proveer bienes públicos y seguridad a sus ciudadanos. La polarización económica- social y la inequidad se asentaron como un rasgo característico de la región. Las sociedades post conflicto, las transiciones a la democracia y los desarrollos del modelo neoliberal redujeron las capacidades del Estado y le abrieron espacios a nuevos actores armados, a una nueva violencia.
La inseguridad en las sociedades latinoamericanas se encuentra más ligada a las debilidades del Estado que a las nuevas fuerzas y actores. Nuevos tipos de conflictos reducen la capacidad de los Estados. Los países de la región encuentran grandes dificultades para enfrentar estos nuevos retos.
Es decir, los actores no estatales ilegales poseen capacidad para constituirse en amenazas efectivas al Estado. La debilidad del Estado es una condición de inseguridad que lo afecta a él mismo, como a su población. Y va más allá. La inseguridad en un Estado genera una expansión de ésta a los vecinos. La inseguridad fluye más allá de las fronteras. De allí la preocupación creciente sobre los «espacios sin ley» que se ha manifestado recién en la reunión de Presidentes centroamericanos con la Secretaria de Estado de los Estados Unidos, Hillary Clinton, al igual que en otras Cumbres y organismos regionales.
Si el abuso del Estado generaba la mayor amenaza para la población, durante las dictaduras y la Guerra Fría, en la actualidad la debilidad o la ausencia del Estado se constituyen en el mayor detonante de la inseguridad en América Latina y el Caribe. Los Estados están desarrollando una guerra continua contra la violencia y el crimen, las cuales poseen múltiples manifestaciones. Esta forma de enfrentamiento corresponde a lo que se denominan las «guerras de la globalización» o «nuevas guerras».
Éstas implican un des-dibujamiento de las distinciones entre guerra (normalmente definida como la violencia por motivos políticos entre Estados o grupos políticos organizados), crimen organizado (la violencia por motivos particulares, en general el beneficio económico, ejercida por grupos organizados privados) y violaciones a gran escala de los derechos humanos (la violencia contra personas individuales ejercida por Estados o grupos organizados políticamente).
Las nuevas “guerras contra el crimen y la violencia” se vinculan a la erosión del Estado, a la aparición de Estados debilitados que en lo esencial han perdido el monopolio en el uso racional de la fuerza.
Opiniones
25/09:34 | Violencia, crimen y debilidad del Estado Oscar A. Fernández O.
25/09:33 | La voz del Nuevo Testamento en plena guerra Caralvá
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Editorial
Los medios de comunicación también deben pedir perdón
Este día, el Presidente de la República, Mauricio Funes, en nombre del Estado salvadoreño, pedirá perdón por el asesinato de Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Sobre este importante hecho histórico escribiremos en el editorial del viernes.publicidad
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