La SIP insta a la justicia salvadoreña a que, en situaciones como la referida, se evite la arbitrariedad y se garantice el derecho a la información. Éste, que es un derecho básico del ciudadano, debe ser reconocido en todos los ámbitos y sentidos, sin pretextos ni excusas.
Escrito por Editorial. 24 de Marzo. Tomado de La Prensa Grafica.
La extensa cobertura que se le ha dado a la pretensión de la jueza de menores en el sentido de investigar a LPG por la publicación de la secuencia fotográfica que revela el asesinato a sangre fría de un menor, a manos de otro menor y de su cómplice, en plena calle, y cuyos nombres también aparecen, ha venido a encender de nuevo en la opinión pública el tema de la función periodística, en balance con otras funciones, en este caso la que se refiere a la protección de la identidad de menores delincuentes. El caso ocurrido no es común, y, por ende, la interpretación y manejo del mismo tampoco pueden serlo. Esto es lo que ha venido quedando en clara evidencia a lo largo de estos días. Querer abstraerse de los matices que va originando la misma realidad es lo que lleva a aplicaciones cada vez más abstractas, inoperantes y peligrosas de la ley.
Ya la Fiscalía General puso procesalmente las cosas en su sitio; pero la cuestión da para mucho más. Y, en esa línea, la resolución emanada de la recentísima reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa en Aruba es un enérgico llamado de alerta. El caso específico fue presentado ante dicha reunión por nuestro Presidente, que es a la vez Vicepresidente regional del mencionado organismo hemisférico.
La SIP insta a la justicia salvadoreña a que, en situaciones como la referida, se evite la arbitrariedad y se garantice el derecho a la información. Éste, que es un derecho básico del ciudadano, debe ser reconocido en todos los ámbitos y sentidos, sin pretextos ni excusas. Sólo así estarán asegurados tanto el efectivo desempeño de la legalidad como la buena salud de la democracia. Lo sucedido va dejando, pues, importantes lecciones.
Tener claro qué se protege
La experiencia vivida a lo largo de estos años debería habernos enseñado ya que ningún extremismo da buenos frutos. En el tratamiento de los menores infractores, pasamos de un total descuido endémico a la alcahuetería garantista. Ambos son defectos que producen consecuencias muy indeseables. Y el problema se complica porque, desde que los conceptos legales actuales sobre esta temática se instalaron en el ambiente, las formas de la delincuencia infantil y juvenil se han modificado alarmantemente. Ya no son niños y adolescentes que delinquen por casualidad, sino verdaderos criminales, que pertenecen a estructuras bien organizadas. Y ante tal situación, la blandenguería lastimosa de los garantistas a ultranza está cada vez más fuera de lugar.
El tratamiento especial para estos niños y jóvenes debería partir de una distinción: no es lo mismo el caso de aquéllos que delinquen alguna vez que el de los que ya son delincuentes estructurados. Para ambos debe haber políticas, estrategias y mecanismos de reconversión anímica, moral y social; pero de diferente naturaleza. Y, por otra parte, hay que enfrentar ya, pero ya, el tema que todos evaden: el de los famosos “centros de internamiento”, cuyo desempeño, en términos generales, es insoportablemente contraproducente.
Toda esta profusión de opiniones debería mover a un replanteamiento no sólo de medidas sino también de criterios. Y, a la vez, a un análisis sobre la efectividad de la justicia y sobre la idoneidad de los que la operan.
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