Escrito por Gabriel Trillos. 28 de Marzo.Tomado de La Prensa Grafica.
La audiencia de más de una hora del viernes pasado en la pequeña sala del tribunal segundo de menores de San Salvador, en donde la funcionaria titular, María Isabel Ponce Gallardo, escuchó los argumentos de su servidor, del presidente del periódico, José Roberto Dutriz, y del abogado Arístides Perla, para decidir divulgar la identidad de un menor asesino, tuvo varias conclusiones importantes y podría decir que en algunas coincidimos con la administradora de justicia.
Una de estas es la dicha por la misma jueza, quien definió el caso como un caso complejo; pero es fundamentalmente complejo por el hecho de fondo del caso: la muerte de un estudiante, el asesinato del hijo de una madre, el crimen del hermano de alguien.. y es en donde no nos debemos perder. La discusión sobre la publicación de la identidad del asesino es una pequeña variable en comparación a la pérdida de una vida humana.
Los esfuerzos de la Fiscalía como muy bien lo ha hecho hasta ahora – aunque todos esperamos un poco más de impulso y apoyo a la madre de la víctima – deben estar concentrados en la investigación del crimen, y no dedicar recursos a investigar a quiénes fueron los responsables de decidir publicar la identidad de quien apuñaló a sangre fría a plena luz del día, y sobre todo porque no hay mucho que indagar, pues los mismos responsables nos presentamos ante la jueza para explicarle nuestro diario proceso de producción de noticias; nosotros mismos le llevamos a la jueza las pruebas gráficas de lo que se publicó y de lo que no se publicó, pues tenemos imágenes mucho más dramáticas que decidimos no publicar por respeto a la familia de la víctima. Esas imágenes fueron entregadas como prueba a la jueza. Ella junto a sus asistentes de tribunal, las fiscales del caso y el defensor público observaron estas sangrientas y dolorosas fotografías.
La jueza, según ella mismo lo expresó en la audiencia, dedicará mucha reflexión para decidir si multa o no a LA PRENSA GRÁFICA, para decidir si se violentó el derecho a la intimidad del procesado de 17 años y 6 meses de edad y si este derecho está por encima del derecho a la libertad de expresión, del derecho de informar, de estar informados y de entregar información; si pesa más el derecho a la intimidad de quien cometió un crimen está por encima del derecho a la vida que esa misma persona estaba violentando al apuñalar al otro joven por una camiseta, o por encima del derecho al honor, o por encima del derecho a la seguridad que el Estado mismo, del cual forma parte el sistema de justicia y sus jueces, deben garantizar. Sin duda su reflexión y luego su decisión será radicalmente importante para la sociedad.
Ahora bien, sus esfuerzos mayores creo que deben ir más por impartir pronta y cumplida justicia por el asesinato; y en esa misma línea el Estado debería estar más preocupado por la familia del joven fallecido, pues su madre ha declarado que se siente desprotegida; esa familia ahora desmembrada tiene otro miembro joven, en edad de estudios, que necesita apoyo y protección.
De acuerdo en que el caso es complejo, pero no por habernos sentado en una sala de audiencias; es complejo porque este caso nos estrella en la cara la dura realidad que viven nuestros jóvenes, desnuda la violencia estudiantil y muestra la fragilidad de muchas instituciones de educación pública que están siendo infiltradas por las pandillas y por la pérdida de valores, ante la despreocupación de las actuales autoridades del Ministerio de Educación que ya deberían haberse declarado en emergencia; y nos demuestra una vez más las grietas del sistema de seguridad pública en que un joven puede matar a la luz del día, en una de las vías de mayor tránsito de nuestra capital.
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