Escrito por Óscar Picardo Joao.31 de Marzo. Tomado de La Prensa Grafica.
La Revista ECA Nº 547-548 de mayo-junio de 1994, de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), presentó en esta edición un número monográfico titulado “La educación en El Salvador”. Eran los albores de la reforma educativa en marcha, en donde la UCA junto a FEPADE y el Instituto para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard llevaban a cabo un profundo diagnóstico coordinado por Fernando Reimers.En esta revista aparecen dos artículos que permiten interpretar el origen de la violencia en los institutos nacionales: “La educación media en El Salvador” de José Luis Guzmán y Leonor Cariola, y “Problemas y perspectivas de las universidades privadas en El Salvador” de Joaquín Samayoa.
El artículo de Guzmán y Cariola señala que después de la reforma desarrollista de 1968 (Béneke) la matrícula absoluta en educación media aumentó de 15,367 en 1965 a poco más de 100,000 estudiantes en 1992 (608% de crecimiento). Por su parte, Samayoa anota que entre 1979 y 1991 el gasto público en el área social se redujo entre 52% y 55%, presenta además los graves problemas de calidad en el nivel superior y finalmente anota otros datos de matrícula: para 1957, la población universitaria era de 1,648 estudiantes y el número de bachilleres graduados fue de 508 estudiantes, pero en 1970 la matrícula de educación superior ya era de 26,191 estudiantes y en 1991 asciende a 81,773. Finalmente, Samayoa señala que “a comienzos de la década del sesenta, el número de estudiantes que egresaban de la educación secundaria, apto para ingresar a la universidad, había aumentado en forma considerable”. Esto confirma el dato de Guzmán y Cariola.
Entonces la ecuación es la siguiente en tiempos de convulsión política y de migración del talento humano: aumento de la matrícula significativo, más deterioro de la calidad de la formación docente, menos presupuesto educativo, es igual a condiciones propicias para la violencia. En efecto, mientras las aulas de los institutos nacionales desde los años setenta comienzan exponencialmente a saturarse y hacinarse con grupos de 50 y 60 estudiantes, de modo inversamente proporcional, la calidad pedagógica, eficiencia y liderazgo de directores y docentes disminuye; no debemos señalar con simpleza que lo que sucede en los institutos nacionales es una “causa” o “producto” de una sociedad violenta (esto es en “parte” cierto), ya que lo que sucede en estas instituciones es un fenómeno focalizado y con identidad propia que no se da en otros ambientes u organizaciones similares. Lo que se da en los Institutos es un problema de ingobernabilidad educativa por saturación de demanda y poca calidad en la oferta, y una de las manifestaciones de esto es la violencia.
Vale la pena anotar que las actuales autoridades educativas, sin considerar la población en los institutos nacionales urbanos más grandes, se dieron el lujo de borrar de un plumazo el “Programa de intervención y asistencia psicológica para estudiantes, docentes, padres y madres” que desarrollaba la Fundación para la Educación Especial (FUNPRES) en 90 centros educativos de San Salvador y La Libertad desde 2007, con la finalidad de prevenir y mitigar la violencia escolar.
La asistencia técnica especializada que brindaba FUNPRES al MINED —a modo de outsourcing— desarrollaba: atención psicológica, talleres sobre manejo de conflictos, habilidades sociales, liderazgo, apoyo técnico a manuales de convivencia escolar intervenciones con psicoterapia (crisis individual y crisis grupal), charlas de orientación, terapias especializadas en casos de acoso sexual, acompañamientos a audiencias y una considerable cantidad de apoyos. El informe de resultados de FUNPRES demuestra una significativa cantidad de acciones, a modo de apoyo complementario psicopedagógico para el docente y para el director; el programa desapareció y ya comenzamos a ver los resultados.
PD: Señores fotoperiodistas, pidan el DUI antes de capturar imágenes.
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