Escrito por Norma Guevara de Ramirios.22 de Marzo. Tomado de Diario Co Latino.
El Artículo 61 de la Constitución de la República establece que la Universidad de El Salvador y las demás del Estado gozarán de autonomía en los aspectos docente, administrativo y económico; se establece además, que se consignarán anualmente en el Presupuesto del Estado las partidas destinadas al funcionamiento de las universidades estatales y las necesarias para asegurar y acrecentar su patrimonio. Para un egresado de la Universidad Nacional, es inadmisible desconocer este principio constitucional o ignorar el significado de la autonomía universitaria como parece ocurrir en el caso del actual Rector, Ingeniero Rufino Quezada al implorar la intervención gubernamental al campus para resolver un conflicto de naturaleza académica y administrativa, la demanda de ingreso.
La autonomía es un principio que la Constitución reserva de manera precisa para los municipios y para las universidades públicas; en el caso universitario es un principio que protege la libertad requerida para la docencia, para la investigación, para el establecimiento y adecuación de los programas en cada disciplina del conocimiento, para establecer y ajustar principios de organización del conocimiento construido en la comunidad universitaria sin estar sujetos a conveniencias coyunturales de un gobierno; es pues un marco de libertad puesta en función de una institución creada para fines de acrecentar la educación superior, la cultura y el acervo científico de nuestro país a la cual se le otorgan mecanismos para autogobernarse entre docentes, estudiantes y profesionales no docentes.
Esos principios de autogobierno están establecidos en la Ley Orgánica de la Universidad de El Salvador que otorgan espacios iguales a docentes, estudiantes y profesionales no docentes para elegir sus representantes a las Juntas Directivas de cada facultad, así como ante la Asamblea General Universitaria. Al Consejo Superior y a la Rectoría le son encomendadas funciones importantes en materia académica, reglamentaria, disciplinaria para autogobernarse; de manera que la diferencia de opiniones que se expresen tienen en la institucionalidad universitaria los espacios para ser atendidos, analizados y resueltos en el sentido más conveniente.
La autonomía supone libertad de cátedra, libertad para investigar, deber de responder desde su elevada posición cultural a las necesidades de desarrollo educativo. En el concepto más antiguo de la autonomía, incluso de la época medieval, esa libertad era dada a docentes y profesionales, fueron los reclamos estudiantiles, los diversos movimientos de reforma universitaria los que lograron la comprensión moderna de incorporar al estudiantado como parte esencial de la comunidad universitaria.
Si bien la autonomía dista de ser vista como un Estado dentro de otro Estado, el campus es inviolable, es inconveniente tratarle como un barrio más y las huellas negativas de las intervenciones gubernamentales a la UES el 19 de Julio de 1972 todavía pesan en su calidad académica, porque desarticuló generaciones de profesionales consagrados a mantener un prestigio académico de nuestro país. La intervención de 1972 y las que le siguieron hasta 1992 son malas, dañinas, y jamás resolverán problemas de demanda de ingreso, para eso debe usarse el diálogo, el liderazgo de sus autoridades, la comunicación.
Es bueno que el problema que mantuvo cerrada la Universidad 10 0 12 días se haya resuelto con compromiso de revisar los espacios que tenga la institución para admisiones extraordinarias, es bueno que los funcionarios de seguridad hayan actuado con prudencia ante el llamado de intervención hecha por el Rector, es muy destacable el esfuerzo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, y que lamentable que el Rector y el Partido Arena pidan sancionar al Ministro de Justicia y Seguridad Pública por haber respetado la Constitución.
Algo de los valores universitarios hemos perdido cuando vemos esta manera de actuar de parte de personas con autoridad en el gobierno de la UES, la autonomía debe ser respetada por el gobierno pero sobretodo por las propias autoridades universitarias. Por eso la actuación del Consejo Superior Universitario fue correcta al sobreponerse a esa manera de actuar del Rector y autorizar un proceso de diálogo que arribó a entendimiento y demostró que los problemas tienen solución si se plantean adecuadamente.
Ojalá este hecho permita una reflexión profunda de todos y todas, especialmente en el mundo universitario, para buscar el camino de su reimpulso y de replantearse las crecientes demandas de la sociedad a su universidad, incluso de aquellas personas jóvenes con derecho a la educación que por mecanismos de selección quedan momentáneamente sin acceso. En tiempos anteriores diríamos: Urge una reforma universita-ria que sintonice a la UES con el presente.
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