El objetivo básico, para la institucionalidad en su conjunto, debe ser la normalidad democrática plena. Esto demanda que se cumplan dos requisitos indispensables, en los que hemos venido insistiendo de manera recurrente: transparencia y efectividad.
Escrito por Editorial.12 de Marzo. Tomado de La Prensa Grafica.
Estamos en un momento evolutivo muy importante para el país, y esto se percibe cada día, en distintas áreas y en diversas formas. Dos factores coyunturales pero de alta relevancia contribuyen a poner énfasis en la dinámica actual: la alternancia política y los efectos de la crisis económica. Y es del caso señalar que, a la luz de todo este acontecer imperante, la institucionalidad estatal también ha venido quedando en evidencia, con sus fallas y sus desajustes. Ha habido –hay que reconocerlo en beneficio del proceso nacional en marcha– significativos avances en aspectos sensibles del desarrollo institucional, pero lo que falta por hacer se conecta directamente con el desempeño mismo de las más altas esferas de decisión y de gestión; en concreto, a los Órganos supremos del Estado.
En ese sentido, los acontecimientos recientes deben ser ilustrativos de la necesidad de pasar a un funcionamiento institucional bastante más normal que el que tenemos, sobre la base de que cada Órgano se posesione de veras de sus verdaderas responsabilidades, para garantizar un trabajo interactivo que apunte sin reservas hacia el servicio del bien común.
Señalamos algunos signos que preocupan sobre el funcionamiento institucional superior: las vacilaciones de juicio que se dan dentro de la Asamblea Legislativa respecto de las decisiones que como tal va tomando sucesivamente; la sorda rebelión que lastra el trabajo dentro de la Corte Suprema de Justicia; y la falta de un entendimiento claro entre la Presidencia de la República y el partido de gobierno. Todo esto es corregible y superable, y así debería serlo, en función de un ejercicio institucional integrado, que sea lo menos traumático y lo más fluido y consistente posible.
Normalidad democrática plena
El hecho de que en el país se diera la alternancia en el ejercicio del poder político de manera previsible y pacífica, sin traumatismos ni contratiempos, es un logro histórico del proceso nacional, más allá de toda consideración derivada de simpatías o antipatías. La turbulenta cascada que fue la campaña electoral desembocó en un estanque natural. Ahora viene, sin embargo, la consolidación del acontecimiento, la cual implica intensificar el esfuerzo para que las cosas sigan funcionando naturalmente. Y eso requiere visión, convicción y compromiso por parte de todos los actores nacionales, no sólo políticos.
El objetivo básico, para la institucionalidad en su conjunto, debe ser la normalidad democrática plena. Esto demanda que se cumplan dos requisitos indispensables, en los que hemos venido insistiendo de manera recurrente: transparencia y efectividad. En ambos hay mucha tarea pendiente, y sacarla adelante cuanto antes es decisivo para la buena marcha del país en todos los órdenes. La institucionalidad ya no puede seguir autogratificándose a costa de la sana y oportuna evolución del proceso.
Estamos en un momento en el que es de rigor ver las cosas con dos calendarios a mano: el calendario político, de tiempos cortos y subjetivos; y el calendario visionario, de tiempos más amplios y concordantes con la realidad. Ni uno ni otro, por su sola cuenta, serían sostenibles de cara a las urgencias coyunturales y estructurales que nos apremian. Debemos actuar todos en razón de un El Salvador funcional, en lo inmediato y en lo permanente.
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