El último presidente de Arena se caracterizó por su filosofía de que la mejor ley de acceso a la información es la que no existe. Hasta su partido le repudió su actitud antes de expulsarlo a finales de 2009, tras descubrirse que gastó 219 millones de dólares más que los autorizados por la Asamblea. Ahora es Funes quien, tras ocho meses en el cargo, parece seguir las huellas de su antecesor.
Escrito por Daniel Valencia Caravantes. 01 de Marzo. Tomado de El Faro.
Mauricio Funes, recien electo presidente, visita a Antonio Saca en Casa Presidencial el 31 de marzo de 2009, donde acordaron la creación de una comisión de transición. Foto Archivo
El gobierno de Mauricio Funes actúa como el gobierno de Antonio Saca cuando de transparentar -u ocultar- los gastos de publicidad se trata. Y Julio Rank, el ex secretario de Comunicaciones de Saca, y David Rivas, su sucesor, así como Élmer Charlaix, es secretario privado de la Presidencia de Saca, y Francisco Cáceres, su sucesor, actuaron y acúan de manera similar.
La práctica de esconder lo que hacen o la información que manejan también cunde en el Ministerio de Economía, en Hacienda y en Protección Civil, donde simplemente se niegan a responder sin argumentos legales. Aunque en estos casos la información que ocultan no tiene que ver con publicidad.
En un período de 16 meses El Faro solicitó por escrito diversa información a las oficinas presididas por 53 funcionarios, tanto del gobierno de Antonio Saca como del gobierno de Mauricio Funes. El ejercicio también se hizo con la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Cuentas de la República. Y hubo respuestas claras y sumamente rápidas a las peticiones, pero estas fueron las excepciones. La mayoría de respuestas -o falta de respuestas- probaron que lo que se supone que es ley solo existe en el papel, pues El Salvador es suscriptor de tratados que reconocen el derecho de la gente a buscar información y la obligación del Estado a proveerla.
El más reciente referente de la falta de transparencia es posiblemente la actuación del ex presidente Saca, quien durante su quinquenio logró hacer llegar a la Presidencia de la República 219 millones de dólares adicionales a lo aprobado por la Asamblea Legislativa. El dinero salió de diversidad de oficinas estatales, cuyos saldos no ejecutados se canalizaban hacia Casa Presidencial para que esta los usara sin mayores explicaciones. Este gasto, sin embargo, fue avalado por el presidente de la Corte de Cuentas, Hernán Contreras, quien aseguró que todo se utilizó legalmente, aunque nunca se hizo pública la auditoría correspondiente.
Durante un año 4 meses, El Faro se embarcó sobre un mar que no prometía llevarlo al tesoro del final del arcoiris ni mucho menos acceso a algo que se piensa es asunto de interés exclusivo de la prensa y de los periodistas: la información pública. Tan pública que afecta a todos los ciudadanos por igual; tan pública que es de todos. “Una sociedad más informada es más democrática”, decía el ex relator de la libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos, Eduardo Bertoni, allá por 2004, el año en que Saca asumió el poder. Una sociedad más informada es más democrática. A mayor información mejor decisión. Información = Transparencia. Okay.
De los 53 funcionarios a quienes se pidió información por vía escrita, tres eran de la administración anterior y uno de ellos era el propio Saca, que junto a Rank, y el ex ministro de Hacienda, William Hándal, nunca revelaron cómo y cuánto del dinero público se estaba gastando en el Ejecutivo, pese a las cinco peticiones de información que hizo este periódico entre noviembre de 2006 y marzo de 2009. El grueso de los consultados (19) está en la Corte Suprema de Justicia, que en dos oportunidades, en pleno -una bajo la presidencia de Agustín García Calderón y otra bajo la presidencia de Berlarmino Jaime- ha deliberado si procede o no informar cómo están los informes de Probidad de los funcionarios públicos. Informes en donde hay anomalías en más de 200 casos desde 1999. Los 19 magistrados que conocieron de las peticiones tampoco dieron la información.
El resto es una muestra de ministros, viceministros, mandos medios de instituciones, alcaldes y jefaturas de delegaciones policiales que en su mayoría ni siquiera respondieron a nuestros pedidos. Entre noviembre de 2008 y febrero de 2010, El Faro envió 23 pedidos de información a funcionarios del estado, pero solo cuatro se atrevieron a revelar la información solicitada; tres dijeron que no la podían dar y el resto ni siquiera se tomó la molestia de responder que no responderían.
El ejercico cubrió dos períodos presidenciales, y sin embargo, con nuevo gobierno, en un El Salvador democrático, ¿por qué cuesta tanto conocer cómo se manejan las cosas detrás de los muros de las instituciones estatales? La respuesta parece tener su origen en algo que el ex presidente Saca se preocupó por precisar: "La mejor ley es la que no existe”. Eso dijo siempre que se le preguntaba su opinión sobre una Ley de transparencia y acceso a la información.
¿Y Funes? Todavía no dice nada oficialmente, aunque prometió transparencia desde antes de asumir el cargo, y en su discurso de toma de posesión aseguró que la transparencia iba a ser algo sagrado en su gobierno. Pronto, el nuevo presidente dio muestras de que había decidido profanar su palabra, cuando su gobierno se rehusó a informar cuánto estaba gastando en publicidad, después de una petición hecha por El Faro en septiembre pasado.
Funes, ahora, es heredero de la cláusula en la Ley de presupuesto que permite al Ministerio de Hacienda transferir a la Presidencia el dinero no utilizado mes a mes por otras instituciones del gobierno, para ir a parar a una cuenta llamada "de gastos imprevistos" y de la que nadie tiene certeza de cómo se utiliza. Esa es la que el gobierno de Antonio Saca engordó con al menos 219 millones de dólares que la Asamblea Legislativa no había autorizado, y esa es la que ahora, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), pide que se cauterice.
A continuación, descubra qué nos respondieron estos funcionarios cuando les pedimos una información concreta relacionada con su trabajo. La mayoría, cosas que tienen que ver con cómo –y por qué- se gasta el dinero de los salvadoreños.
Palabras que se lleva el viento
San Salvador, noviembre 22 de 2006. “No tener una ley de acceso de información de ninguna manera debilita la transparencia del gobierno. Tenés acceso a la información sin necesidad de ninguna ley”, dijo el entonces presidente Antonio Saca en un hotel capitalino, en una conferencia de prensa improvisada. A Saca, en esa ocasión, El Faro le pidió que abriera las cuentas de publicidad del Ejecutivo. Delegó a Julio Rank y este nunca entregó la información. Su jefe, tampoco.
San Salvador, septiembre 21 de 2009. “Yo recibí una copia de una carta que se le dirigió al secretario de comunicaciones y al secretario privado y le dije que le dieran curso, que le dieran trámite. Que el secretario de comunicaciones les informe el monto de lo invertido y que les informe también en qué medio se ha invertido y a través de qué empresa se ha hecho la contratación de esos espacios”, dijo el presidente Mauricio Funes, en una conferencia oficial en Casa Presidencial. Delegó a Rivas y a Cáceres para que dieran información del monto en publicidad del nuevo gobierno. A la fecha, nada. Ni de ellos ni de él.
Dato curioso #1: En 2008 El Faro reveló que entre 20 instituciones adscritas al Ejecutivo –incluida en la lista Casa Presidencial- habían gastado 33 millones 382 mil 728.25 de dólares en 62 campañas publicitarias diferentes, aunque nunca fue posible hallar un registro consolidado para todo el quinquenio 2004-2009.
Dato curioso #2: Unos 1.7 millones de dólares, en plena crisis económica, gastó el presidente Mauricio Funes en concepto de publicidad entre junio y octubre de 2009, según estimaciones de la empresa de monitoreo Publisearch.
Dato curioso #3: Funes contrató a la agencia Polistepeque S.A de C.V., empresa de su amigo Joao Santana, el mismo que le llevó la campaña electoral, para que dirigiera la publicidad de Casa Presidencial y de una decena de instituciones adscritas. Entre noviembre y diciembre, además, Casa Presidencial hizo precompras de pauta en medios por 4.18 millones de dólares en medios de comunicación. Toda esta información se conoció públicamente solo después de que El Faro la sacara a la luz, pues el gobierno en todo momento intentó mantenerla oculta.
Esas extrañas respuestas I
El 17 de noviembre de 2009, El Faro envió al director de Protección Civil, Jorge Meléndez, una petición formal de información en la cual le solicitaba acceso a la bitácora del Centro de Emergencias Nacionales, para verificar cómo actuó la institución antes, durante y después de la tragedia provocada por la tormenta Ida, esa que dejó 200 fallecidos y millones de dólares en daños. Tras una conferencia de prensa realizada ese miércoles 18, en el último piso del edificio de Gobernación, Meléndez dijo:
-¿Y por qué citaron tantos preceptos jurídicos para pedir la información? Eso me obligó enviársela al jurídico para saber cómo proceder. No era necesario homb’e.
Como no hay ley, la petición hacía mención a la Constitución y a los tratados internacionales firmados por El Salvador que ponen al ejercicio de pedir información como un derecho. Gran problema. La Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió hace años que la libertad de expresión puede entenderse como una manera concisa de abarcar el derecho a buscar y pedir información y a la obligación de los funcionarios de brindarla.
Datos curiosos: En la semana posterior al desastre de Ida, el diputado de Arena Roberto d’Aubuisson hizo circular una bitácora no oficial de Protección Civil. En esa bitácora se planteaba que la Dirección pudo haber hecho más de lo que hizo las horas previas al desastre natural que, entre otras cosas, provocó que la mitad de Verapaz, en San Vicente, quedara soterrada. El 15 de diciembre, al preguntarle sobre esa bitácora y sobre la información en deuda, Meléndez dijo lo siguiente:
-No podemos decir si es cierto o no porque no la hemos entregado nosotros. Tampoco podemos decir no es cierto porque en el fondo lo que vemos es que hay un uso político del tema. Si la Asamblea nos dice entrégueme un informe, ¿por qué no lo vamos a hacer? La bitácora no está elaborada para hacer un informe. La bitácora está elaborada para que todas las comunicaciones que lleguen vía teléfono al centro de operaciones se anoten. Eso no está previsto para ser un informe, muchos menos un informe público.
-¿Pero sí es información pública?
-No, sí. Eso no es problema. Pero si usted me dice "deme un informe completo", tengo que dárselo completo. Porque usted puede encontrar una llamada de un gobernador y no encontrar una respuesta. Pero eso no significa que no haya respuesta. Y fundamentalmente las respuestas más que vía radio se dieron vía teléfono.
-¿Y por qué no nos la entrega, pues?
-Porque se ha presentado esta situación.
-¿Y entonces cuándo?
-Una vez me entreguen el informe actuaré de acuerdo con lo que jurídicamente procede.
-¿Eso en plazo cuándo es?
-No sé por qué se han tardado tanto. Ya voy a preguntar.
Seguimos esperando que pregunte o que le respondan y que responda a El Faro.
Extrañas preguntas, extrañas respuestas
San Salvador, 15 de noviembre de 2006
Sr. Agustín García Calderón
Presidente de la Corte Suprema de Justicia
“Por medio de la presente hago formal la solicitud de obtener de su despacho el estado de los informes de Probidad de los ex funcionarios del gobierno del ex presidente Francisco Flores (1999-2004) en los cuales se encontraron irregularidades…”, escribió El Faro.
22 de noviembre de 2006. García Calderón respondió:
“De acuerdo al artículo 240 de nuestra carta magna, toda información que la Corte Suprema de Justicia tenga en sus archivos referente a la aplicación de la Ley de enriquecimiento ilícito, se mantendrá en reserva…”, dijo, en una carta.
Tres años después, El Faro solicitó información pero de diferente manera -para no ir en contra de la “reserva” que exige la Constitución-. En la nueva misiva, enviada el 7 de diciembre de 2009 a Berlamino Jaime, actual presidente de la Corte, se pidió solamente el número de casos en los cuales se ha detectado irregularidades. Jaime, entonces, respondió con una nueva negativa:
“La Corte Suprema de Justicia no puede proporcionar la información requerida por ese medio de comunicación, tomando en cuenta que tanto al declaración como lo que sea su consecuencia, mientras no se legisle lo contrario, son por ahora de carácter reservado”, dijo. Ni siquiera se puede saber cuántas irregularidades han encontrado.
¿Toda la información sobre esos informes de probidad está reservada? Aunque no quede del todo claro, parece que sí.
Respuestas de respuestas
El 21 de abril de 2009, la entonces síndica de la comuna capitalina –hoy diputada del FMLN- Norma Guevara cerró cualquier posibilidad de brindar información del gasto que Violeta Menjívar hizo en publicidad durante su gestión. A Menjívar, desde la segunda mitad de 2008, El Faro le venía preguntando cuánto estaba gastando en una publicidad que cada vez más iba enfocada a hablar de ella y no de servicios para la ciudadanía. Esa tendencia coincidía con que la alcaldesa iba a buscar la reelección en enero de 2009. Pasadas las elecciones, El Faro pensó que, ya apaciguada la efervescencia electoral, tal vez era más factible que dieran la información solicitada. El periódico le recordó a la municipalidad que el Código Municipal ya establece una obligación de revelar información y, en el caso de San Salvador, hay una ordenanza específica al respecto.
La solicitud, vía carta, se le envió el 25 de marzo a la síndica Guevara. Y ella dio, un mes después, la siguiente respuesta:
“(…) Es oportuno advertir que en su solicitud no se ha evidenciado, en modo alguno, si su persona o el medio de comunicación para el cual usted labora están domiciliados en San Salvador…”, escribió, sin reparar en que la petición iba en papel membretado con la dirección y teléfonos de contacto del periodista y del periódico. Ella se refería al domicilio del periódico o del periodista debido a que la normativa dice que tienen derecho de esa petición de información los vecinos del municipio.
“Finalmente, en cuanto a los funcionarios facultados para proporcionar información, el literal “a” del artículo 125-B del mismo cuerpo legal estipula que el derecho a la información por parte de los ciudadanos debe ser ejercido frente a Concejos Municipales y o ante la síndica del Concejo, por lo que en atención al principio de legalidad de los funcionarios públicos consagrado en el inciso 3º del artículo 86 de la Constitución de la República me veo impedida de acceder a su solicitud”, añadió. Antes de esta carta, ya habíamos enviado tres al Concejo Municipal. Guevara era otra vía, nada más.
Dato para el debate: parece que la falta de transparencia no obedece a las ideologías político-partidarias de los funcionarios, pues prácticamente de manera simultánea la Presidencia de la República en manos del partido Arena y la alcaldía capitalina en manos del FMLN se rehusaban a rendir cuentas.
6 de noviembre de 2009. El Faro pidió al viceministro de Economía, Roger Hernández, la lista de empresas que han recibido el incentivo a las exportaciones, mejor conocido como “drawback”, así como la cantidad exacta en dólares que le ha sido devuelta a cada una de esas empresas.
Hernández tiene la información. Economía tiene esa información. Y, sin embargo, la respuesta llegó el 23 de diciembre, vía fax, diciendo que no la pueden soltar: “Dicha información solo puede proporcionarla el Ministerio de Hacienda”, escribió Carlo Giovanni Berti, asesor del despacho ministerial. 16 días antes de esa negativa, el 7 de diciembre, El Faro había pedido exactamente lo mismo a Hacienda, que hasta la fecha no ha respondido.
Berti, en su fax del 23 de diciembre, recomendó visitar el portal www.mh.gob.sv/portal, en donde se supone –dijo- que a partir de marzo de 2010 Hacienda pondrá "a disposición de toda la sociedad salvadoreña la información relevante sobre las finanzas públicas del país”. En el gobierno de Antonio Saca, hubo una ocasión en que Julio Rank también dijo a El Faro que la información sobre el gasto en publicidad se podía encontrar en la página del Ministerio de Hacienda en internet, algo que no era cierto.
Los mudos
Indicación para descubrir lo que une a los siguientes funcionarios o ex funcionarios y sus oficinas: dé un click sobre los nombres de cada uno y conozca qué fue lo que les pidió El Faro y que se negaron a responder.
Delegación de la Policía Nacional Civil de San José Las Flores; David Rivas, secretario de Comunicaciones de la Presidencia; José Luis Funes, director de Prensa de Casa Presidencial. Alcaldía de Yoloaiquín, delegación PNC de San Francisco Gotera, Alcaldía de Sensembra; Franzi Hasbún, secretario de Asunto Estratégicos; German Rosa Chávez, ministro de Medio Ambiente. Alcaldía de San Juan Tepezontes, Mauricio Funes -en un tercer pedido para que detalle organigrama y salarios de los empelados de la Secretaría de Comunicaciones, de su asesor Luis Verdi y del equipo debajo de Verdi-; Jorge Meléndez, director de Protección Civil -en un segundo pedido en donde solicitamos la lista de municipalidades que cuentan con Comisiones de Protección Civil y con planes de prevención de riesgos-. Roberto Sánchez Ochoa, director de Maternidad. Carlos Cáceres, ministro de Hacienda; Julio Rank, ex secretario de Comunicaciones.
Nota de la Redacción: esta lista es solo una muestra de todas las solicitudes de información a las que se dio trámite.
Las excepciones
Marcos Rodríguez, el subsecretario de Transparencia, es como una sardina en una piscina llena de focas. Su nombramiento, sin embargo, da cuentas de que este gobierno alguna apuesta tiene con el tema de transparencia. Pero hasta el momento se desconoce cuál es esa apuesta, porque aun y cuando el subsecretario ha dicho públicamente que presta sus mejores oficios para, por ejemplo, brindar el monto del gasto en publicidad, pareciera que alguien con más poder que él toma una decisión contraria.
Rodríguez asumió en septiembre y ha tenido tiempo suficiente para medir qué tan transparente es este gobierno. En una entrevista con El Faro en diciembre de 2009, dijo que sigue en el gobierno porque confía en que hay voluntad de transparentar. Rodríguez, quien antes de convertirse en funcionario dirigió el capítulo salvadoreño del organismo Transparencia Internacional, confía en el presidente.
El subsecretario también ha descubierto una cosa: el aparataje estatal salvadoreño no está listo para abrirse al público con un sistema de entrega de información. No hay estructura ni cultura. Y tiene razón. Hay oficinas del estado que ni siquiera tienen donde meter el papel que producen. La Dirección de Espectáculos Públicos es una muestra.
Su directora es una de las excepciones en esta medición de Transparencia. Breny Masiel Herrera recibió la petición de información la mañana del 6 de noviembre de 2009, y en la tarde ya estaba llamando por teléfono para declarar: “Con mucho gusto, nosotros estamos para hacer un trabajo que pueda ser auditado por la ciudadanía”. Pero remando contra la corriente, y sin sistema definido de entrega de información, Herrera ordenó que se habilitara un salón de reuniones en donde se colocaron, encima de una mesa, los secretos de la institución: los dictámenes técnicos del Departamento de Cine. Años 2002 al 2009. Un rimero de documentos llenos de polvo y en algunos, vestigios de las entrañas de pequeñas cucarachas. En esos documentos, sin embargo, El Faro encontró valiosa información: subjetividades y muy pocos criterios técnicos a la hora de evaluar el cine que consumen los salvadoreños. En esos documentos, este periódico descubrió que los evaluadores de Espectáculos Públicos tienen la cabeza llena de tabúes. Y entregarlos no significó ningún problema.
Sin estructura y sin criterios definidos, otro que entregó la información solicitada por El Faro fue el canciller Hugo Martínez. En marzo de 2009 puso a un equipo a investigar en los expedientes de Cancillería los nombres de funcionarios consulares que tenían relación con la ex pareja presidencial de Antonio Saca y Ana Ligia Mixco, y los reveló en un cuadro detallando fecha de inicio de labores y salarios. ¿Será acaso cuestión de voluntad y no de recursos y estructura?
Veamos este ejemplo: El 7 de diciembre, El Faro envió al director del hospital de Maternidad, Roberto Sánchez Ochoa, dos peticiones de información diferentes. En la primera, solicitaba las estadísticas de atenciones brindadas por el hospital en el año 2009. En la segunda, pedía copia del protocolo de seguridad interna del hospital y del registro plantar de la menor recién nacida Renee Saudí Lozano Martínez. Pista importante: Renee recién había sido devuelta a sus padres, luego de ser secuestrada, sin que nadie se diera cuenta, del propio hospital.
Al día siguiente, Ochoa remitió con su jefe de prensa el estadístico. La otra información la seguimos esperando.
Segundo ejemplo: el 2 de septiembre, El Faro pidió a la directora del área ciudadana del Ministerio del Ambiente, Anaela Gómez, y a la viceministra, Lina Pohl, copia del estudio de impacto ambiental del proyecto hidroeléctrico El Cimarrón. En los días posteriores, el MARN informó que en su sitio web ya estaba habilitado un espacio para conocer todos los estudios de impacto ambiental. Y continúa estándolo.
Sin embargo, el ministro, Germán Rosa Chávez, a quien el 7 de diciembre se le pidió extendiera copia de los datos registrados los días 7 y 8 de noviembre de 2009 (tormenta Ida) en la bitácora del centro de monitoreo del Servicio Nacional de Estudios Territoriales, todavía no ha respondido nada.
Tercer ejemplo: a diferencia de delegaciones policiales como las de San José Las Flores y San Francisco Gotera, a las que se pidió información estadística sobre hechos delictivos y sobre homicidios, el Juzgado de Paz de Yoloaiquín revisó en sus libros y respondió.
Primer dato para el debate: en la mayoría de los casos, la información que afecta los intereses o la imagen de los funcionarios y/o sus instituciones es reservada porque así lo deciden quienes la manejan.
Dato para el debate: de cuatro funcionarias mujeres consultadas, aquellas a favor de la transparencia quedaron empatadas con aquellas que actúan como Antonio Saca. Breny Masiel Herrera y Marta Alicia Ochoa (jueza de paz de Yoloaiquín) contra Violeta Menjívar y Norma Guevara.
Tercer y último dato para el debate: en septiembre de 2009, Transparencia Internacional hizo público un informe sobre percepción de corrupción, que situó a El Salvador con 3.9 puntos, en una escala de 0 a 10, donde el 0 representa máximos niveles de percepción de corrupción, mientras que un 10 supone que no se percibe corrupción. En el informe de 2007 del organismo, la nota fue de 4.0 puntos. Al menos los inversionistas consideran que las prácticas de corrupción en El Salvador han empeorado.
Pregunta para el debate: ¿es acaso la administración pública transparente en El Salvador? Si es transparente, ¿por qué la Asamblea ya se sumó al debate para una Ley de transparencia y acceso a la información? Si es transparente, ¿por qué en los informes sobre percepción de corrupción en El Salvador siempre aparecemos tan mal parados? Y si no fuera transparente, ¿por qué nadie denuncia nada? O más bien, ¿por qué la Corte de Cuentas raras veces termina sus procesos en condenas?
Regresando al tema generador de esta nota: de cómo se oculta información a lo Antonio Saca. Este ex presidente tuvo un sobregasto de 219 millones de dólares y el presidente de la Corte de Cuentas lo defendió a finales de 2009. "Voy a ser bien categórico en mi respuesta: para nosotros, como Corte, esto ya está fiscalizado. Si entramos a hacer una nueva fiscalización o investigación, como se le quiera llamar, estaríamos cayendo en que una persona, en un símil de relación con lo judicial, no puede ser juzgada dos veces por la misma causa", dijo Hernán Contreras, quien remató diciendo que Saca manejó los fondos durante su quinquenio de manera “transparente”.
A Contreras, quien aboga en primera línea por la transparencia y el buen manejo de los fondos públicos del Estado, El Faro lo buscó el viernes 26 de febrero de 2010, para pedirle una respuesta a la siguiente pregunta: ¿En El Salvador hay funcionarios corruptos? De la oficina de prensa informaron que el presidente de la Corte está incapacitado y que, por lo tanto, hay que esperar unos días su respuesta.
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