El gobierno debe evitar la conflictividad en el caso El Chaparral

Editorial. Lunes 31 de Agosto. Tomado de Diario Co Latino.

Tal como lo expresamos en nuestro editorial del viernes recién pasado, el tema de El Chaparral merecía un editorial propio, en el marco de las más reciente protestas contra el actual gobierno de izquierda, en primer lugar, porque consideramos la justeza de la lucha de los afectados que se oponen a la construcción de la presa, y segundo, porque también reconocemos la escasa capacidad de maniobra que el Presidente Mauricio Funes tiene para dar marcha atrás al proyecto.

No obstante lo segundo, y pensando los anhelos de los primeros, nos parece que el gobierno del Presidente Funes debe negociar, a profundidad, con los afectados, para evitar “una conflictividad social”. Este planteamiento lo entrecomillamos porque es uno de los puntos que resalta el segundo informe de la Superintendencia de General de Electricidad y Comunicaciones (Siget) y otros puntos del documento, que exponemos a continuación:

1. No se requiere de más energía para el país. La SIGET asegura que la capacidad instalada de producción de energía eléctrica de El Salvador era de un mil 422 megas y sólo se utilizó 925 megas. Hay superávit. Se supone que con el Chaparral habría sólo 600 megas.

2.  La rentabilidad del Chaparral queda entredicho. En el documento se destaca su negatividad, ya que no se generarían los ingresos suficientes para superar los costos de operación-mantenimiento, deuda, seguros y “otros normales”.

3.  Se destaca que el periodo de recuperación de capital será de 20 años, el cual, es “exageradamente grande” si se compara con recuperaciones de capital usuales en proyectos de CEL. El informe destaca que estos han tenido un margen de entre siete a doce años.

4.  En septiembre de 2008, la CEL emitió el acuerdo de adjudicación “llave en mano” a ASTALDI SPA por un monto de casi 220 millones de dólares, para la construcción. ASTALDI fue contratada pero según la SIGET no existe un informe de la evaluación y adjudicación realizada por CEL.

5. El informe de la SIGET “Chaparral-Plan B” indica que “dado el monto incrementado de la inversión, el haber contratado una modalidad llave en mano es considerado, en el mundo hidroeléctrico, como un suicidio económico”. Esto se debe corregir con un contrato normal debidamente supervisado.

6. La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDDH) también le pidió al gobierno revisar el proyecto de El Chaparral, por las irregularidades que indican los informes de la SIGET.

7. Un total de once mil familias serán afectadas por construcción de El Chaparral, y según la misma CEL, el 12% de los propietarios se niegan a venderle al gobierno sus propiedades.

Y, si a lo anterior le agregamos los daños ambientales, seguramente una negociar con la constructora para la suspensión puede ser posible, al menos que se hagan otros reacomodos a la presa, luego de un profundo análisis y negociación seria con los afectados.