Contratos de gobierno

Escrito por Edgardo Antonio Molina. Martes 22 de Septiembre. Tomado de El Diario de Hoy.

Durante la década 70-80, la empresa de la cual formo parte participó en licitaciones de obras del gobierno promovidas por sus ministerios y autónomas: Obras Públicas, Educación, Agricultura, Justicia, Hacienda, Comercio Exterior, CEL, ANDA, IRA, etc.
Muchas otras empresas también participaron en estas licitaciones y prácticamente nunca hubo problemas de ninguna índole entre Gobierno y contratista. Se concluyeron sensiblemente dentro del tiempo programado, el costo se mantuvo apegado a los presupuestos originales, con muy pocos reclamos entre las partes y, con pocas excepciones, ambos quedaron satisfechos.

Tuvieron todas algo en común: los planos los desarrollaba el Gobierno, principalmente preparados por el Ministerio de Obras Públicas o por los propios interesados, creando sus propias oficinas de planificación, como la Dirección de Arquitectura Educativa, DAE, del Ministerio de Educación. Tenían buenos presupuestadores, con experiencia en construcción, quienes preparaban el presupuesto oficial, así como personal que se encargaba de supervisar el avance y calidad de la obra, que llamábamos supervisión interna, para diferenciar de los supervisores externos contratados para este fin.

Durante la apertura de ofertas siempre se daban a conocer los precios de los ofertantes. Adicionalmente, muchas veces se hacía una determinación previa del más probable ganador. Se calculaba el promedio de las ofertas, eliminando las que estaban más de 10% arriba, por considerarse muy caras, se eliminaban las que estaban más de 10% abajo, por considerarse de riesgoso cumplimiento. A las restantes se sumaba el presupuesto oficial, se calculaba un nuevo promedio, considerándose posible ganador el que estaba inmediatamente abajo de este nuevo promedio, pues siempre se sometía a posterior análisis de operaciones, omisiones o errores.

Las ofertas se basaban en precios unitarios y los pagos se realizaban por obra efectivamente ejecutada. Se reajustaban los precios, en cualquier tiempo, aun en obras con menos de un año de duración, por variaciones en el costo de materiales, mano de obra y cualquier otra circunstancia imprevista. Los retrasos por causas no imputables al contratista daban derecho a prórroga y debida compensación.

Nunca se utilizó el sistema de llave en mano, pues se consideraba que este sistema era de alto riesgo para ambas partes. Cuando se declaraba desierta una licitación, no se contrataba directamente, pues podría existir sesgo de preferencia. Se invitaba nuevamente a presentar ofertas.

Actualmente en las licitaciones se presenta una oferta técnica y una económica; las más de las veces sólo se abre la técnica, no así la económica, de manera que los participantes desconocen cuáles han sido las ofertas de los competidores, quedando el fantasma de si se ha favorecido a uno de los participantes, argumentando que es la mejor oferta.

En aquella época cada institución preparaba sus propias especificaciones y regulaciones, las cuales en general se adaptaban a la "Ley de Suministros para el Ramo de Obras Públicas y sus Reformas", contenida en un folletito de 20 páginas, de 10 por 17 cms. y apenas 34 artículos, publicado en el año 1953.

Compárese con la actual Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, con 173 Artículos en 50 páginas y con una gran cantidad de contratos totalmente emproblemados, abandonados e inconclusos.

Evidentemente esta ley necesita ser revisada y modificada, tal como demandan muchos sectores, a fin de que haya verdadera transparencia y las obras contratadas se desarrollen con resultados satisfactorios para todos. Confiemos que el nuevo gobierno lo logre.