El país descendió 0.2 en el Índice de Percepción de Corrupción, de Transparencia Internacional (TI), en el último quinquenio, una muestra de que hay un estancamiento en la lucha contra la corrupción en el país.
Escrito por Rodrigo Baires Quezada. 24 de Septiembre. Tomado de El Faro.
Ni para arriba ni para abajo. El Salvador se mantuvo con 3.9 en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) incluido en El Informe Global de la Corrupción 2009: “La corrupción y el sector privado” de Transparencia International (TI), presentado hoy a nivel mundial, con respecto al año pasado. "En una escala de diez a uno, donde entre más te acerqués al diez es mejor la percepción de combate a la corrupción que existe entre la ciudadanía, El Salvador tiene 3.9, cerca del 4.0 que tuvo en años anteriores", dijo Jaime López, del departamento de Transparencia de Funde, capitulo nacional del TI. A nivel centroamericano, sólo Costa Rica, la décima de la lista continental, supera la media de 5.0 puntos del índice; El Salvador es segundo.
El informe de este año hace hincapié en cómo la corrupción en sobornos, influencia indebida sobre las políticas públicas y los carteles de fijación de precios tiene un costo de miles de millones de dólares y obstaculiza el crecimiento económico sostenible. El IPC de TI mide los niveles de percepción de corrupción en el sector público en un país determinado toma como base diversas encuestas a expertos y empresas. En 2009, el organismo clasificó a los países en una escala de cero, donde existe una percepción de alta corrupción, a diez, con una percepción de ausencia de corrupción.
En el caso salvadoreño, la percepción que tiene la ciudadanía de que las instituciones estén trabajando contra la corrupción ha descendido en 0.2 puntos en el último quinquenio. Para 2005, según datos de Transparencia Internacional, El Salvador tenía un IPC de 4.2. Cinco años después, el índice se mantiene en 3.9, según el análisis realizado por el organismo internacional. El país se encuentra en el décimo segundo lugar en el índice entre las 31 naciones del continente americano incluidos en el estudio, donde Canadá, Estados Unidos y Santa Lucía son los mejores evaluados.
Según explicó Raúl Torres, del departamento de Transparencia de Funde, si bien la variación del IPC ha tenido una tendencia estable, esto sólo demuestra que el país ha hecho poco o nada para mejorar la percepción de corrupción que tiene la población de sus instituciones. “Se han hecho cambios cuando se aprueban leyes, se toman medidas puntuales o se crean instituciones; pero al mismo tiempo se cierran otras, existen dependencias que contradicen las medidas tomadas por otras o se tienen normativas legales sin dientes. Estas son situaciones que no abonan al combate de corrupción”, dijo el especialista.
Torres hace referencia directa a la creación de la Defensoría del Consumidor o la Superintendencia de Competencia (SC) después de que se le quitó posibilidades de investigar las cuentas bancarias de funcionarios a la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ); los fallos del Órgano Judicial frenando las resoluciones de la SC; y la falta de una legislación severa, que incluya sanciones más duras y garantías para los denunciantes, en el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG).
Aún sin estudios nacionales, López destacó los hallazgos internacionales del informe que muestran cómo la corrupción en el sector privado en su relación con el sector público va más allá del pago de sobornos y alcanza el nepotismo, la alteración de la cadena de valor, la filtración de información y conflictos de interés en el ámbito del lobby corporativo.
Sólo en los países en vías de desarrollo y en transición, las compañías que actúan en colusión con políticos y funcionarios corruptos habrían pagado sobornos alrededor de los 40 mil millones por año; y la mitad de los ejecutivos de empresas internacionales encuestados estimaron que la corrupción elevaba al menos un 10% el costo de sus proyectos, un monto que es trasladado a los consumidores, relata el informe global.
“Impulsar una cultura de integridad corporativa es fundamental para proteger las inversiones, incrementar el éxito comercial y asegurar la estabilidad que buscan países ricos y pobres por igual, especialmente mientras salimos de una crisis histórica”, manifestó la Presidenta de TI, Huguette Labelle, en un comunicado de prensa.
En el caso salvadoreño, aún con algunos estudios y casos hechos públicos por la Defensoría del Consumidor (DC) y la Superintendencia de Competencia (SC), los especialistas de Funde destacaron la falta de investigaciones para conocer cómo realmente afecta la corrupción del sector privado en el desarrollo económico del país. “Solo estas dos instituciones y el Ministerio de Agricultura y Ganadería, en el caso del precio del fríjol, han dado muestras de casos de corrupción de diferente nivel en el sector privado”, lamentó Torres.
“Falta información para determinar qué otros casos se están dando en el país… Pero existe una relación inversamente directa entre el desarrollo de un país y su índice de corrupción que el Estado debería tomar en cuenta”, dijo Torres. En ese sentido, López destacó que un aumento de 1.0 en el IPC se trasladaría en un 8% de crecimiento en el ingreso per capita anual de los salvadoreños, pasando de 3 mil 547 dólares a 3 mil 831 dólares, según datos del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
A pesar de esa falta de información sistemática del caso salvadoreño, las resoluciones hechas públicas por la DC y la SC sacaron a luz algunos riesgos de corrupción vinculados a prácticas sistemáticas en las que incurre el sector privado como el cabildeo sin transparencia ante políticos y funcionarios públicos; y la toma de acuerdos indebidos entre empresas para obtener ventajas en las adquisiciones de bienes y servicios. “Además habrían restricciones arbitrarias impuestas por empresas a sus clientes para mantener bajo control cuotas del mercado, contrariando normas legales y de calidad vigentes en el país; y relaciones desleales entre competidores u otros participantes en las cadenas de mercado”, dijo López
Una de las primeras medidas que podría tomar el país, según los especialistas de Funde, es la creación de marcos legales más enérgicos destinados a combatir la corrupción a nivel empresarial, una medida que aseguraría que los compromisos de civismo corporativo adoptados por las empresas sean vinculantes y puedan ser verificadas. Entre estas nuevas leyes estaría la Ley de Acceso a la Información y Transparencia Pública, actualmente en discusión en la Asamblea Legislativa, y una especial para partidos políticos, misma que se encuentra entrampada en el congreso desde 2003.
Y cual es el valor noticioso de esto? Esperan algo diferente? Este pais esta cortado con la mediocridad mas baja de las elites economicas latinoamericanas. No se puede esperar mas. Pasaran muchos años para ver cambios si la izquierda se mantiene en el poder politico durante digamos unos 10 años consecutivos. Aun asi los cmabios seran marginales pues requiere de varias generaciones eso de borrar esa manera de organizar la sociedad.
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