El ministro de Gobernación, Humberto Centeno,presentará esta semana a la fiscalía acusaciones de espionaje, malversación de fondos y falsedad material contra ex funcionarios de administraciones anteriores. La cita con el fiscal está prevista para está semana.
Escrito por Sergio Arauz. 28 de Septiembre. Tomado de El Faro.
El ministro de Gobernación esperó al nombramiento de un fiscal para presentar algunas de las denuncias formales que viene haciendo públicas desde que llegó a esa cartera de Estado. “Le hemos pedido una cita al Fiscal para entregarle cinco o seis demandas para que Fiscalía investigue”, dice Humberto Centeno, que espera llegar esta semana a la Fiscalía para darle un pliego de casos de irregularidades que a su juicio son causales de delito y deben ser investigados por la Fiscalía General de la República. Documentados, dice, tiene seis casos que involucran a más de 8 funcionarios de administraciones anteriores.
Las primeras denuncias públicas las hizo por espionaje, pocos días después de asumir su cargo, pero se excusó de presentar pruebas ante la sautoridades competentes alegando que estaba a la espera del nombramiento de un nuevo fiscal. “Nadie confía en Astor Escalante”, justiticó Centeno el 23 de agosto pasado en una entrevista televisiva con Canal 21.
Diez días después de haber asumido como fiscal, Romeo Barahona dio una cita al ministro para este martes 29 de septiembre. En la cita, Centeno presentará los documentos.
La otras denuncias de Centeno
-Gobernación tiene una declaración jurada de un empresario que firmó ante notario que en la administración anterior le exigieron 35 mil dólares para ganar una licitación: “Es por Cohecho o negociaciones ilícitas, donde a él le exigieron 35 mil dólares o tres vehículos 4X4.”
-Otra denuncia es contra una empresa de Servicios de Seguridad: “Dentro de las licitaciones está también el tema de Seguridad, a Serconse, del finado Chele (Adolfo) Tórrez, le adjudicaron una licitación de 366 mil 768 dólares y no tenía la solvencia de Crecer, la AFP, sin solvencia. Esto es ilegal.”
-Otra licitación: “Miguel Bolaños y César Mauricio Peréz eran responsables de licitaciones fraudulentas. Por ejemplo Servicios de Seguros, de 131 mil 437 dólares se adjudicaron con una solvencia de otra empresa. Adjudicaron la licitación con la solvencia de otra empresa, engañaron, entrecomillas.”
-La última, que ya había sido denunciada por el ministro de gobernación, es por espionaje, contra el ex ministro Juan Miguel Bolaños y Marco Tulio Fuentes: “Ellos son los responsables del ingreso a este despacho, aquí no entra cualquier persona, no cualquiera tiene el tiempo para instalar microfonos.”.
El ministro reveló a este periódico que el caso más reciente que tiene documentado es por “malversación de fondos” , caso en el involucra al ministerio de Gobernación y al Instituto Salvadoreño de Transformación Agropecuaria (ISTA): “Es una demanda sobre corrupción en el ISTA por 2 millones, 636 mil 987 dólares. Es un convenio entre el ministerio de Gobernación y el ISTA, anualmente tienen un promedio de 400 mil dólares. Supuestamente para capacitar a ex veteranos de guerra, de ASVEM, de René Emilio Ponce.”, dice en su despacho Centeno.
El programa se llamaba “Seguridad Ciudadana en el sector Agropecuario parte II” y, según los objetivos del proyecto, consistía en “la capacitación y financiamiento de programas locales de desarrollo rural, específicamente en el tema de transferencia de tierra, mecanismos para asegurar el acceso a crédito y potenciación del desarrollo agrícola de áreas determinadas”.
El ministro lo resume así: “Es un convenio en el que Hacienda depositaba a Gobernación y Gobernación lo transfería al ISTA, y ahí en el ISTA manoseaban ese fondo. Liquidaban ese fondo, por eso va ahí al maquilador. Decían que eran 200 dólares para cada ex patrullero, pero no traían firma, no traían recibos... y aparecían unos recibos de hasta mil 900, a saber por qué.”
Un informe, titulado “Resultados de examen efectuado a los fondos transferidos al ISTA”, elaborado por auditores del Miniterio de Gobernación, afirma que “...los informes que han sido rendidos por parte del ISTA durante los años 2002, 2007, 2008 y 2009, en los cuales no consta que la población de la zona rural sujeta a este programa haya sido capacitada, pues en ningún informe se ha detallado cuáles son las capacitaciones que se han realizado”.
El principal responsable, dice Centeno, es el ex diputado suplente de Arena y coronel, Jorge Alberto Murcia, funcionario encargado de ejecutar el dinero que ya fue despedido por el ministro de gobernación. “Hay varios implicados, pero vamos a empezar desde el 2006 hasta la fecha. Los implicados son René Mario Figueroa, Rodrigo Ávila Áviles, Coronel Jorge Murcia, Miguel Tomás López, José Armando Zepeda Valle y el que maquilaba los informes se llama Julio Alberto Ramírez Zepeda.”, dice Centeno, con los documentos en la mano y la grabadora encendida. “Supuestamente era para capacitar veteranos de guerra. Pero hemos encontrado recibos hasta por mil 900 dólares para el pago de x persona”.
-¿ A ver si entiendo: dice que el coronel repartía dinero sin justificación?
Sí.
¿400 mil dólares anuales?
Sí, durante lo que duró el convenio, en todos esos años fueron 2 millones... 2 millones, 636 mil 987 dólares.
El cuadro del informe presentado por el departamento jurídico de gobernación enumera pagos mensuales de 33 mil dólares, que el ministro dice que era para repartir efectivo a ex patrulleros agremiados a la Asociación de Veteranos Militares de El Salvador, ASVEM. Dicha asociación congregó el 8 de septiembre pasado, en pleno albor electoral, a casi 8 mil militares de alta, reservistas, lisiados, familiares, huérfanos y viudas de ex miembros de la Fuerza Armada.
En dicha actividad, el entonces candidato presidencial de Arena, Rodrigo Ávila, llamó a defender las libertades y encendió la campaña en contra del FMLN por pretender derogar la ley de amnistía y abolir al cuerpo castrense.
Meses después, el ministro dice que parte de la información revelada viene del informe que prepara la Corte de Cuentas, a quien le pidió realizar una auditoría el 7 de julio pasado. “Nosotros cuando llegamos en junio, paramos los desembolsos. 33 mil 600 dólares mensuales, los tenemos como ahorro del Estado. En el artículo 32 de código penal es el delito de malversación. le solicitamos a la Corte de Cuentas la auditoria, paramos la entrega de fondos. Tiene hallazgos iniciales, aquí hay una parte. El dinero era para darle 200 dólares a cada ex patrullero. Ellos falsificaban”, dice ahora.
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