Ojalá que este día, al reanudarse las negociaciones, se pueda llegar a algo. Ya no será a tiempo, porque el tiempo constitucional pasó hace mucho; pero al menos se haría un gesto de responsabilidad ya impostergable.
Escrito por Editorial.Viernes 18 de Septiembre. Tomado de La Prensa Grafica.
Han pasado ya cinco meses desde que debió haber sido elegido el nuevo Fiscal General de la República, y aún no se alcanza el acuerdo político que permitirá configurar la mayoría calificada al respecto en la Asamblea Legislativa. El tema viene rodando desde la legislatura pasada, y una vez consumado el traspaso de poder en el Ejecutivo, se reemprendió el esfuerzo, que tarda en cuajar. A estas alturas, es evidente que los recelos y ansiedades que envolvían dicha elección, sobre todo entre los grupos políticos más directamente interesados, se han vuelto una especie de disfraz de la resistencia a asumir una definición que implique pasar inevitablemente a otra etapa en esta importantísima institución del Ministerio Público.
El sistema de depuración de listas ya se ve que se convirtió en un artificio para volver recurrentemente a lo mismo. Y es que los dos partidos más fuertes, los que tienen la llave de la decisión, no se han animado hasta la fecha a desprenderse de sus cartas preestablecidas, y se nota que no es por las personas que representan dichas cartas –dos profesionales bien caracterizados y competentes–, sino por esa especie de temor a llegar a un acuerdo final, que en el fondo es temor a perder la posibilidad de control sobre la función que la Fiscalía General representa.
Ojalá que este día, al reanudarse las negociaciones, se pueda llegar a algo. Ya no será a tiempo, porque el tiempo constitucional pasó hace mucho; pero al menos se haría un gesto de responsabilidad ya impostergable. No hay ninguna justificación valedera para todo este atraso. Los partidos políticos han quedado expuestos.
Lo que no hay que repetir
Este año, y de seguro en buena medida por efecto de la alternancia en el ejercicio del poder presidencial, unida al relevo en la Asamblea Legislativa, muchos plazos constitucionales se vieron violentados. Pasó con la elección de la tercera parte de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y sigue pasando en los casos de la Fiscalía General y de la Procuraduría General de la República.
En lo referente a la Corte, el apremio de elección era mayor, porque se trataba de elegir prácticamente toda la Sala de lo Constitucional, que es en esencia el primer poder del Estado, porque tiene en exclusividad la llave de la constitucionalidad; y fue facilitador el hecho de tratarse de una composición múltiple, porque al ser uno solo el elegido la individualidad se vuelve políticamente más inquietante.
Ya en 1994 hubo retraso en la elección de la Corte Suprema de Justicia, que era en su totalidad; y desde entonces existe el antecedente impropio e inaceptable de los retrasos. Es importante insistir en este punto, porque la institucionalidad debe ser la principal guardiana del orden institucional y legal; y para ello lo primordial es dar el buen ejemplo, sin excusas ni pretextos de ninguna índole. Aunque hay que decir que, en las circunstancias presentes, las cosas se han dejado de hacer sin ni siquiera alegar excusas o utilizar pretextos. Es una especie de reflejo de las viejas actitudes autoritarias, ya caducas: hacer o dejar de hacer las cosas porque sí, al aire de lo que a cada quien le convenga.
Es una de tantas pruebas de lo inefectivos e irresponsables que nuestros politicos son. No les interesa el bien de la nacion sino sus propios huesos. Primero sus huesos y despues el colectivo. Primero garantizar el dinero facil y despues el nivel infrahumano de los demas.
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