Escrito por Gabriel Trillos.18 de Julio. Tomado de La Prensa Gráfica.
Las dos terceras partes del pleno de la Corte Suprema de Justicia y su presidente fueron renovados hace un año. Luego de turbulentas negociaciones políticas, de cabildeos, de idas y vueltas a Casa Presidencial, se votó por cinco nuevos magistrados, de los cuales cuatro fueron designados a la todopoderosa y determinante Sala de lo Constitucional, y se juramentó entre ellos al Dr. Belarmino Jaime al frente administrativo de la institución y presidente de esa sala.
Mucho se habló de la capacidad de cada uno de los recién llegados y del significado mismo de estos nombramientos, de lo que podía llegar a suceder al interior de la Corte Suprema y una serie de declaraciones que iban en detrimento del perfil y la capacidad de los 10 magistrados que se encontraban en plenas facultades en la institución con años previos de mandato.
Vale explicar que cada grupo de cinco magistrados es electo por un período de nueve años, y cada tres años se van cumpliendo esos períodos, designados en los Acuerdos de Paz.
Ayer, se cumplió oficialmente el primer año de este nuevo ciclo de Corte Suprema de tres años. Realmente se ha sabido muy poco de lo actuado en este período. Hasta el momento, no se ha expuesto frente a la sociedad cuáles son los cambios impulsados y no ha habido transparencia en las decisiones administrativas. Ha habido enfrentamientos públicos entre los magistrados, pero es muy difícil determinar el fondo de las diferencias porque el presidente de la entidad ni siquiera atiende a los medios de comunicación.
La relación con los medios de comunicación y las actuaciones públicas es una de las grandes deudas de este ciclo y de este presidente. Desde este espacio hicimos, durante años, duras críticas al anterior presidente de la Corte Suprema, Agustín García Calderón, por su poca rendición de cuentas, y hemos señalado sin miramientos a las entidades, como la Corte de Cuentas, que se cierran y prefieren la censura y la clandestinidad de sus actuaciones que abrirse frente a la ciudadanía para generar un sano debate.
Ha pasado un año y el presidente no ha dado una sola conferencia de prensa y apenas ha atendido a un par de medios en donde casi le hacen el favor con las preguntas. En el puesto como presidente de la instancia más alta del Órgano Judicial, no es explicable esquivar a la prensa, cuando todo un país desea saber de su gestión. Es una actitud que podemos calificar en contra de la democracia e incongruente con los nuevos órdenes.
Darle largas a la prensa no lleva a nada. Este periódico ha vuelto a tocar sus puertas y a solicitar entrevista y de nuevo hemos recibido una respuesta negativa. A otros medios le ha sucedido lo mismo.
Las actuaciones de los funcionarios de cualquiera de los tres órganos del Estado: Ejecutivo, Legislativo o Judicial, son por naturaleza públicas, frente a la sociedad, abiertas, en constante relación con la ciudadanía, transparentes en sus pensamientos y decisiones, sobre todo si se trata del que está sentado en la silla principal de ese poder. Así debería ser, y quien decide sobre qué es y qué no está apegado a la Constitución en la Sala de lo Constitucional debería ser el primero en defender la publicidad de los actos, que por cierto está obligado por Constitución... y no es juego de palabras.
Esa forma de actuar me hace pensar en malos presagios para la resolución de la constitucionalidad del artículo 191 del Código Penal, que permite libre expresión y de opinión como la hecha en esta columna de su servidor. Ojalá me equivoque.
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