Queda claro que los legisladores se olvidan de su obligado respeto al contenido de la Constitución de la República y a los convenios y tratados suscritos internacionalmente. Cuando reciben la “bofetada” empiezan a hacer “mea culpa” y cambios que desnaturalizan los instrumentos legales.
Escrito por Sandra de Barraza.09 de Julio. Tomado de La Prensa Gráfica.
La lectura obligada de la Biblia en las escuelas ha dado y seguirá dando de qué hablar. Seguramente algún diputado es importador de biblias y espera que el negocio crezca y otros están calculando la rentabilidad de la reproducción pirata. Seguramente más de alguno cree que hay nichos para un negocio similar al del Álgebra de Baldor.
Chema Tojeira, rector de la UCA, los describió como son y les puso ejemplos sobre la dificultad en la selección, interpretación y reflexión de los contenidos bíblicos. ¿Los entendieron? También ejemplificó la incoherencia del diario vivir de los legisladores con el contenido de la Biblia. Sorprenden por su ignorancia. Dijo. ¡Sorprende la capacidad permanente que tienen para hacerlo evidente! ¡Sorprende su irresponsabilidad con lo que juraron cumplir: la Constitución de la República!
Si creen que la lectura obligada de la Biblia va a prevenir y resolver el problema de la violencia juvenil... seguramente el gozo y la sensación les durará un suspiro a pesar de que ellos y a sus familias les financiamos seguridad privada. La Protección a Personalidades Importantes (PPI) de la PNC desvía importantes recursos para “protegerles” y ¿los mantiene aislados de la realidad nacional?
La práctica legislativa demuestra que los diputados en un afán “productivo” y “responsable” aprueban leyes sin analizar la consistencia ni la coherencia y mucho menos, la conveniencia y suficiencia. Tuve oportunidad de conversar con profesionales en la materia, abogados con experiencia en la administración pública, con ejercicio profesional y académico y con reflexión y opinión sobre el tema que nos ocupa a todos como padres y madres de familia y por el pleno derecho y responsabilidad ciudadana.
Hicieron memoria de los desatinos y desórdenes en materia legal durante los últimos 20 años. Queda claro que los legisladores se olvidan de su obligado respeto al contenido de la Constitución de la República y a los convenios y tratados suscritos internacionalmente. Cuando reciben la “bofetada” empiezan a hacer “mea culpa” y cambios que desnaturalizan los instrumentos legales.
Muchos diputados seguramente ¡ni han abierto la primera página de la Constitución ni de los Convenios internacionales! Y de la conversación, fácilmente se concluye que en el tema de legislación juvenil han hecho un enredo. Aprueban una estructura legal pero ¿cuántos cambios han hecho a las leyes aplicables a menores? Me dicen que son cientos y al final dejan en manos de los aplicadores de la ley instrumentos contradictorios, incoherentes, inconsistentes.
Por ley los menores no pueden tener penas mayores de siete años me dijeron, en este periodo es posible y factible rehabilitarles para que se “integren” a la sociedad. Pero hacerlo realidad demanda profesionales y recursos multidisciplinarios para darles atención y eso, me cuentan, es caro. ¿Hay institucionalidad y planteamiento para asumir la tarea? ¿Hay presupuesto para hacerlo? ¿Saben cuánto cuesta “rehabilitar” a un joven? Pregunto. Me remiten al ISNA para averiguarlo.
Estos reconocidos profesionales me dejan en claro la inconsistencia del ejercicio legislativo. Desde 1990 los legisladores suscribieron la Convención de los Derechos del Niño. Y me preguntan ¿qué están dispuestos a cumplir estos legisladores? Si se acata el compromiso internacional la garantía priva sobre cualquier tema pero ¿qué es lo que la situación y la dimensión del problema exigen en este momento? La pregunta es válida. La respuesta compete a todos. Una vez tengamos la respuesta... ¿somos o no somos garantistas? ¿Conviene o no conviene ser garantistas? Si somos garantistas el análisis, las propuestas y las acciones son de una índole. Si nos ubicamos en el hoy y el futuro ¡quién sabe! Seguramente tendremos que hacer excepciones claras y programadas en el tiempo.
Los tres Órganos del Estado deben asumir un enfoque común que permita una acción coherente y complementaria. Las leyes, los penales, los “centros de rehabilitación”, la PNC y otros más no son capaces de sustituir ni a la familia ni a la escuela. Con la lectura obligatoria de la Biblia no cambiará la situación ni sustituirá las políticas que hacen falta desde hace mucho tiempo. Es poco responsable lavarse las manos y la conciencia con el planteamiento de lectura obligada de la Biblia. Hay un problema con las pandillas que exige un adecuado dimensionamiento y análisis. Y en el ambiente se tiene la sensación de incapacidad institucional para abordar el tema de jóvenes, tema que va más allá de la delincuencia y violencia juvenil e infantil. Y hay un enfoque superficial y poco irresponsable. Al Estado le compete dar respuestas satisfactorias para garantizar el ambiente de seguridad que exige el desarrollo de relaciones sociales y económicas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Comentarios que incluyan ofensas o amenazas no se publicaran.