En el país, hay que hacer una revisión profunda de la composición y el funcionamiento de los organismos contralores, y también agregar instrumentos que apuntalen el ejercicio de la mecánica depuradora.
Editorial.09 de Julio. Tomado de La Prensa Gráfica.
Es un hecho de sobra conocido que la Administración Pública es campo propicio para distintas formas de manejos corruptos, tanto desde dentro como desde fuera. Las prácticas turbias y el predominio de intereses ilegítimos están siempre a la orden del día, y contar con mecanismos de vigilancia y de corrección verdaderamente efectivos es un imperativo vital no sólo para el saneamiento permanente del sistema sino también para la necesaria credibilidad del mismo. Hay áreas en las que esto presenta aún más sensibilidad, por la propia naturaleza de su trabajo, como son las áreas que tienen que ver de manera directa con la seguridad y la justicia.
Hace poco, el mismo Presidente de la República pidió públicamente que se depuren tanto el Órgano Judicial como la Fiscalía General de la República; desde luego, igual petición habría que hacer respecto de la Policía Nacional Civil y del aparato penitenciario. Está claro, porque los hechos lo demuestran en la cotidianidad, que en todos esos campos hay vicios arraigados, filtraciones pervertidoras y elementos negativos; y ante ello lo peor son las actitudes institucionales autodefensivas o los simulacros depurativos, que le sirven a un mal enfocado y mal intencionado “espíritu de cuerpo”.
La depuración es esencial en todo organismo vivo, y esto abarca a las instituciones de toda índole. Y el riesgo que se corre al no contar con mecanismos reales y seguros de depuración es que todo el cuerpo respectivo se vaya contaminando hasta desfallecer. Es el peligro en que están las distintas instituciones del ámbito de la seguridad y la justicia: que como anticipo del “estado fallido” se llegue al “estado desfalleciente”.
Levantar las debidas defensas
Para asegurar que todos los entes del esquema estatal se mantengan sanos y funcionales es indispensable que los mecanismos de depuración cumplan a cabalidad con su tarea. Lo ideal, por supuesto, es que cada institución desarrolle como debe ser sus prácticas autodepuradoras; pero también hay que abrirse a las depuraciones que se organicen desde afuera, cuando la autodepuración falle, bien por insuficiencia, bien por autocomplacencia. No hay que olvidar que los vicios arraigan mucho más fácilmente que las virtudes.
En el país, hay que hacer una revisión profunda de la composición y el funcionamiento de los organismos contralores, y también agregar instrumentos que apuntalen el ejercicio de la mecánica depuradora. En esta línea, la transparencia cumple un rol fundamental, y por ello, entre otros muchos motivos, urge una normativa suficiente y eficaz al respecto, que impida que los vicios del sistema se amparen en las zonas penumbrosas del silencio, del disimulo o de la complicidad, como ha sido lo frecuente en el ambiente.
Ojalá que la emergencia que vivimos en seguridad y en justicia impulse de veras y cuanto antes un compromiso depurador que no sea sólo respuesta momentánea, sino que se convierta en actitud institucional permanente. Las distintas instituciones deben hacer bien su trabajo, sin esperar a que se les reclame por las fallas institucionalizadas. En otras palabras, esto debe ser expresión de la cultura de honradez y responsabilidad que corresponde a un Estado que honre su condición democrática y progresista.
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