La de violencia que abate al país nos puede hundir. La ciudadanía está desesperada y la sensación de que el Estado no puede con ella es cada vez mayor. El llamado del presidente a la unidad para derrotarla no tendrá éxito si el tema no se aborda integralmente, además de la represión, es necesario corregir urgentemente tres factores que tienen gran responsabilidad de que estemos en los niveles a los que hemos llegado: el actuar de los jueces, las leyes que protegen a delincuentes sobre ciudadanos y el sistema carcelario, desde donde las pandillas accionan.
Escrito por Rafael Castellanos.03 de Julio. Tomado de La Prensa Gráfica.
Las leyes garantistas se generaron después de los acuerdos de paz, empujadas fuertemente por Estados Unidos. El espíritu con el que fueron concebidas era el de proteger al ciudadano de un estado represivo, en una situación normal, quizá con más énfasis por estar saliendo de una guerra larga, muchas décadas de represión y poco respeto al derecho del ciudadano.
Desafortunadamente, no solo las leyes fueron inadecuadas para la realidad que viviríamos. Los jueces fueron entrenados dentro de ese espíritu. Los resultados se han visto con estupor en los últimos 20 años. Delincuentes, narcotraficantes, pandilleros, secuestradores son capturados y enviados a prisión, pero rápidamente son liberados. La sociedad lo ve con desesperanza y frustración, igual que los buenos policías que se juegan la vida para apresar a los malos y luego son liberados.
A esto, que de por sí es tremendo, con la incursión cada vez más evidente y profunda del narcotráfico, se ha sumado la corrupción de muchos jueces, que han optado por la fácil salida de recibir dinero y soltar a los delincuentes.
En algunos casos, la situación es de otra naturaleza, jueces honrados y de buena intención procesan a un narco o pandillero. El juez gana $400 o $500 al mes, se desplaza en bus y, en la sala, en primera fila, se sienta un grupo de delincuentes que le muestra fotografías de su familia enfrente de su casa, o de sus hijos entrando a la escuela. Cualquiera comprende que ese juez, ante la amenaza de plomo o plata, deje en libertad al procesado.
¿Qué hacer? La solución no es ni fácil ni unidimensional. Lo primero es cambiar las leyes garantistas y hacer leyes especiales para el crimen organizado, detener un código procesal que está por llegar a la Asamblea y que es más garantista. Al igual que todo lo que funciona bien, este debate debe ser público, que las instituciones serias que lo estudia publiquen sus objeciones y que las aprobaciones en la Asamblea sean sometidas al escrutinio.
Respecto a los jueces incompetentes y corruptos, el sistema judicial, Corte Suprema de Justicia y Consejo de la Judicatura, debe dejar de manejarse como si fueran un estado dentro de otro, abrirse a la sociedad y demostrar con claridad que están trabajando por ella, que no es tras las paredes de su castillo alejado de la realidad, del día a día del ciudadano que resolverá la grave situación que enfrentamos, sino trabajando transparentemente, sometidos la vigilancia pública.
Los medios deben darle más seguimiento a los fallos judiciales, publicar los dictámenes y dar seguimiento al historial de los jueces. Tenemos derecho a estar informados y a que los jueces sepan que los estamos vigilando.
Para los pandilleros y narcotraficantes es necesario llegar a medidas de excepción, introducir fiscales y jueces sin rostro para protegerlos de un enemigo implacable.
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