Federico Hernández Aguilar.07 de Julio. Tomado de El Diario de Hoy.
Vuelvo a leer en detalle el flamante documento que arrojó la "Mesa de Justicia y Seguridad", del Diálogo Social Abierto organizado por el equipo de campaña del entonces candidato Mauricio Funes, en 2009, y me pregunto qué miembro del actual gabinete de gobierno estaría dispuesto a defenderlo. Porque todo lo que el Presidente viene haciendo desde hace algunos meses contradice el espíritu y la letra de este texto.
En doce páginas repletas de abstracciones, esta pretendida "Política de Justicia, Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana" inicia con una visión extremadamente ideologizada de las causas de la criminalidad en nuestro país. Entre sus más increíbles afirmaciones destaca una que ubica la "impunidad de los poderosos" entre los principales antecedentes de la violencia que sufrimos.
El párrafo que describe este tipo de impunidad es de antología, digno de figurar entre las teorizaciones más nefastas en que haya incurrido (disfrazada de academicismo) la izquierda criolla. No sólo se trata, según este postulado, de "la falta de persecución de los crímenes cometidos por los poderosos", sino de "la ausencia de normas que establecieran como delitos determinadas conductas propias de las élites políticas y económicas, como las defraudaciones bancarias, la evasión fiscal, la corrupción, los delitos contra el medio ambiente y otros crímenes no convencionales".
Cualquier análisis objetivo nos llevaría a preguntarnos, primero, cuándo la defraudación bancaria o la evasión fiscal dejaron de considerarse delitos en El Salvador, y segundo, cómo actividades criminales que el texto vincula intrínsecamente con el poder político o económico consiguen explicar los hechos macabros que están protagonizando las maras en los municipios más populosos del país. La falta de este eslabón termina destruyendo la cadena de supuestos que el documento trata de justificar.
Pero quizá lo más importante sea insistir en el escaso rigor que exhiben, desde hace rato, los academicismos que han sustentado la política de seguridad pública en marcha desde junio de 2009. Porque si nos apoyamos en los sesgos concluyentes de un texto como el que parió la "Mesa de Justicia y Seguridad" del Diálogo Social Abierto, lo único que podemos pensar es que El Salvador está pagando muy caro el desenfoque inicial de las autoridades actuales.
Quizá era de esperar que una mesa "ciudadana" convocada por el FMLN para discutir el fenómeno de la violencia cargara sus baterías contra la llamada "impunidad de los poderosos" y se olvidara de las quemas de buses y otros atentados a la economía nacional que la ex guerrilla puso de moda durante el conflicto. Lo que los salvadoreños ya no estamos dispuestos a tragarnos es que se le llame "análisis" a esa jerga y termine convirtiéndose en política pública.
Me permito transcribir, para ilustración de los lectores, algunas perlas extraídas del documento "Política de Justicia, Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana":
"Justicia y seguridad expresa la orientación del Nuevo Gobierno: la justicia prevalece ante la seguridad. En otras palabras, para alcanzar mayores niveles de seguridad, deben lograrse mejores estándares de justicia y equidad" (Pág. 5).
"Uso de la fuerza como último recurso, y uso privilegiado de las normas y reglas de convivencia" (numeral 9 de los "principios de la política de justicia". Pág. 6).
"Brindar un trato integral con respeto a la dignidad humana de la persona infractora reduciendo al mínimo su deterioro y facilitando su inserción social por medio de un proceso de reconocimiento, reconciliación y reparación" (de los "Lineamientos estratégicos". Pág. 7).
"Garantizar la legalidad, el pleno respeto de los principios constitucionales y los estándares internacionales sobre Derechos Humanos en el procedimiento investigativo" (Acción estratégica 2.2. Pág. 9).
Desisto de copiar, porque me alargaría, las 14 medidas que el Diálogo Social Abierto proponía en el tema penitenciario. Lo que sí diré es que su lógica parecía corresponder más a la ambientación de una novela de Corín Tellado que a la realidad criminal del país.
Ojalá haya entendido el presidente Funes que el éxito en el combate de la delincuencia no se sustenta en la ideología, sino en la eficacia. Su propuesta de una ley antipandillas, igual que lo había hecho su decisión de integrar al ejército en labores de seguridad pública, choca con teorías largamente sostenidas por varios de sus funcionarios, incluidos los que encabezaron aquella "Mesa de Justicia y Seguridad".
Estos últimos, en lugar de empecinarse en los errores conceptuales a que se habituaron cuando no ocupaban cargos públicos, hoy deberían asumir su enorme e indelegable responsabilidad en la catastrófica pifia que el gobierno ha protagonizado, hasta hoy, en el combate al crimen. Eso, o la coherencia intelectual que tanto pregonaban tenía, después de todo, un precio.
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