EDH-Pensemos en una política docente efectiva

 Helga Cuéllar-Marchelli.23 de Julio. Tomado de El Diario de Hoy

La docencia es el recurso más importante para producir educación de alta calidad, pero pareciera que no hay consenso acerca de cómo lograr atraer y retener a los mejores maestros en el sistema educativo. Una política docente efectiva articularía, en forma coherente, distintos aspectos relacionados con el desarrollo y el ejercicio de esta profesión, tales como la formación inicial y en servicio, las estrategias de contratación, los incentivos monetarios, las condiciones laborales y las opciones de desarrollo profesional. Sin embargo, tengo la impresión que en el ambiente predomina cierta resistencia para reconocer que la política docente debe ser multidimensional.

Las políticas en relación con el ejercicio de la docencia se han concentrado en reducir la excesiva oferta de docentes en el mercado laboral y revisar la escala salarial y los beneficios complementarios. La sobreoferta de docentes se ha controlado estableciendo requisitos mínimos de ingreso y la acreditación obligatoria de los graduados en la profesión a través de la Evaluación de las Competencias Académicas y Pedagógicas (ECAP). También se destacan los esfuerzos para mejorar el servicio de asistencia médica y hospitalaria, exclusivo para los docentes y sus familias, que se ofrece a través de Bienestar Magisterial.

El principal debate público acerca de la política docente tiende a concentrarse en aumentos salariales, haciendo a un lado las discusiones sobre cómo mejorar el desempeño de los maestros. La Ley de la Carrera Docente establece que los salarios de los maestros en el sistema público se determinan en función de su antigüedad y su nivel académico (escalafón magisterial), y deben ser ajustados cada tres años. Aquí se incluyen los sobresueldos para maestros que ocupan cargos de dirección en la escuela o trabajan en zonas rurales remotas o doble turno. Recientemente los sindicatos de maestros comenzaron a presionar al Ministerio de Educación (MINED) por ajustes salariales, que compensen el alto costo de la canasta básica familiar, y, cada vez que esto ocurre, las iniciativas para elevar la calidad docente suelen entramparse.

Aún no se logra establecer un mecanismo que permita ofrecer incentivos monetarios a los maestros, en función de evaluaciones periódicas a su labor y el rendimiento académico de sus estudiantes. Por ejemplo, hace unos días los legisladores aprobaron una modificación a la Ley de la Carrera Docente que suprime la entrega de incentivos al desempeño de docentes del sistema público, cuyos estudiantes obtengan, al menos, una nota de 5.5 en las pruebas estandarizadas de aprendizaje. Tampoco se ha concretado una discusión seria acerca de la necesidad de establecer un instituto especializado que atienda todo lo que ocurre con la carrera docente, cuente con suficiente autoridad para coordinar y supervisar la labor de las instituciones formadoras de maestros, y, a su vez, garantice el cumplimiento de altos estándares de calidad.

La revisión de los salarios de los docentes es siempre un tema importante de debate, que debería estar amarrado al compromiso con la calidad educativa. Para avanzar hacia el diseño de una política docente efectiva y coherente es imprescindible advertir que las reivindicaciones salariales y las presiones para lograr una mayor estabilidad laboral, no son suficientes. El ideal sería que los salarios de los maestros reflejen adecuadamente no sólo el grado académico y los años de experiencia, sino también su nivel de desempeño.

Ya es tiempo de pensar en el diseño de una política docente que además de establecer un sistema de recompensas (materiales y simbólicas), busque fortalecer el sistema de desarrollo profesional y mejorar las condiciones laborales de los maestros. La tarea es compleja y requiere voluntad política. ¿Estarán los gremios magisteriales listos y siempre dispuestos a hacer propuestas en esta dirección?

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