EDH-Los ataques a autobuses y el fracaso de la seguridad

 Carlos Ponce.07 de Julio. Tomado de El Diario de Hoy.

El creciente recrudecimiento de la actividad criminal en el país, ilustrado de manera fehaciente a través del permanente incremento de la incidencia delincuencial y el progresivo uso de extrema barbarie en la comisión de ilícitos, recientemente alcanzó su más álgida, trágica y grotesca manifestación con el ataque perpetrado por presuntos pandilleros en contra de dos unidades de transporte colectivo y sus pasajeros. La desviada naturaleza de los incidentes, en donde los agresores asesinaron cruelmente a mujeres y niños inocentes, ha despertado el repudio generalizado de la ciudadanía, como lo demostraron categóricamente los resultados de una encuesta de opinión publicados la semana pasada por este rotativo.

Las actuales autoridades tratan de vender a la población que su respuesta ante el incidente antes mencionado fue inmediata, contundente y efectiva, señalando que los supuestos victimarios fueron capturados en un período de tiempo relativamente corto. Sin embargo, la pronta detención de los sospechosos es el deber de la institución policial y no debería de ser considerado algo extraordinario. Si las instituciones que componen el ramo gubernamental correspondiente estuvieran funcionando como la presente crisis criminal lo demanda, el delito hubiera sido anticipado y prevenido, ya que el eficiente y oportuno flujo y análisis de información e inteligencia hubiera sugerido las posibles consecuencias que implicaría el homicidio de un pandillero (presunta motivación que dominó la ejecución del ataque).

En otros países, actos terribles como el cometido en el nuestro, han terminado convirtiéndose en precursores para impulsar agudas reformas en la organización, funcionamiento y dirección de los sistemas policíacos y de inteligencia. Los ataques terroristas perpetrados el 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, por ejemplo, llevaron a una reestructuración sin precedentes en el manejo e intercambio de información e inteligencia entre las diferentes agencias que componen el aparato de seguridad estadounidense y la creación de una nueva dependencia gubernamental (el Departamento de Seguridad Interna). El repudiable hecho motivó a que las autoridades examinaran con detenimiento los posibles errores cometidos y los cambios pertinentes para superarlos. Dicho país, como resultado, no ha lamentado desde entonces otro incidente de igual magnitud.

Sin embargo, en apariencia, la respuesta del Ejecutivo ante los ataques de los autobuses consta sólo de dos elementos: el despliegue de militares en los centros penales y el impulso de una normativa que pretende criminalizar a las pandillas. El primero, desde el punto de vista técnico no constituye una respuesta del Gobierno ante el incidente, pero mediáticamente está siendo vendida como tal, ya que su ejecución de manera coincidente estaba programada a realizarse poco tiempo después de los incidentes. La segunda, por lo tanto, es la única respuesta técnica del Ejecutivo.

Diferentes actores de la sociedad han calificado las reformas como confusas, vagas y hasta insuficientes. Debido al proceso de consultas al que han sido sometidas, el número de artículos agregados ha pasado de ser unos cuantos a totalizar aproximadamente una decena. Muchos consideran que siendo el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública la máxima autoridad en el tema, la propuesta debió haber sido completa desde un principio y las modificaciones resultantes de las consultas relativamente mínimas. El principio que sigue la reforma está bien, pero es necesario que vaya acompañada de otros cambios que impacten la organización, funcionamiento y dirección del aparato de seguridad.

Es imperante hacer una evaluación profunda de la situación, identificar los ajustes necesarios y ejecutarlos en el menor tiempo posible. Además, se debe tomar en cuenta cómo otros países han resuelto crisis de este tipo y mejorar de forma sustancial la planificación y ejecución de cambios, estrategias, planes y acciones orientadas a erradicar o controlar la delincuencia.

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