Resistencia en presidios parecen ser la respuesta del crimen organizado a la llegada de militares a las cárceles, a la cual también se oponen grupos de izquierda.Sujetos encapuchados miembros del MERS alegaron que Mario Belloso, su líder y asesino de dos policías, "sufre" en Zacatraz.
10 de Julio.Tomado de El Diario de Hoy.
La intervención del Ejército en las cárceles y la propuesta de ley contra las pandillas se han convertido en blanco de grupos de izquierda que han protestado en las calles y la Asamblea Legislativa y de los mismos reos que se han declarado en rebeldía en al menos tres centros penales.
Lo anterior se produce a tres semanas del ingreso de tropas a los presidios para asumir la vigilancia externa y los registros a visitantes para evitar el trasiego de celulares y órdenes del crimen organizado que opera en los presidios porque "estamos estrechándoles el cerco", según declaró el lunes el ministro de la Defensa, general David Munguía Payés, a El Diario de Hoy.
Dos días después, las autoridades de Centros Penales tuvieron que ordenar estado de emergencia en las prisiones de Gotera e Izalco en vista de la resistencia que muestran los reclusos como protesta a la presencia del Ejército que considera que estos hechos son una respuesta del crimen organizado al cerco militar.
Contribuyendo a la inestabilidad en el sistema penitenciario, reos comunes del penal de Apanteos protestaron por la llegada de mareros (ver nota aparte).
Al mismo tiempo, sujetos que dijeron pertenecer al Movimiento Estudiantil Revolucionario Salvadoreño (MERS) protestaron frente a la Universidad de El Salvador contra el Ejército en las cárceles y denunciaron que su líder, Mario Belloso, condenado a 35 años de cárcel por asesinar a sangre fría a dos policías en 2006, "está sufriendo" en el Centro Penal de Máxima Seguridad de Zacatecoluca, La Paz.
Belloso, vinculado al ahora partido oficial FMLN, estaba creando una incipiente guerrilla entre estudiantes de secundaria y universitarios. El 5 de julio de 2006, roció a balazos a un grupo de antimotines y mató a dos.
A la concentración de ayer se sumaron supuestos familiares de mareros recluidos en los penales.
En la misma mañana, grupos de izquierda se presentaron a la Asamblea Legislativa a presentar una carta contra el anteproyecto de ley antimaras preparado por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
Los dirigentes del grupo lanzaron agrias críticas contra el gobierno del presidente Mauricio Funes, acusándolo de aplicar planes de "Mano Dura" como los ejecutados contra las pandillas por los gobiernos precedentes de Francisco Flores (1999-2004) y Antonio Saca (2004-2009).
En las semanas previas, María Silvia Guillén, directora de la Fundación Salvadoreña de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), vinculada a la izquierda, criticó el anteproyecto y vaticinó que los jueces salvadoreños "no aplicarán" dicha ley y los mareros saldrán en libertad.
La ley, que criminaliza la pertenencia a las pandillas e impone penas de hasta 15 y 20 años de cárcel para los dirigentes y reclutadores, fue blanco de duras críticas cuando fue presentada a dirigentes religiosos y a la misma Fespad el martes anterior.
Representantes de las organizaciones que protestaron ayer en la Asamblea Legislativa alegaron que no se les consultó para la elaboración de la Ley que proscribe a los grupos de pandillas.
Los manifestantes consideran que la nueva ley es una versión con el mismo enfoque de los planes Mano Dura y Súper Mano Dura y afirmaron que la salida del Ejército a realizar tareas de seguridad pública y en el control de las prisiones no les ha dado los resultados esperados por el Gobierno.
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