Editorial. 09 de Julio. Tomado de Diario Co Latino.
El repudiable acto de barbarie del 20 de junio, cuando un grupo de presuntos pandilleros de la 18 incendiaron un microbús, con sus pasajeros dentro, provocó una férrea decisión del gobierno del Presidente Mauricio Funes: capturar pronto a los criminales y declarar la ilegalidad de las pandillas.
Como hemos dicho antes, los pandilleros dieron el paso equivocado, es decir, en vez de dar muestras fehacientes de querer incorporarse a la sociedad, cometieron un acto de barbarie, y que, si los diputados aprueban la ley, estarán más en la mira policial y penal, que como sujetos que podrían ser útiles a la sociedad salvadoreño.
Y es que el anteproyecto de ley propuesta es claro y contundente:
“Art. 1. Se prohíbe la existencia, legalización, financiamiento y apoyo de agrupaciones, asociaciones u organizaciones ilícitas, llamadas pandillas o maras y grupos de exterminio, tales como las autodenominadas Mara Salvatrucha o MStrece, la Pandilla Dieciocho, la Mara Máquina, la Mara Mao Mao, la Sombra Negra y el XGN”.
Mientras que el artículo 3, dice: “Art. 3. Aquel que pertenezca a las agrupaciones, asociaciones u organizaciones ilícitas de las que trata la presente ley quedará inhabilitado por el doble de tiempo de la condena en el proceso penal o por el término de seis años en la sentencia administrativa, civil o de otra jurisdicción para pertenecer a partidos políticos, ser candidato a cargos de elección popular o de segundo grado, o para ser autoridad, funcionario, agente de autoridad o empleado del área de seguridad y justicia del Estado o del municipio, o titular, directivo o empleado de empresa o sociedad privadas dedicadas a la seguridad”.
Como ya lo hemos expresado en otros editoriales, el gobierno del Presidente Mauricio Funes, y por ende su gabinete de seguridad, están en la disposición de combatir, de cualquier forma legal, el crimen organizado, esté donde esté.
Varios representantes judiciales y policiales se quejaban de la falta de herramientas para combatir las pandillas y maras, y producto de la barbarie del 20 de junio, el gobierno ha creado este instrumento que, si se aplica diligentemente, seguramente dará los resultados esperados.
Obviamente, esta ley no debe llevarnos a ignorar que el tema de las pandillas o maras, es debido a problemas estructurales, que tienen que ver con la pobreza, la exclusión social y la desintegración familiar, entre otros.
De ahí que la ley no debe ser el único instrumento para atacar el problema de las maras o pandillas, sino, otros programas que tengan que ver con la prevención, por lo tanto con la inclusión.
Estamos convencidos, además, como lo expresara recientemente el sacerdote jesuita José María Tojeira, que no todos los pandilleros ni mareros son sicópatas, como los que realizaron la quema del bus con sus pasajeros adentro.
Por lo anterior es que la ley, también dará oportunidades a los mareros y pandilleros que quieran abandonar esas organizaciones ilegales.
Así lo contempla el Art. 9., que literalmente dice: “Una normativa especial establecerá las condiciones para que miembros de las agrupaciones, asociaciones y organizaciones de las que trata la presente ley puedan probar que se han retirado o han desertado de las citadas agrupaciones, asociaciones y organizaciones, y puedan someterse a un programa de rehabilitación personal y reinserción con condiciones específicas y apoyo para el beneficiado y su familia, de tal manera que el proceso correspondiente no se inicie, se suspenda, se extinga o se sobresea, o la pena pueda ser conmutada, suspendida o inaplicada y se recupere o mantengan todos o parte de los derechos y bienes perdidos o amenazados”.
Una vez más, creemos que todas y todos los salvadoreños debemos apoyar estas iniciativas del gobierno del cambio, pues, solo no podrá salir adelante en su cometido.
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