Por Juan José Dalton.24 de Julio. Tomado de Contra Punto.
La corrupción es un delito complejo, que abona a la inseguridad y la violencia. Las instituciones débiles hacen que la corrupción aflore y se extienda. Existe una cultura y tradiciones que deben modificarse para ejercer la transparencia.
SAN SALVADOR – La corrupción es un término que se maneja con facilidad, y en ocasiones con ligereza, para catalogar una situación o una acción de un país, gobierno, empresa o personas. Es como cuando decimos que “fulano está enfermo”...
Sin embargo, hay quienes atribuyen a la corrupción el estado de violencia que existe en El Salvador. Esa afirmación pudiera ser cierta, pero es parcial. La violencia actual en El Salvador es multicausal, es como una madeja de hilos enredados con diferentes colores.
Jaime López, experto salvadoreño en temas de corrupción, brinda a ContraPunto sus ideas las incidencias de la corrupción en la actualidad salvadoreña, es especial sobre sus efectos en el estado de inseguridad y violencia que agobia a esta nación centroamericana desde hace más de una década.
¿Qué es lo que debemos entender como corrupción en El Salvador?
“Corrupción es el abuso de poder desde un cargo público. La corrupción contribuye a que el Estado sea incapaz de aplicar la ley. Aunque se decreten leyes para sancionar delitos y conductas irregulares, al llegar la hora de aplicar la ley, no es efectivo porque a través de esas redes que se van formando, de tráfico de influencias o de conflicto de intereses, las personas que tienen un poco más de poder logran evadir la ley y eso mina todo el sistema. La corrupción es uno de los factores que contribuyan a que el Estado no pueda aplicar la ley y esto hace que fenómenos como la violencia y la criminalidad tengan un espacio disponible del cual pueden expandirse”.
¿Cuáles considera que son los principales hechos de corrupción que se dan en El Salvador? ¿Cómo pudiera ubicar estos hechos?
“Lo que pasa en el país es que estamos en un período en el que están cambiando algunas cosas; todavía no sabemos si para bien o para mal. Pero hay áreas que se mantienen críticas. Una de esas áreas es la de la justicia, que es básica. Aquí hay muchos jueces que aceptan sobornos o que intercambian favores con políticos, por ejemplo. Hay otra área crítica que es la de las compras; en general, el problema no es sólo que se pueden robar el dinero, sino cómo los casos de gente que actúa como empresario y funcionario a la vez, que no es un problema necesariamente legal, sino mas bien un problema de conflicto de intereses. Esas son las áreas grandotas de la corrupción”.
Pero existen otras prácticas...
“Si... hay prácticas menores, pero el problema más grande es que están estas instituciones que son de control y fiscalización, que de alguna manera siguen capturadas o amarradas a intereses de grupos importantes, como la Corte Suprema de Justicia, Corte de Cuentas, Fiscalía… Entonces se impide, como te decía, que el Estado pueda aplicar la ley”.
Observando así las cosas, ¿en qué medida ves que la corrupción genera violencia e inseguridad en El Salvador?
“En el país falta hacer estudios e investigaciones, pero el fenómeno directo debilita las instituciones. Si hablamos de instituciones claves como la Policía, la Fiscalía o la Corte Suprema de Justicia; se observa que son instituciones muy débiles, y esto en buena medida se debe a problemas de corrupción pasados y presentes. Ese es el efecto directo que tiende a debilitar las instituciones y en la medida que sean débiles son incapaces de cumplir con su misión de garantizar seguridad a la población”.
Jaime López, experto en temas sobre corrupción
¿Puede ser más específico?
“Cuando las instituciones son débiles, es normal que se den fenómenos como el hecho que el país es un corredor del narcotráfico y el de la criminalidad organizada, como el paso de armas, el tráfico de personas, la explotación sexual y otras formas de criminalidad. Entonces, en la medida que las instituciones son débiles, es normal que estos fenómenos proliferen ya no digamos el problema de la gran cantidad de jóvenes que están sin empleo o sin oportunidad de estudiar. Es un campo fértil para que los jóvenes se involucren en actividades delincuenciales. La cuestión de combatir la corrupción en este tipo de instituciones es para mejorar su capacidad de respuesta, y uno lo puede observar en hechos pequeñitos, por ejemplo, la Policía en la medida que no tiene recursos suficientes, como vehículos o radios, es en parte porque el dinero se desperdicia en otras áreas del Estado, en ocasiones en gastos innecesarios”.
Observando el tema cultural, de tradiciones impuestas ¿en qué medida esos “malos” ejemplos son generadores de impunidad o de actitudes violentas o arbitrarias?
“Claro, si los que están más obligados a cumplir la ley (los altos funcionarios) la incumplen, desde luego que se envía un mensaje de la incapacidad del Estado de no poder aplicar la ley a otros sectores. Un caso bien ejemplarizante y que se relaciona mucho con la actividad criminal fue el del señor que supuestamente se suicidó y era dirigente de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA, entonces partido de gobierno), me refiero a Adolfo Torrez. Tenía toda una estructura de corrupción montada a través de contratos con empresas de seguridad, contratos que no proveían la cantidad de personal ni los servicios completos, sino que era una estructura montada para sacar dinero del Estado... Creo que todos conocimos que este señor, además de estar cometiendo corrupción, circuló una grabación en la que estableció una conversación con el ex diputado que ahora está preso en Estados Unidos -Roberto Silva-, en cuya conversación le ofrecía influenciar a jueces, para que su caso se resolviera. Este es un caso típico y totalmente ejemplarizante, en el que se evidencia el montaje de estructuras para sacar dinero del Estado; estas estructuras terminan vinculadas con personas acusadas o involucradas en delitos y mueven una red de influencias que pueden cambiar decisiones y generar impunidad”.
Y bueno, el propio final de la vida de Adolfo Torrez, fue violento y todavía no se ha sido aclarado si fue suicidio o asesinato...
“De hecho, la investigación parece no haber sido completa. No sólo fue el hecho que falleció, sino que uno sabe que estas estructuras no se montan por una sola persona. No es lógico que sólo porque Adolfo Torrez se haya suicidado o haya fallecido, estos casos se cierren judicialmente. Este caso debió haber seguido abiertos y haber continuado con la investigación, pero la Fiscalía cerró la investigación”.
Hay otro tipo de casos que se da mucho en el país; políticos, policías y funcionarios que, por ejemplo, manejan vehículos en estado de ebriedad y se vuelven violentos: sacan armas, disparan y no pasa nada...
“Eso te da la pauta de lo que vale la ley en este país. Como dijimos antes: los funcionarios, que son los más obligados a cumplir la ley y dar el ejemplo, muchas veces actúan normalmente con prepotencia”.
¿Crees que estos ejemplos se reproducen después en los jóvenes?
“Definitivamente, un componente es la parte moral; la moralidad que la sociedad al final establece, la principal fuente de moralidad, es el ejemplo de los líderes. Uno analiza sociedades y concluye que buena parte del comportamiento de la población está determinada por el ejemplo que le dan sus líderes. Y en el caso de El Salvador el comportamiento de los líderes definitivamente no es la mejor moral que se podría observar y esto manda un mensaje a la población, la cual justifica que si los funcionarios se comportan mal por qué no lo debemos hacer los demás. Y se establece una cultura de aprovechamiento, una cultura de prepotencia, una cultura de transgresión”.
¿Crees que algo pudiera cambiar con lo prometido por el nuevo gobierno?
“Nosotros estamos esperando que haya cambios. Lo que pasa con las investigaciones de corrupción es que cuando se está ante un caso concreto normalmente hay una incapacidad institucional. Hay que tener presente que estas investigaciones requieren seguimiento de cuentas en el extranjero o de fiscales especializados, algo de lo que adolece El Salvador. El efecto inmediato que uno puede apreciar es la falta de capacidad, pero el efecto más profundo es que esta es una falta de capacidad deliberada, que de manera sistemática se ha llevado a estas instituciones a que no tengan esta capacidad para responder. Entonces, en ese sentido, en el país puede haber hasta presidentes involucrados en delitos, y nada va a pasar, porque sencillamente las instituciones no tienen la capacidad de hacer estas investigaciones. La corrupción a alto nivel se maneja en un ámbito transnacional, entonces la Fiscalía no tiene la capacidad de moverse para darle seguimiento a cuentas. La otra cosa que es bien importante es respondernos la pregunta de: ¿Investigar para qué? Los delitos de corrupción son delitos y prácticas muy complejas, no siempre se puede llegar a configurar un caso penal porque esto requiere de muchas evidencias. Pero quizá, el primer objetivo a la hora de investigar no debería ser el penal, sino que debería ser el descubrir y aprender cómo funcionan estas redes de corrupción y desmantelarlas, independientemente si se pueden llevar a los responsables a un juicio penal o no. Y eso es algo en lo que este gobierno puede hacer mucho y eso esperamos”.
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