Mientras los legisladores, los aplicadores de justicia, el Ejecutivo y la Procuraduría de los Derechos Humanos debatían la puesta en vigencia de la recién aprobada Ley de Protección de la Niñez y Adolescencia (LEPINA), la aplicación de esta fue prorrogada por la Asamblea Legislativa hasta enero de 2011, a petición del presidente Funes.
Escrito por Salvador Guevara Casco. 20 de Abril. Tomado de La Prensa Gráfica.Desde luego, mientras todo esto ocurre, la espiral de violencia continúa incontrolable, sin dar visos de encontrarle una salida a este fenómeno que dejará al final más víctimas que las ocurridas durante el conflicto bélico que vivió el país.
Obviamente, haber parado la guerra civil que ensangrentó el país por más de doce años y que dejó un saldo de más de setenta mil muertos y miles de niños huérfanos ha sido un acontecimiento que despertó la admiración a escala mundial por la capacidad de los salvadoreños para resolver un conflicto que parecía imposible de solucionar. Sin embargo, no hemos tenido la capacidad para erradicar el flagelo de la violencia delincuencial que hoy en día nos azota y mantiene en vilo a la población honrada.
Es evidente que los artífices de los Acuerdos de Paz, ya sea por negligencia, incapacidad o falta de voluntad, no previeron o no quisieron evitar el caos social que se avecinaba en el período de la posguerra. Los cuatro gobiernos del partido que hoy es oposición se preocuparon más por el desarrollo de la infraestructura del país dañada durante el conflicto bélico, así como del desarrollo macroeconómico del país, pero no hicieron lo suficiente por evitar que miles de jóvenes por falta de oportunidades se incorporaran a las pandillas, que hoy constituyen el problema más grave del país.
Volviendo a la LEPINA, si el Gobierno no está en la capacidad de poder implementar con eficiencia la aplicación de esta ley en este momento, es comprensible que se haya prorrogado la entrada en vigor de la misma, para evitar errores e improvisaciones.
Si uno de los principales objetivos de la ley es resarcir a la niñez y la adolescencia de los derechos a la educación, salud, trabajo, oportunidades, etc. que en el pasado y en los gobiernos anteriores no fueron objetivos prioritarios, esto redundará obviamente en la disminución del involucramiento de los jóvenes en actos delictivos.
Es comprensible que la implementación del aspecto coercitivo hacia los jóvenes que delinquen, ampliando las penas de cárcel a los reincidentes, es algo que no debe perderse de vista en la aplicación de esta ley.
Si el conflicto bélico que tenía dimensiones mayores se resolvió por medio del diálogo y la negociación, ¿por qué no intentar la reunificación social, tratando de buscarle solución a este grave problema con la participación de todas las fuerzas vivas del país?
No podemos continuar divididos en la solución de este grave conflicto acusando a los demás de lo que dejan de hacer, pero no preocupándonos de hacer lo que a nosotros nos compete.
La política partidista que ha tomado auge en los últimos meses con el surgimiento del nuevo partido político en formación GANA parece servir de distractor para concentrarnos más en las elecciones de 2012 que en el problema delincuencial que afrontamos.
Si el gobierno del presidente Funes fracasa en la erradicación de la delincuencia que golpea al país, en especial lo relacionado con los homicidios y las extorsiones, habrá perdido la oportunidad de ser recordado al final de su mandato como el presidente que logró alcanzar la paz social del país. La entrada en vigor de la Ley de Protección de la Niñez y la Adolescencia, pospuesta para 2011, debe de contribuir para contrarrestar el auge delincuencial del país.
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