Escrito por Luis Laínez.25 de Abril. Tomado de La Prensa Gráfica.
El estado de la seguridad es precario. Y esta semana que acaba de pasar nos dio tres muestras, muy espantosas, de la realidad salvadoreña. Primero fue el asesinato de tres maestros en San Juan Opico, quienes ejercían la docencia en San Pablo Tacachico. Durante los días siguientes fuimos testigos de la indignación de la comunidad escolar de ambos municipios y las multitudinarias muestras de rechazo para los que utilizan el asesinato como un instrumento para ejecutar las extorsiones.
El crimen de estos tres maestros nos muestra la vulnerabilidad de las instituciones. Los ministerios de Educación y Seguridad han firmado un convenio para proteger los alrededores de los centros escolares, pero esto no es suficiente, porque los alumnos y sus profesores, al igual que el resto de la población, están inseguros en cualquier lugar, de modo que instalar un cordón de seguridad alrededor de las escuelas podría convertirlas en islas, en tanto que el resto de la comunidad vive la tragedia de la muerte y el terror.
El segundo acontecimiento que hiela la sangre es que el martes hubo 17 homicidios a escala nacional. Esto, desde el ángulo en el que se quiera ver, es espantoso. Y no es que se trate de que un día haya más muertes que otros y que el promedio sean 11 homicidios al mes. Lo que asusta es que durante un día de esta semana la violencia se llevó la vida de 17 personas y dejó, tras de sí, una multitud de dolientes.
Si a eso le suma que el viernes asesinaron a la esposa de un oficial mexicano de la INTERPOL durante un atentado en el que él también salió herido (se trata del segundo ataque en su contra), nos damos cuenta de que la violencia y la criminalidad pueden tocar a cualquiera. No hay nadie a salvo, así sean maestros, delegados de una embajada (y policía, además) o ciudadanos comunes y corrientes.
Entonces, si uno ve el avance y el poder de la delincuencia, ¿cómo es posible entonces que los jueces le tengan más temor a los medios de comunicación que al mismo crimen organizado?
Durante la Cuarta Convención Judicial, más del 77% de los jueces que respondieron un sondeo aseguró que percibía más peligro de parte de los grandes medios de comunicación. En segundo lugar, pero muy lejano, quedó el crimen organizado.
¿Es acaso coherente que los aplicadores de justicia teman más el escrutinio público que el dilema de plata o plomo (el lema que tienen los narcos en México y otras latitudes para decir que aceptar el soborno y trabajar para los criminales es la única opción para jueces, periodistas o policías para poder conservar la vida)?
¿Por qué tanto temor? O será, como dijo la diputada Norma Guevara, del FMLN, pero refiriéndose a la oposición de abrir el RNPN (y de esto solo tomo la cita), de que quizás hay un interés de tapar algo que está lleno de cucarachas y ratones?
Ser juez es una gran responsabilidad y lo lógico es que quienes administren la justicia sean personas con mucha preparación y con la entereza de aplicar la ley sin motivaciones pasionales. Pero cuando, de partida, más de tres cuartas partes los jueces consultados muestran su rechazo a la labor de los medios de comunicación, ¿hay otra explicación que no sea el prejuicio?
¿Realmente la sociedad necesita esa actitud? ¿Es esa la disposición que debe tener un juez en un país donde matan maestros de tres en tres, donde hay 17 homicidios en un solo día y donde un diplomático extranjero pierde a su esposa?
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