Escrito por Gabriel Trillos.25 de Abril. Tomado de La Prensa Gráfica.
El apoyo de la Fuerza Armada está por cumplir una nueva fase en el plan de apoyo a la seguridad pública. El decreto ejecutivo nº 70 que amplió algunas asignaciones para el personal militar en conjunto con los policías está por concluir el 6 de mayo. El Ministerio de Defensa tiene sus estadísticas que los avala en cuanto a la efectividad de sus funciones y ya el presidente Mauricio Funes se encuentra en el dilema de mantener o retirar a los soldados de las calles.
Se han escuchado voces a favor y en contra. Yo me uno a las que están a favor y considero personalmente que el presidente no solamente debe mantener la presencia del Ejército, sino que debe ampliarla. Asignar más funciones y más recursos de los que tiene la Fuerza Armada en los cuarteles. Y no hay argumento más claro que la situación excepcional de la criminalidad. La Constitución faculta al presidente a utilizar a los soldados para el mantenimiento de la paz interna en situaciones excepcionales, y el mismo decreto ejecutivo se arraiga en la excepcionalidad y por supuesto en la falta de recursos para la Policía Nacional Civil.
La presencia del Ejército significará, para algunos, medidas desesperadas o situaciones peligrosas o malas señales para la comunidad internacional; sin embargo, para la población que ha logrado percibir de manera directa esa presencia militar reforzando a la Policía ha sido una bendición, sin duda.
Considero que esta fase en que el Ministerio de Defensa ha puesto a disposición un poco más de 2 mil soldados, apenas y ha sido una etapa de prueba, ha sido una puesta en marcha con precaución, con pinzas; sin embargo, para mejorar en los resultados se debe considerar utilizar en los operativos no solamente mucho más personal militar, sino mucho de los recursos que se encuentran en los cuarteles. Se tiene miles de soldados más sin hacer mucho más que ejercicios diarios de rutina, se tiene armamento, se tiene equipos de inteligencia, unidades de fuerzas especiales, personal entrenado en diferentes facetas y especialidades necesarias para confrontar este nivel de criminalidad que está ahogando al país. El ministro de Defensa tiene muchos planes sin ejecutar.
Recuerdo que a principios de febrero, en Casa Presidencial, el mandatario reunió a varios sectores para enunciar una serie de medidas especiales dentro de los planes de seguridad. En esa serie de medidas se hablaba de la utilización de más herramientas en poder de la Fuerza Armada para el combate de la delincuencia. Creo que ha llegado el momento de ejecutar esta parte del plan.
La seguridad pública tiene entre sus acciones la presencia física de personal en sitios específicos, y eso es una de las principales acciones a tomar. Estoy de acuerdo con los planteamientos fundamentales de los planes de prevención de largo plazo para poder cosechar de manera permanente en el combate al crimen, pero como ya se ha planteado en otras ocasiones, hay acciones urgentísimas por tomar y solicitudes de auxilio de la población urgentísimas por atender.
Algunas voces han intentado plantear que utilizar al Ejército es una medida populista, una medida que busca alimentar la popularidad del presidente; sin embargo, los hechos contundentes del avance del crimen y la real necesidad de la población dinamitan cualquiera de esos argumentos. La medida responde a una situación incontrovertible de riesgo en el diario vivir de miles de personas en nuestro país. El presidente tiene la oportunidad para dar golpes de autoridad y muestras contundentes en el tema de la seguridad tomando decisiones valientes. Tener más militares en las calles puede ser una señal extraña para la comunidad internacional, pero es una señal valiosa para los que vivimos dentro de este país.
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