La acumulación de casos pendientes contra jueces llevó, según un magistrado, al traslado de cargo del jefe de Investigación Judicial. Otros son del pensamiento que el retraso está en el pleno.
Escrito por Suchit Chávez/Amadeo Cabrera.08 de Abril. Tomado de La Prensa Grafica.
- El retraso no está en el departamento, por tanto tampoco en el jefe. La causa principal está en el pleno de la Corte.”
Ulices del Dios Guzmán, magistrado de la Sala de lo Penal de la Corte
La Secretaría General nos informó que había alrededor de mil expedientes pendientes, provenientes de Investigación Judicial.”
Rodolfo González, magistrado de la CSJ
Alrededor de mil expedientes de investigación judicial contra jueces se acumulan desde hace unos tres lustros en los archivo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sin que estos, supuestamente, hayan llegado a conocimiento siquiera de los magistrados.
Así lo confirmó el magistrado de la Sala de lo Constitucional de la CSJ, Rodolfo González, quien reveló que los números están consignados en un informe solicitado recientemente por los magistrados a la Secretaría General para conocer “los pendientes” del pleno.
“Queríamos saber cuáles eran todos los pendientes que tenía el pleno de la Corte”, explicó González. Entre “casaciones, hábeas corpus, pedidos de extradiciones”, añadió el magistrado, la Secretaría General les especificó que “aproximadamente mil” expedientes de jueces, provenientes del Departamento de Investigación Judicial (DIJ), no habían sido depurados.
“Cuando empezamos a revisar vimos que algunos eran desde 1996”, detalló González.
El entrampamiento excesivo de casos sin resolver fue el motivo, según González, de la remoción del cargo y su posterior traslado como asesor de la Gerencia Administrativa de la CSJ del ex jefe del DIJ Mateo Álvarez.
Pese a que se gestionó conocer el punto de vista de Álvarez respecto a su traslado, este hizo saber a través de la unidad de comunicaciones que aún se acoplaba a sus nuevas funciones y se encontraba demasiado ocupado para brindar una entrevista.
Sin embargo, el Departamento de Investigación Judicial fue una de las dependencias de la CSJ que recibió una certificación internacional de calidad conocida como ISO-9000, que implica eficacia y ordenamiento.
La certificación fue dada en 2005, y los departamentos fueron “reacreditados” en 2008. El estándar de calidad aún está vigente hasta 2011.
La mora
Para el magistrado González, no todos los mil expedientes que se acumulan en contra de jueces sin resolver aún son de relevancia. “Recordemos que en un proceso judicial siempre hay una parte inconforme”, dijo.
Según el funcionario judicial, ello acarrearía, en algunas ocasiones, que los jueces sean denunciados por fallos adversos. El magistrado añade que actualmente existen alrededor de 604 jueces en todo el país. “Sí, lo que pasa es que hay algunos que tienen cinco denuncias”, aseguró.
El problema de la retardación, para el magistrado de la Sala de lo Penal, Ulices del Dios Guzmán, sin embargo, se debe al pleno de la Corte, y no al DIJ.
“El retraso no está en el departamento, por tanto tampoco en el jefe. La causa principal está en el pleno de la Corte”, dijo Guzmán, y agregó que ello se debe a que “toma demasiado tomar una decisión”, y ejemplificó con un caso que actualmente se encuentra en trámite e involucra a la jueza de Familia de Zacatecoluca (La Paz), Sandra Guadalupe Cuchilla de Herrarte, quien desde hace más de un año posee conflictos laborales con empleados del juzgado.
“Ese caso ha entrado unas 20 veces a agenda y aún no se ha resuelto”, aseguró Guzmán.
Otros casos han debido esperar más, como algunos jueces incluso procesados penalmente, cuyos casos no se movilizaron en la CSJ, como el de Pedro Flores Garay, juez de Paz de Jiquilisco, Usulután, procesado en 2008.
Para el magistrado, además, no existen parámetros claros acerca de los proyectos de resolución que el DIJ presenta al pleno de la Corte, “a veces tenemos que estar discutiendo caso por caso”, dijo.
En tal punto coincidió el magistrado González, quien detalló que se ha analizado revisar los mecanismos con los cuales se elaboran las propuestas de resolución. “Hemos encontrado que a veces existe duplicidad de trabajo”, detalló, y añadió que se pretende “simplificar el procedimiento”.
La mora revelada por González no toma en cuenta la del Departamento de Investigación Profesional (DIP), que pone bajo lupa las actuaciones de los abogados, pero admite que “son 20,000 abogados en el país, deben ser muchos más casos”.
El DIP fue otra de las áreas certificadas con ISO-9000, además de la sección de investigación de notariado.
Sin embargo, el magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Marcel Orestes Posada, le restó importancia a la certificación: “Mire... para mí eso no es nada”.
Una publicación antigua en la página de internet de la CSJ reseña que esta “recibió por parte de la Asociación Salvadoreña de Industriales un reconocimiento por ser un modelo de institución en la administración de justicia...”.
Para el funcionario judicial, el problema de la mora excesiva se centra “en la ley” y “en las facultades que esta le da a la Corte”, evaluó.
“Es que hay una hipertrofia administrativa” dijo Posada, aunque admitió que “algo debe haber de responsabilidad” respecto al traslado de Álvarez por supuestamente no reducir la mora.
El magistrado añadió que la carga administrativa “excesiva” le resta atribuciones de carácter técnico jurídico a la CSJ. Posada añadió que ve “viable” que el poder de controlar a los jueces sea “trasladado”, y que la entidad para poder ejercer tal función podría ser el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) el cual ya hace estudios periódicos de las actuaciones de los juzgadores.
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