LA PRENSA GRÁFICA recibió ayer el espaldarazo de la madre del menor asesinado, gremiales empresariales, tanques del pensamiento, diputados y magistrados de la Corte Suprema.
Escrito por Amadeo Cabrera/Jessica Ávalos/Estela Henríquez/Amílcar Mejía/German Rivas/Suchit Chávez/ Karla Ramos/Tania Membreño.08 de Abril. Tomado de La Prensa Grafica.
La jueza aplicó dogmáticamente la ley porque es lo que les enseñan en la Escuela de Capacitación Judicial, no a interpretar.”
Ulices Guzmán, magistrado CSJ
Mal haría expresar mi opinión y poner todo el peso político a favor o en contra. Que reac- cione el periódico. Yo ya no soy periodista.”
Mauricio Funes, presidente de la República
Ha habido un exceso de la jueza. Siempre creí que ella estaba cumpliendo la ley; pero había manera de evitar la sanción.”
Guillermo Gallegos, vicepresidente del congreso, GANA
No basta con conocer la ley para ser juez, también hay que tener criterio para interpre- tarla y aplicar la norma jurídica.”
Rodolfo Parker, diputado PDC
El fallo judicial es un precedente nefasto. Es un atentado contra la libertad de expresión y contra la democracia de este país.”
Mario Ponce subjefe de bancada PCN
Esperaría que esto sea un incidente aislado. Lo más importante de todo es que vivimos en un sistema legal y hay que respetar las leyes.”
Sigfrido Reyes, vicepresidente del congreso, FMLN
Esa es una decisión judicial que la jueza basa en la ley y crite- rio. Existen mecanis- mos para que acudan a otras instancias.”
Manuel Melgar, ministro de Justicia y Seguridad Pública
Mi sentido común me dice que lo que prima es la aplicación de la ley y que si la jueza la aplicó, está en el estricto derecho de hacerlo.”
Leonor Calderón Fondo de Población de las Naciones Unidas
Sanciones como estas solo se observan en países antidemocrá-ticos y no deben repetirse porque cons-tituyen un retroceso a la institucionalidad del país.”
Un fallo judicial de este tipo puede marcar el inicio de una serie de acciones de hostigamiento e intimidación contra los periodistas y los medios.”
Esto nos hace retomar conside-raciones más amplias en torno al sistema, y es que debe haber una percepción de que realmente se imparte justicia.”
La condena de la jueza María Isabel Ponce contra LA PRENSA GRÁFICA causó diversas reacciones. La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) calificó la sentencia como “una clara persecución al ejercicio periodístico y una censura que coarta este derecho fundamental, base de nuestra democracia”.
La gremial empresarial asegura que la condena “atenta de manera directa contra el principio fundamental de la libertad de expresión, así como el derecho de los ciudadanos de informarse y conocer la verdad”.
La ANEP hace un llamado a los jueces para que sus “actuaciones sean respetuosas de los derechos fundamentales” y hagan prevalecer el derecho de la ciudadanía honrada sobre los delincuentes.
La Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (ASDER), por su parte, externó su preocupación, por lo que considera un “mal precedente que atenta contra la libertad de expresión y el derecho de la sociedad de estar informada”; y advierte que el fallo puede llevar a los periodistas y medios de comunicación salvadoreños “a sentirse limitados o empujados a practicar la autocensura por temor a persecuciones o sanciones judiciales”.
La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), por su parte, también censuró la decisión judicial. “No la compartimos porque suma al ambiente de impunidad que existe en el país, erosiona la confianza en el sistema judicial y porque lo que vemos es una aplicación simplista de la ley”, afirmó Claudia Umaña, directora del departamento de asuntos legales de FUSADES.
Presidente se abstiene
El presidente de la República, Mauricio Funes, quien en su momento objetó el proceso judicial contra LA PRENSA GRAFICA, hoy guarda silencio. “Yo soy presidente del Ejecutivo, y debo respetar la independencia de los Órganos del Estado, no tengo que pronunciarme sobre la decisión que toma una jueza en el ejercicio de su cargo como aplicadora de justicia”, zanjó Funes.
El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Manuel Melgar, también se suma al silencio del jefe de Estado. “Nosotros somos respetuosos de las decisiones de la autoridad competente”, dijo. Pero reconoció que hay instancias superiores a la de la jueza en las que se puede recurrir en caso de una inconformidad con el fallo.
El vicepresidente del congreso y diputado del partido en el gobierno, Sigfrido Reyes, del FMLN, asegura que la jueza actuó con base en la ley. “Yo esperaría que esto sea un incidente aislado, pero lo más importante de todo es que vivimos en un sistema legal y hay que respetar las leyes”, advirtió.
Leonor Calderón, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), consideró que la jueza está en el estricto derecho de aplicar la ley, que es lo que prima al considerar el caso. “No estoy facultada para opinar sobre las aplicaciones de la ley salvadoreña, pero mi sentido común me dice que lo que prima es la aplicación de la ley”, dijo.
Para el magistrado de Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Ulices del Dios Guzmán, “sí hay una colisión de derechos”, ya que no hubo “una interpretación” entre las garantías que posee el imputado menor de edad y “las garantías de la sociedad en general”. Valoró de incoherencia que la ley mencione a los medios de comunicación.
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