LPG-¡Ay, señora Jueza!

Leo con atención las consideraciones que usted tuvo a bien remitir, el pasado 22 de marzo, “a los medios de comunicación, juristas, empresarios y público en general” (sic), y lo que encuentro allí, con todo respeto, es mucho legalismo, pero poca legalidad; evidente deseo de aplicar la pura letra de la ley, junto a una muy escasa voluntad de respetar el espíritu de la misma; reacciones (incluso emocionales) ante el enfado público causado por su proceder como funcionaria, pero casi nula referencia a la innegable colisión de derechos que su oficina, con razones jurídicas y sentido común, debía evaluar.

Escrito por Federico Hernández Aguilar. 23 de Abril. Tomado de La Prensa Gráfica.

 

Duele, señora Jueza, nuestro sistema de justicia. Duele mucho. Y parece que nos seguirá doliendo por un buen tiempo. A él –a ese sistema judicial que usted representa– desearíamos acudir los salvadoreños para encontrar respuestas ágiles, contundentes e inequívocas que alivien nuestro dolor cotidiano: la violencia. Pero no. Ante criterios como el suyo, señora Jueza, lo que queda es la conformidad, la indignación o la repugnancia.

Algo está podrido en nuestro sistema de justicia cuando bastan pocas semanas (vacaciones de por medio) para que se aplique una sanción económica contra un medio de comunicación –cuyo “delito”, en suma, fue documentar la identidad de un criminal menor de edad–, y a estas alturas todavía estemos a la espera de que otro juez –haciendo honor a su propio concepto de diligencia– imponga la pena respectiva a un asesino capturado en flagrancia.

Leo con atención las consideraciones que usted tuvo a bien remitir, el pasado 22 de marzo, “a los medios de comunicación, juristas, empresarios y público en general” (sic), y lo que encuentro allí, con todo respeto, es mucho legalismo, pero poca legalidad; evidente deseo de aplicar la pura letra de la ley, junto a una muy escasa voluntad de respetar el espíritu de la misma; reacciones (incluso emocionales) ante el enfado público causado por su proceder como funcionaria, pero casi nula referencia a la innegable colisión de derechos que su oficina, con razones jurídicas y sentido común, debía evaluar.

El resultado de haber terminado aplicando el legalismo (salpicado de prejuicios) que usted exhibe en su carta le llevó a establecer una sanción pecuniaria que se vuelve, en los tiempos que corren, doblemente simbólica: Por una parte, la advertencia a la prensa nacional de que su trabajo de informar a la población tiene, por límite, la espada de Damocles de un sistema judicial que relativiza con facilidad el derecho a informar y a ser informado. Por otro lado, el mensaje a los delincuentes (activos o potenciales) de que ser menor de edad, al menos en El Salvador, es un requisito indispensable para hallar el “favor” judicial, incluso por encima del derecho que tenemos el resto de ciudadanos de ser protegidos contra el crimen.

Habiendo tenido en sus manos, señora Jueza, la posibilidad de sentar un precedente histórico, su condena a LA PRENSA GRÁFICA se convierte ahora en el peor de los antecedentes. Las imágenes de “niños” que han matado con crueldad a otros menores estarán irremisiblemente vedadas al público, mientras que las aplicaciones literales de la Convención sobre los Derechos del Niño harán –usted lo verá– que las pandillas se vuelvan cada vez más “juveniles”, es decir, que recluten con preferencia “estratégica” a chicos por debajo de los 17 años. Después de todo, ¿qué mente malévola no aprovecharía los amparos legales de que gozan en nuestro país los menores infractores para usarlos, con mayor frecuencia, como carne de cañón?

Es muy discutible, señora Jueza, que el derecho a la intimidad, en el caso de delincuentes menores de edad, sea “absoluto” en relación con el derecho a informar que tienen los medios de comunicación. De lo que sí no cabe duda es que la Libertad de Expresión (así, en mayúsculas) se ve amenazada cada vez que un funcionario judicial emite sanciones como la suya.

Entre los diez principios que consigna la famosa “Declaración de Chapultepec” –un documento cuya lectura le encarezco–, hay dos que quisiera meditara. El 5º: “La censura previa, las restricciones a la circulación de los medios o a la divulgación de sus mensajes, la imposición arbitraria de información, la creación de obstáculos al libre flujo informativo y las limitaciones al libre ejercicio y movilización de los periodistas, se oponen directamente a la libertad de prensa”. Y el 10º: “Ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad”.

Ante esta colisión de derechos, señora Jueza, LA PRENSA GRÁFICA no representaba al empresariado salvadoreño o a una gremial de periodistas; ni siquiera a la familia del joven que perdió la vida bajo el cuchillo despiadado de Jonathan. En este complejo caso, mucho me temo, el periódico que usted ha condenado representaba a una ciudadanía harta de esos legalismos que mantienen en conveniente anonimato a los criminales más peligrosos, mientras las víctimas son enterradas por sus allegados en medio de la más amarga impotencia.

¿Estuvo usted consciente de lo que nos estábamos jugando los salvadoreños a partir de su resolución? ¿Lo estuvo, señora Jueza? Porque si así fue, ese choque de derechos y libertades de que hablo tendría hoy que hacerla reaccionar, a usted y a todos los jueces que de verdad quieran plantear soluciones al grave problema delincuencial, para que se pronuncien por leyes penales juveniles apegadas a la realidad que tenemos.

Si después de atentar contra la libertad de expresión y de información de los salvadoreños, usted no se atreve (siquiera) a hacer este urgente llamado a sus colegas, el fallo condenatorio más importante será el de la opinión pública. Y ese fallo, señora Jueza, sí que resulta inapelable.

¡Ay, señora Jueza!