Si el “sospechoso de ser ilegal” no prueba que reside legalmente se le aplicaría una multa de $500 mínimo y cárcel hasta por seis meses. Si se determinara que es ilegal, sería entregado a las autoridades federales para que lo deporten.
Escrito por Sergio Muñoz Bata.22 de Abril. Tomado de La Prensa Gráfica.
El propósito declarado de los promotores del proyecto de ley que esta semana podría ser finalizado en el Senado estatal de Arizona es ponerle coto a la inmigración ilegal. Para la comunidad latina, sin embargo, esto no es sino un nuevo y brutal asalto del partido republicano estatal en su contra.
Si la gobernadora Jan Brewer llegara a convertirlo en ley (a la hora de terminar esta columna no se sabía si lo aprobaría), es poco probable que los cuerpos policíacos del Estado estén en condiciones de cumplir un mandato excesivo, impracticable y sumamente costoso.
De lo que no cabe duda es que, de convertirse en ley, la vida diaria de las personas de tez morena que hablen el inglés con acento, que se atreven a hablar en español cuando van a trabajar, cuando llevan a los niños a la escuela o cuando van a la iglesia, se volvería insoportable. El 30% de la población del estado es de origen hispanoamericano.
El texto del proyecto de ley SB 1070 establece que cuando las autoridades estatales tengan una “sospecha razonable” de que un “forastero” se ha introducido “ilegalmente” a Estados Unidos “deben intentar, dentro de lo posible, determinar su status migratorio” y proceder conforme marca la ley. Si el “sospechoso de ser ilegal” no trae consigo prueba de que reside legalmente en el país se le aplicaría una multa de $500 mínimo y cárcel hasta por seis meses. Si se determinara que es ilegal, sería entregado a las autoridades federales para que sean estas quienes le deporten.
También incurriría en un delito quien “a sabiendas o de forma temeraria” hace caso omiso de la condición migratoria de una persona y le transporta de un lugar a otro. La ley también facultaría a cualquier ciudadano a demandar a las autoridades que, a su juicio, no estén cumpliendo con su nueva obligación. (mis entrecomillados).
En pocas palabras, lo que la legislatura de Arizona pretende es forzar a las policías estatal y municipal a que, basados en el color de la piel y en el posible origen étnico o nacional de una persona procedan a interrogarle y a pedirle que demuestre su derecho a estar en Arizona con un documento de identidad que ningún ciudadano legal tiene.
Curiosamente, una instancia semejante de uso de perfiles raciales en 2001 llevó al presidente George W. Bush a prohibirle a las autoridades federales utilizarlos bajo el supuesto de que las personas de ciertas razas u orígenes étnicos eran más propensos a cometer delitos. “MALDEF”, me dice Thomas A. Sáenz, presidente de la organización defensora de los derechos de los inmigrantes, “entablaría su demanda basado en la preeminencia del gobierno federal en asuntos de inmigración y también porque la Enmienda 14 a la Constitución prohíbe el uso de perfiles raciales como criterio de detención por considerarlos una forma de discriminación racial”.
Así las cosas, lo más probable es que el renovado asalto a la comunidad no sobreviva la ofensiva legal. Lo malo, sin embargo, es que la exagerada beligerancia de la legislatura en Arizona mina la posible legitimidad del reclamo de aquellos que sienten el peso del trayecto de los indocumentados por el estado. Es un hecho irrefutable que el refuerzo de la seguridad fronteriza en California y en Texas ha dejado vulnerable a Arizona. También es cierto que los migrantes dejan huellas indeseadas de su paso y que los que encuentran trabajos establecen ahí su residencia generando costos por servicios a las municipalidades.
Tampoco se puede negar que los narcotraficantes han utilizado la ruta de Arizona como punto de cruce preferido. Pero nada de esto justifica la promulgación de una ley que afectaría de manera tan dramática a los residentes legales, a los nacionalizados e incluso a los latinos nacidos en Estados Unidos.
Otra indeseable consecuencia del infortunado proyecto de ley es que cuando se plantea así el debate se enturbia aún más la posibilidad de lograr una reforma migratoria integral en el Congreso que haría viable un flujo legal y ordenado de inmigrantes a este país porque polariza a la población.
Hoy que el número de migrantes a EUA ha disminuido; que los controles migratorios en la mayor parte de la frontera sur se han reforzado; que los sistemas para determinar el status migratorio de un empleado han mejorado y que no hay manera humanamente posible de deportar a millones de personas que ya han hecho su vida aquí, los congresistas republicanos de Arizona deberían encabezar la lucha por la reforma migratoria integral que verdaderamente les ayudaría a conservar el orden en su frontera y dejarse de acosar a la comunidad latina.
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