EDH-Leyes para silenciar a los medios

Además de las "fuertes y serias" regulaciones que pretende el Ministerio de Educación, la autocensura que postula Gobernación y la penalización de la crítica periodística, el Movimiento para la Comunicación Democrática está pidiendo una ley que venga a crear un "marco regulatorio" en la radio y televisión salvadoreñas. Una de sus solicitudes apunta al acceso a medios en Internet, que no está restringido. A lo anterior se suma el acoso de los jueces de menores, como el caso de LPG

03 de Abril. Tomado de El Diario de Hoy. 

 

Desde junio de 2009, con la llegada del FMLN al poder, los medios de comunicación han enfrentado una marea de propuestas y sugerencias de censura, las cuales llegarían a través de nuevas leyes. Estas iniciativas han surgido desde los ministerios de Educación y Gobernación, además de negociaciones entre el destituido titular de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget), Tomás Campos, con el Movimiento para la Comunicación Democrática (MCD), que constantemente ha cambiado el discurso en la pretensión de un mecanismo de regulación de la radiodifusión salvadoreña.

Por si eso fuera poco, los comunicadores también deben sumar que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) está analizando si confirma o no la legalidad del Artículo 191 del Código Penal, el cual contempla la despenalización de la critica periodística; y, más recientemente, el acoso de los jueces de menores.

Esas mociones son acompañadas de organizaciones que integran a periodistas independientes, quienes han buscado, a través de diversas legislaciones, regulaciones a los medios de comunicación existentes en Latinoamérica, tal es el caso de países integrantes de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).

En El Salvador, en un inicio el MCD promulgó una reforma a la Ley de Telecomunicaciones, con la idea de abrir el espectro radiofónico, lo cual ha sido rechazo por la Asociación Salvadoreña de Radio Difusores (Asder), que ha manifestado que la ley es democrática y funciona.

Sin embargo, el MCD, después de la visita en febrero del Relator de Libertad de Expresión de las Naciones Unidas, el guatemalteco Frank La Rue, inició una nueva estrategia, desde la cual contempla una ley que permita la regulaciones a la radio y televisión en el Internet.

La Rue prometió acompañar un diálogo y consulta nacional, ante la solicitud del MCD, que sugiere "un marco regulatorio para la radiodifusión salvadoreña, que incluya una consulta sobre el proceso de digitalización de las frecuencias y el diseño de una propuesta de ley de radio y televisión, en el que participen los actores involucrados en el quehacer de la comunicación, como son: los medios de comunicación estatales (que pueden estar representados por la Secretaría de Asuntos Estratégicos y la Siget), los medios comerciales, representados por Asder; el MCD, universidades y otros actores interesados".

El MCD denuncia que en el espectro radioeléctrico nacional existen más de 120 radios comerciales, "la mayoría con una frecuencia para cada una de esas radios. Por otro lado, hay 21 radios comunitarias, cuya finalidad es servir a la comunidad en la que se encuentran, y funcionan en una sola frecuencia (92.1 FM), segmentada para todas", lo cual no lo consideran democrático.

No obstante, Pedro Leonel Moreno, presidente de Asder, sostiene que la ley es democrática ya que no le niega a ningún salvadoreño ser propietario de una radio.

"No hay razón de una revisión. El problema en la actualidad es que el dial está prácticamente distribuido y hay un estudio que indica que es difícil seguir otorgando más frecuencias, respetando la separación que estipula la ley. Sin embargo, sí hay algún espacio disponible dentro del dial, como sí lo hay en AM. Cualquier ciudadano puede optar a él cumpliendo con los requisitos de ley, pero no sería justo que por complacer a un determinado grupo social, sean despojados aquellos concesionarios que durante años vienen trabajando comercialmente su frecuencia", argumentó Moreno.

La solicitud del MCD se respalda en el documento: "Los Principios para un marco regulatorio democrático sobre radio y TV comunitaria", de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC).

El estudio es "una guía para la elaboración, aprobación e implementación de regulaciones sobre radiodifusión comunitaria que sean compatibles con los estándares internacionales de Derechos Humanos y el más amplio respeto a los derechos a la comunicación e información y la libertad de expresión".

Esta valoración puede ser válida, según Moreno, pero ya está contemplada en la ley de la Siget.

"Creo que la política pública y los marcos regulatorios para la radiodifusión y la televisión contemplados en la ley de la Siget son compatibles con los estándares internacionales. No es necesaria una reforma ni una nueva ley", argumentó.

En diciembre de 2009, Jorge Hernández, vicepresidente de Noticieros de la Telecorporación Salvadoreña (TCS), apuntó que "la comunicación democrática es un disfraz que sirve como excusa para torcer lo que comúnmente se conoce la libertad de expresión, libertad de prensa y es para que vía decreto, vía leyes hechas a las medidas, se pueda serruchar la democracia tratando de buscar medios que ideológicamente promulguen un tipo de sociedad que no es la que queremos en El Salvador".

Las declaraciones de Hernández se sumaron a las de diversos directores de medios que cuestionaron el cabildeo que había realizado el MCD con la Siget.

El Presidente Mauricio Funes tuvo que responder a los medios asegurando que su gobierno "no está buscando reformar la ley y mucho menos, del propósito de la reforma, que es bajo la figura de la democratización del espacio radiofónico controlar el trabajo de los medios de comunicación".

De esta manera, Funes trató de zanjar el tema, pero el MCD pide que "se reforme y distribuya el espectro radioeléctrico entre los tres sectores de las comunicaciones (estatal/público, comercial y comunitario) para garantizar un mayor beneficio social de un bien que es de todas y todos los salvadoreños".

Asder se respalda en los "Criterios y principios orientadores para legislación sobre radiodifusión", que son el resultado de una recopilación de distintos documentos, estudios, declaraciones y pronunciamientos que integran la "Doctrina de la Radiodifusión privada y libre forjada por la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR)".

El documento de la AIR, que en la actualidad representa a más de 17,000 emisoras privadas de radio y televisión en América, Asia y Europa y es una organización de carácter consultivo ante las Naciones Unidas, Unesco, y Miembro de Sector de la Unión Internacional de Telecomunicaciones; contempla apartados que coinciden con las solicitudes de la MCD.

Por ejemplo, la AIR sostiene que "la radiodifusión es, por su naturaleza, actividad privada. En forma excepcional podrá reservarse previamente un limitado número de canales para que éstos sean operados por el Estado o por personas de Derecho público. Esta actividad no puede ser monopolizada por el Estado ni por otras personas de Derecho público o privado".

A lo anterior se puede sumar el primer principio de la Declaración de Chapultepec, promulgada por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el cual subraya que "no hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y de prensa. El ejercicio de ésta no es una concesión de las autoridades; es un derecho inalienable del pueblo".

Además, el Artículo 5, sostiene que "la censura previa, las restricciones a la circulación de los medios o a la divulgación de sus mensajes, la imposición arbitraria de información, la creación de obstáculos al libre flujo informativo y las limitaciones al libre ejercicio y movilización de los periodistas, se oponen directamente a la libertad de prensa".

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