La resolución de un juez debe ser susceptible de ser revelada ante la opinión pública, cosa que, en ningún momento, busca exaltar o acabar a un funcionario del sistema judicial
Escrito por Ricardo Chacón. 25 de Abril. Tomado de El Diario de Hoy.
El llamado "superjuez" español, Baltasar Garzón, está en la picota judicial; se le acusa de prevaricación en una investigación sobre los crímenes y desapariciones del franquismo y por excederse en sus competencias.
El tema es complejo y no se sabe en qué finalizará, pero he traído este caso a cuenta para señalar que ni los jueces, como tampoco los periodistas, están excluidos no sólo para cumplir la ley sino cuando se les acuse de un delito tienen que ir al juzgado a dirimir los cargos.
Nadie está, o no debería estar, por encima de la ley, como tampoco nadie puede arrogarse que su ámbito de acción, bien sea personal o profesional, es mejor o peor que el realizado por sus semejantes. La labor de los operadores de justicia como el trabajo del periodista en ningún momento deben ser entendidos como contrapuestos; en todo caso se trata de dos profesiones, dos saberes diferentes.
A diferencia de lo que opina un colega periodista que interpreta como "ataque" y "campaña" de los medios de comunicación contra algunos jueces, la cobertura informativa sobre la decisión de una jueza, y ahora el desatino de la instancia superior de justicia de menores, respecto a la publicación de la foto de un menor que comete un asesinato, es importante y debe dársele la mayor difusión posible, porque es un hecho noticioso de máximo interés público.
Es relevante porque muestra a un sistema judicial, a través de algunos de sus operadores, impartiendo justicia sobre las formas mientras deja de lado lo fundamental, lo esencial.
Insisto, no se trata de ninguna orquestada campaña de desprestigio contra el sistema judicial o sus operadores, no es esa la finalidad ni la función de un medio de difusión serio, se trata de informar lo más ampliamente posible sobre un hecho noticioso que pone en entredicho la recta aplicación de la justicia.
Se le impone una multa a La Prensa Gráfica porque publicó la foto de un menor que momentos antes había quitado la vida a otro, para obtener un trofeo; poco o nada se sabe de este proceso judicial.
El periódico apela la decisión de la jueza ante la Cámara de Menores de la Primera Sección del Centro, y esta determina efectuar un careo entre el acusado del homicidio, sus padres, sus abogados, con los padres de la víctima, sus abogados, la fiscalía y el representante de La Prensa Gráfica.
Este caso, al igual que el del juez Garzón, no se sabe en cómo terminará, lo que sí es diferente a lo que ocurre en El Salvador, es que en España quedan claras dos cuestiones: una, las cosas judiciales, aunque estén fuertemente mediatizadas y el debate sea intenso en la opinión pública, se define en las instancias judiciales; las instituciones de justicia no sólo son fuertes y maduras sino también están regidas por leyes claramente establecidas.
Y dos, aunque el debate sea intenso y fuerte, los medios de comunicación no son más que eso, medios que, por un lado, tienen como finalidad informar sobre los hechos, y por otro, ser el espacio donde expongan sus posiciones las partes; en ningún momento se ha puesto en discusión, por lo menos en España, que los medios desarrollan una campaña para "exaltar o acabarse" al juez Garzón.
En todo caso en cualquier democracia madura, donde las instituciones son fuertes y las leyes se cumplen a cabalidad, si un juez, o un funcionario se siente "agredido" por un medio de comunicación o siente que ha sido calumniado o existe una ofensa, de inmediato recurre a los tribunales, con la ley en la mano, no se escuda detrás de pronunciamientos gremiales.
¡Cuánto nos queda por avanzar!
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