Contra Punto-Seguridad y soberanía alimentaria en El Salvador

Escrito por Alejandro Álvarez.24 de Abril. Tomado de Contra Punto.

Sobre los pasos a dar para garantizar la soberanía alimentaria em el país, frente a las medidas adoptadas ante el tema desde hace mas de 20 años

SAN SALVADOR-Los trágicos eventos del recién pasado huracán Ida fueron sucesos que, de manera esporádica, nos hicieron volver la mirada al campo salvadoreño y a las zonas rurales del país. Pasados estos hechos, el campo y el medio rural de El Salvador, pasan a segundo plano.
Dentro de ese mar de noticias que a diario inundan los medios de comunicación, hubo una que pasó sin pena ni gloria y sólo mereció una breve mención noticiosa en algunos informativos del país, y es que el 8 de marzo, día de la mujer o la mujer trabajadora en otros países, es también considerado por algunos sectores rurales y agropecuarios salvadoreños como “día de la lucha por un nuevo agro con soberanía alimentaria en El Salvador”. En el marco de esa celebración, unos 3,500 campesinos y campesinas, aglutinados en la Asociación Nacional de Trabajadores Agropecuarios, ANTA, llegaron a Casa Presidencial para entregar al presidente de la República una propuesta en la que se reconozca identidad de la mujer rural, y otra en la que se pide la construcción de un nuevo agro con un modelo de soberanía alimentaria.
La movilización de este grupo de campesinos y campesinas, llama la atención hacia un aspecto prioritario: el de la seguridad y soberanía alimentaria. Temas paralelos el uno con el otro y que deberían estar en la mira de la gestión del actual gobierno; pero del cual, lamentablemente, aún esperamos cuál será su plan de trabajo para en lo que resta de su gestión.
Seguridad alimentaria
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, seguridad alimentaria es la capacidad de las personas de tener “acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana”.
Lograr el acceso a los alimentos, básicamente, se obtiene a través de dos posibles vías que, a su vez, serían perfectamente combinables. La primera es obtener todos los alimentos a través de la producción local. La segunda, comprarle al mercado externo. Para nadie es ajena la expresión de que nuestro “vergel” es Guatemala o que “nuestras carnes” vienen de Nicaragua. Basta un breve recorrido por los supermercados de todo el país, y en buena parte de los mercados locales, para ver dónde se originan una enorme cantidad de los alimentos que consumimos.
Ahora bien, para el caso de El Salvador, el tener una mayor apertura comercial que permita importar los alimentos necesarios, ha traído consigo el paulatino desmantelamiento del sector agropecuario nacional y crear, año con año, una mayor dependencia de los alimentos traídos fuera de nuestras fronteras patrias.
En 1999, el monto de importaciones referidas al concepto de “Animales Vivos y Productos del Reino Animal Productos del Reino Vegetal”, que son básicamente la mayor parte de los alimentos, fue de más de 275 mil dólares, y en el 2008 este monto había crecido a 725 mil dólares, es decir, que en 9 años las importaciones de este rubro casi se triplicaron.
Paralelamente, el comportamiento del Producto Interno Bruto agropecuario, se mostró errático y con fuertes vaivenes en muchos de los sectores que lo componen. Así, el aporte que el PIB agropecuario realizó al PIB total en 1999, representó un 13 por ciento, llegando a su punto más crítico en el año 2003 con una participación de un poco más del 11 por ciento, y apenas en el 2008 logró superar los niveles de nueve años atrás, aportando al PIB un poco más del 13 por ciento. Esto plantea que, mientras las importaciones de alimentos han crecido sistemáticamente, el comportamiento de todo el sector agropecuario, que debería de producir los alimentos del país, se mantuvo en una crisis productiva durante el período 1999 – 2008.
Los gobiernos de los últimos 20 años, si bien garantizaron, en cierta medida, el acceso a los productos alimenticios a costa del deterioro del sector agropecuario salvadoreño, condenaron a la pobreza un significativo grupo de familias que dependen de la actividad agropecuaria, que, básicamente, se desarrolla en el área rural del país. En 2008, la tasa de desempleo más alta del país era la de las zona rural con más del 6% y a su vez casi el 50 por ciento de los hogares rurales vivía en pobreza, es decir, 5 de cada 10 hogares era pobre.
De acuerdo al informe “Incremento de precios en productos básicos 2007 – 2008 del Centro para la Defensa del Consumidor, CDC, para el 2008, el costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) fue de $159.90 en el área urbana, lo que representó el 87 por ciento del salario mínimo pagado al sector de Comercio y Servicios y un 98 por ciento para el pago al sector Maquila. Para el área rural, se presentó un comportamiento distinto. El costo de la CBA rural fue de $118.80, lo que equivalió a un 138 por ciento del salario mínimo rural, es decir, hay un déficit en el ingreso rural que deja en evidencia la precariedad de la alimentación en estas zonas geográficas y en donde por excelencia las actividades agropecuarias son mayoría.
En síntesis, la seguridad alimentaria en El Salvador ha sido suplida con una mayor importación de alimentos. Ello ha resultado en el deterioro del campo salvadoreño, y una creciente escalada en el costo de la Canasta Básica Alimentaria. La situación es más crítica en el área rural del país, donde los salarios no alcanzan para suplir los alimentos necesarios para la subsistencia de los hogares. Por tanto, la seguridad alimentaria sigue siendo una tarea pendiente.
¿Qué hay de la soberanía alimentaria?
Sobre este aspecto, vale señalar, la soberanía alimentaria fue planteada por la Vía Campesina durante el Foro Mundial por la Seguridad Alimentaria, evento paralelo a la Cumbre Mundial de la Alimentación de la FAO, en 1996. La soberanía alimentaria se plantea desde una óptica “de los pueblos, de sus países o uniones de Estados a definir su política agraria y alimentaria, sin dumping frente a países terceros. El derecho de los campesinos a producir alimentos y el derecho de los consumidores a poder decidir lo que quieren consumir y, cómo y quién se lo produce”. La soberanía alimentaria incluye dos aspectos importantes. Uno es priorizar la producción agrícola local; y dos, el acceso a créditos, tierra, semillas y agua.
Se trata de un tema de política pública sobre la alimentación y acceso a los recursos necesarios, para garantizar una vida digna en el campo. Evitar las malas prácticas comerciales; el respeto a las decisiones de los pueblos sobre el qué, cómo y para quién producir. Así como informar a la población consumidora sobre los alimentos que deseen adquirir. En este sentido, el IV Censo agropecuario 2007 – 2008, da luces sobre el comportamiento de las variables que intervienen en lograr la soberanía alimentaria.
En primer lugar, vale destacar el incremento de un poco más del 45 por ciento de los productores agropecuarios en el período de 1971 a 2007. De ellos, más del 80 por ciento eran pequeños productores, y el restante eran productores comerciales. Del grupo de productores con fines comerciales, sólo el 3 por ciento eran grandes productores. Es decir, un primer elemento que se acentúa es que – si bien es cierto existe un crecimiento en la cantidad de productores –  estos se dedican a actividades de subsistencia.
Como segundo punto vale señalar el tema de los créditos. Según el censo referido, en 1971 sólo 124 productores (0.05 por ciento del total de productores), tuvo acceso al crédito y para el 2007 la cifra subió a 41,189 (10 por ciento). Podría considerarse un cambio sustancial, dado que ahora accede a más créditos, pero el panorama cambia si se ubica cuál es la fuente de financiamiento, en donde el 37% tuvo que recurrir a “otras fuentes de financiamiento”, donde los “prestamistas locales” son los mayores proveedores de crédito.
En el caso del acceso a tierra, el IV Censo agropecuario nos muestra que hubo un incremento en la tierra destinada al cultivo. Así, en el 2007, el total de tierra cultivada llegó a un poco más de las 985 mil manzanas, reduciendo las tierras en descanso y la dedicada a pastos estacionales. Dentro de los cultivos que experimentaron un crecimiento en su área cultivable destacan los granos básicos, seguido de las hortalizas y, finalmente, los frutales. Es decir, el mayor incremento se da en cultivos que mayoritariamente son destinados a la subsistencia.
Si se apareja la cifra de los tipos de cultivos y la tipología de los productores, estaríamos ante un crecimiento de los pequeños productores que dedican gran parte de su trabajo a cultivos de subsistencia, como lo son los granos básicos.
Actualmente, de las tierras disponibles para las actividades agropecuarias – las cuales son más de 1.3 millones de manzanas – más de 750 mil se destinan al cultivo. De ellas, sólo el 5 por ciento dispone de acceso a riego, lo que implica que más del 90 por ciento de las tierras para cultivo dependen exclusivamente de las condiciones climáticas para poder ser cultivadas, dejando más vulnerable el sector agropecuario, ante un panorama mundial en donde el cambio climático ya se está haciendo sentir.
En el caso de El Salvador, el comportamiento deprimido del sector agropecuario durante los últimos años y la creciente importación de alimentos ponen de manifiesto que no ha existido ni siquiera un esbozo al respecto del tema de la soberanía alimentaria. La preocupación principal ha sido la de abastecer el mercado interno, pero sin que esto implique un compromiso con la autosuficiencia nacional de alimentos.
Una política pública de soberanía alimentaria, implicaría una coordinación ministerial nunca antes vista, que no sólo potenciaría al sector agropecuario, sino también a toda el área rural, traduciéndose en un verdadero desarrollo rural.
Si bien es cierto, el Programa de Gobierno, presentado durante la campaña política por el entonces candidato a la presidencia Mauricio Funes, incluye un apartado claro sobre una “política de rescate agropecuario, soberanía y seguridad alimentaria”, esta podría quedar en entre dicho, si se mantienen los actuales Tratados de Libre Comercio con los EE.UU o si se suscriben los que actualmente están en negociación con la Unión Europea, ya que estos supedita la soberanía alimentaria a lo pactado en dichos acuerdos, facilitando más la importación de alimentos, en muchos casos con fuertes subsidios directos o indirectos y, que deja en clara desventaja a los productores locales, manteniendo la fuerte dependencia con otros países para alimentar a la nación salvadoreña.
A la luz de lo que se entiende por soberanía alimentaria, la propuesta de ANTA plantea, a grandes rasgos, medidas de política pública como “una política de tenencia de la tierra, lo que pasa por la legalización de aquellas propiedades que aun no se escrituran y de revisar las casos de los terratenientes que no entregaron las tierras de conformidad a la reforma agraria… impulsar medidas como una política de financiamiento, en el que las y los campesinos tengan acceso al crédito, para lo que es necesario crear la banca de desarrollo, generar una política de comercialización, en la que se tenga la oportunidad de un mercado más justo con la participación directa del estado, y la implementación de una política de subsidios a la producción agrícola”.
La soberanía alimentaria – o simplemente ser una nación autosuficiente para producir sus propios alimentos, de manera sustentable y sostenible de acuerdo a las necesidades de la nación –  es un planteamiento altamente comprometedor hacia el campo salvadoreño y con el futuro del país; es por ello un tema tan complicado y complejo de abordar, pero con grandes implicaciones sino se hace nada al respecto. Es simple entenderlo:
“SIN CAMPO, NO HAY COMIDA”.

Seguridad y soberanía alimentaria en El Salvador