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2010/04/25

Contra Punto-“La protección ambiental no está desvinculada de la protección de la gente”

 El eje fundamental de las autoridades del ministerio del Medio Ambiente es la reducción de riesgo, esto es, evitar o disminuir la posibilidad de que más personas mueran por deslaves u otro tipo de desastres “naturales”.

Escrito por Magdalena Flores. 25 de Abril. Tomado de Contra Punto.

SAN SALVADOR – Cada vez más la Tierra está siendo degradada por sus mismos habitantes, quienes por el afán de crecer y desarrollarse no miden las consecuencias de sus decisiones y el impacto que tienen en el ecosistema.

Cada 22 de abril se conmemora el Día la Tierra, celebrado por primera vez el 22 de abril de 1970 en Estados Unidos, pero fue hasta el año pasado que la Asamblea General de las Naciones Unidas lo declaró como día “Internacional de la Madre Tierra”.

A pesar de ello, cada vez el planeta se deteriora más, los desastre aumentan y también las cifras de muertos. El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Herman Rosa Chávez, considera que la protección ambiental no puede estar desvinculada de la protección de la gente.

“Este gobierno tiene como filosofía central la atención prioritaria a la gente más vulnerable”, dice Rosa Chávez, en entrevista con ContraPunto.

¿Cómo ve la situación del medio ambiente en el país?

La problemática ambiental en El Salvador se ha venido agravando en las últimas décadas, y en estos diez meses no podemos decir que esa situación cambió radicalmente porque no es eso lo que prometimos.

Lo que nosotros prometimos fue que íbamos atender algunos problemas muy sentidos por la población a los que no se les había dado una solución; también dijimos que íbamos a empezar a construir el ministerio que demandaba esa problemática porque este ministerio no había asumido el mandato que la ley le establecía.

También dijimos que íbamos a tratar de apoyar la construcción de una masa crítica de ciudadanos interesados en vencer este problema, porque la problemática en El Salvador tiene tal gravedad que el Estado por sí mismo no va a poder frenar estos procesos de degradación ambiental, sino es con la participación plena de la ciudadanía.

Ese es nuestro gran objetivo: frenar para luego comenzar a revertir el proceso de degradación.

Cuando nosotros definimos nuestra agenda prioritaria nosotros dijimos que el tema central para nosotros era la reducción de riesgo, y en esa línea nosotros hemos formulado un Programa Nacional de Reducción de Riesgos que tienen varios componentes.

¿Cuáles son esos componentes?

Tiene que ver con el fortalecimiento del monitoreo, por ejemplo vamos a aumentar el número de estaciones. En el caso de San Salvador más que duplicar el número de estaciones (de monitoreo) que están en el área metropolitana vamos a tener una estación en el picacho por ejemplo. Es precisamente pensando cómo podemos anticipar un deslizamiento. Así vamos a colocar estaciones en otros lados, en La Cima etc.

Nosotros estamos fortaleciendo nuestra capacidad de análisis para poder analizar mejor y más rápidamente los datos. Identificar aquellas zonas que requieren atención especial y toda esa información la vamos a volcar en una plataforma, en lo que nosotros estamos llamando el “Atlas dinámico de riesgos de el país”.

La idea es que esta  información la tengan disponible todos los actores institucionales, por supuesto Protección Civil, y que de manera dinámica estén brindando información para poder priorizar mejor la respuesta, porque los riesgos van cambiando. Vamos también a fortalecer las redes de observadores locales, que es trabajar directamente con la gente.

El Programa Nacional de Reducción de Riesgo tiene que ver también con el sistema de alerta temprana. Vamos a fortalecer también toda la parte normativa y regulatoria de manera que no se nos generé nuevas situaciones de riesgo en las nuevas urbanizaciones o en los mismos proyectos de inversión pública del gobierno. En ese sentido nosotros estamos acompañando al Viceministerio de Vivienda en el diseño de sus proyectos de vivienda. Los acompañamos a la hora de seleccionar el terreno, antes de que lo compren y en todo el proceso técnico para asegurarnos de que las preocupaciones ambientales y de reducción de riesgo se incorporan.

El cuarto componente tiene que ver cómo fortalecemos una cultura de seguridad. Hoy por hoy mucha gente no sabe cómo actuar cuando se presenta una situación extrema.

¿Por qué escoger como eje fundamental la reducción de riesgo?

Por una sencilla razón: porque este gobierno tiene como filosofía central la atención prioritaria a la gente más vulnerable. Entonces es una atención muy enfocada a la gente.

Creemos que nuestra primera prioridad debe ser salvar vidas. De nada me sirve hacer un montón de cosas si yo no reduzco el número de víctimas por ese tipo de situaciones, ya sea porque se generan eventos extremos o porque no le preste atención a la hora de otorgar por ejemplo un permiso ambiental.  Nosotros no vemos la protección ambiental desvinculada de la protección de la gente. En las últimas dos décadas hemos tenido desastres importantes que muestran que en este país hay muchísimas familias que se encuentran en situación de riesgo y sentimos que es fundamental que la acción del gobierno se focalice en cómo se atienden a esas familias de tal manera de irlas sacando paulatinamente de esa situación de riesgo.

Entonces este es un ministerio que ha dejado de estarse viendo el ombligo. Para nosotros lo más importante es el trabajo que hacemos con otros.

Implica más un trabajo interinstitucional
Claro. Este es un tema, sobre todo después de noviembre – tormenta Ida dejó decenas de muertos en noviembre del año pasado-, que está en el centro de las preocupaciones de todo el gobierno.

¿Cómo ven esto que a pesar de todos los trabajos que están realizando aún no se pueden desvincular de esa relación que la gente hace con las gestiones pasadas que no hacían nada?

Estamos comenzando y no es lo mismo cuando ya tienes procesos muy avanzados fortalecerlos, que prácticamente comenzar de cero. Hay áreas de trabajo en este ministerio que a pesar de que la ley ya tiene bastantes años no se habían desarrollado, entonces es obvio que la población no ve resultados inmediatos.

En el caso del reciente estudio que presentaron sobre la contaminación del agua llama la atención que la mayoría de ríos están contaminados. ¿Qué piensan hacer para revertir esta situación o al menos evitar que siga empeorando?

Hay varias cosas, lo primero tiene que ver con información. Nosotros ya estamos levantando la información sobre las fuentes de contaminación en el caso del Río Acelhuate y lo vamos extender a otros ríos, sobre todo a los más contaminados. Hay una fuerte carga de contaminación por basura ahí lo que necesitamos es un esfuerzo y vamos estar lanzando un plan próximamente para atacar ese problema conjuntamente movilizando a la gente. Pero hay otra parte de contaminación que tiene que ver con descarga.

La descargas tienen que ver con varias fuentes, están las descargas de las aguas negras, ahí hay una responsabilidad de las alcaldías. Entonces tenemos que trabajar con las alcaldías. Todo el tema de las plantas de tratamiento de agua, tenemos casos por ejemplo Nejapa, que tiene una planta de tratamiento de agua que nunca funcionó, mal diseñada, mal construida y prácticamente es una obra de paso, el agua sale tan contaminada como entra. Entonces ahí hay un trabajo entorno a todas las plantas de tratamiento de agua, ahí la coordinación con Anda va ser muy importante.

Pero luego tenemos descargas que hacen las industrias y las agroindustrias. Entonces nosotros lo que hemos dicho es que vamos actualizar ese registro, y que ese registro lo vamos hacer público con nombre y apellido, ya en una administración anterior se tuvo un registro similar pero era imposible acceder a esa información. Nosotros creemos que la población tiene derecho a estar informada, y que las empresas están obligadas a cumplir con la normativa que dice que las descargas que se hacen a los cuerpos de agua tienen que hacerse bajo ciertos parámetros y que tiene que informarle al ministerio, pero también a la población en torno a cuáles son las medidas que van a adoptar para asegurar que las descargas cumplan con la normativa.

Lo complicado de esto es que casi todos los ríos están conectados, el Acelhuate va dar a río Lempa.

Claro y justamente por eso es tan importante atacar la contaminación de estos ríos. El Acelhuate, el Río Sucio que atraviesa el valle de San Andrés y el Río Sutiapa que viene de Santa Ana, los tres desembocan en el río Lempa, un poquito arriba del Cerrón Grande.

Entonces como no solo tenemos basura, aguas negras sino también descargas industriales, eso significa que también tenemos contaminación por metales pesados y si queremos desarrollar la pesca artesanal en el Cerrón Grande o si queremos desarrollar la actividad turística alrededor del lago y en el lago, es crítico que se comience a frenar esa contaminación y luego a revertir, de lo contrario no va tener ninguna viabilidad.

Por eso nosotros el segundo tema que pusimos en agenda fue el de la contaminación y las acciones de descontaminación. Sobre todo porque los problemas de contaminación son una doble amenaza para la vida de la gente pero también a la economía. Y tenemos que asegurarnos que ciertas actividades económicas no generan más problemas de contaminación

Para revertir esta situación cuando se identifiquen las empresas contaminantes, ¿qué medidas van a tomar?

Aquí tenemos que trabajar en un doble carril. La ley establece que hay ciertos umbrales que no se pueden pasar y las empresas están obligadas a adecuar sus procesos y enviar al ministerio cuáles son sus planes de evacuación y cumplirlos. Si eso no lo hacen la ley establece procedimientos administrativos de sanciones y dependiendo de la gravedad del caso estos procesos se pueden judicializar, las empresas incluso se pueden cerrar.

Centroamérica esta interconectado por sus ríos, a nivel centroamericano, ¿se está haciendo algo para que la decisión de un país no afecte al otro?

Sí. El más emblemático que tenemos es el caso con Guatemala, en el caso de este proyecto de explotación minera, de la mina Cerro Blanco. De hecho tenemos una comisión binacional entre Guatemala y El Salvador que ya tuvo hace una semana su primera reunión en Guatemala. Se abordaron varios temas. Uno tenía que ver justamente con el tema de las aguas y tenemos ya una base de acuerdos. La idea es que vamos a trabajar conjuntamente en la identificación de fuentes de contaminación y de hecho vamos a elaborar un proyecto conjunto para financiar acciones en esa parte de manera de asegurar que no vayamos a tener problemas serios en el futuro. Ya hay un mecanismo de diálogo establecido pero también de trabajo conjunto.

En cuanto a los permisos ambientales, ¿qué consideraciones toman en cuenta a la hora de darlos? gestiones anteriores eran altamente criticadas por este aspecto.

Nosotros estamos planteando que cada vez más la dimensión de riesgos tiene que ser incorporada como un criterio importante a la hora de otorgar un permiso. Porque en este país tenemos ya varios casos de desastres que han afectado no solo a familias en zonas marginales sino a sectores medios, como el caso de Las Colinas –deslave del 13 de enero de 2001-. Esa urbanización no tenía que desarrollado ahí, el mismo Montebello –deslave del 19 de septiembre de 1982-, pero además tenemos la situación de las inundaciones en el área metropolitana.

A nosotros nos toca tomar en cuenta esas consideraciones, no se trata simplemente de que se cortaron unos árboles, se trata de que cuál es el impacto acumulativo que vas teniendo cuando vas transformando el territorio. También se trata de cómo garantizamos que las ubicaciones sean seguras y eso no sólo en el caso de los proyectos privados, también en el caso de los proyectos públicos. Por ejemplo para este gobierno los proyectos de viviendas son prioritarios, nosotros estamos trabajando con el Viceministerio de Vivienda para asegurar que no vamos a generar nuevas situaciones de riesgo con esos proyectos o que vamos a construir viviendas en lugares inseguros.

Estamos conscientes de que no podemos decir no más construcciones, no más viviendas, no más urbanizaciones, eso no lo podemos decir. Pero lo que sí podemos asegurar es que los permisos que se otorgan ahora contemplen esas preocupaciones y creo que al final es algo que nos conviene a todos.

“La protección ambiental no está desvinculada de la protección de la gente”

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