Aquí hay que impedir que los personalismos y las interpretaciones sesgadas le ganen la batalla a la justa valoración y respeto de los derechos ciudadanos básicos.
Escrito por Editorial.23 de Abril. Tomado de La Prensa Gráfica.
El caso del menor asesino que cometió su crimen a la luz pública y fue captado por un fotoperiodista de LPG no está cerrado, pues nuestro medio de comunicación, haciendo uso del derecho legal a utilizar todas las instancias correspondientes para hacer valer su posición en defensa del interés ciudadano, apeló del injusto fallo de la jueza de menores ante la Cámara competente. Ésta, hoy, en resolución abiertamente cuestionable, pretende juntar en una misma audiencia el caso penal y la sanción administrativa, siendo que ésta debe tratarse de manera especial conforme a lo que establece la Ley Penal Juvenil.
¿Qué tiene que ver el Presidente de LPG con los imputados y el querellante del hecho criminal que tanta indignación y repudio ha provocado en el ambiente, para que se les mezcle en una sola audiencia? Esto es seguir dándole vueltas a la ley de manera antojadiza, en detrimento de una justicia que, por tantos motivos acumulados, está siendo cuestionada en el sentir ciudadano.
Nosotros, como medio responsable no sólo de cumplir a cabalidad con su función informativa y formativa de opinión, sino de dar servicio cotidiano a los intereses superiores de la nación, hemos estado y seguimos estando comprometidos a no cejar en el empeño de que la ley prevalezca y resplandezca en el ambiente, porque sólo de esa forma nuestra sociedad podrá avanzar por la ruta segura de la estabilidad, de la seguridad y del progreso. Si en el ámbito de la justicia se imponen el capricho y la arbitrariedad sobre el buen juicio y la imparcialidad acrisolada que debe caracterizar el comportamiento de los juzgadores, seguiremos en la turbulencia que nos aqueja.
DEFENDEMOS EL ESTADO DE DERECHO
Este que comentamos y que directamente nos afecta es un hecho grave, pero sobre todo sintomático. Percibimos, con preocupación, que la legalidad continúa expuesta a vaivenes personalistas y a posiciones interesadas. Esto es altamente peligroso, y los ciudadanos, con independencia de la actividad o función que desempeñemos, estamos en el deber de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para contribuir a la consolidación del Estado de Derecho en el país. Falta mucho para ello, y eso debería preocuparnos a todos.
El Estado de Derecho es, en primer término, un estado de conciencia general. Cuando tanto en la ciudadanía como en la institucionalidad toma cuerpo la conciencia de que la ley y los derechos que ella ampara y promueve deben estar debidamente servidos en cada una de nuestras acciones y decisiones, la seguridad en todas sus expresiones va ganando terreno permanente. Y los primeros llamados a representar y desarrollar esa conciencia son los que ejercen la justicia por mandato de ley y por designación administrativa. Es decir, los jueces, en sus distintas categorías jerárquicas.
Aquí hay que impedir que los personalismos y las interpretaciones sesgadas le ganen la batalla a la justa valoración y respeto de los derechos ciudadanos básicos. Y nosotros, que no hemos perdido la confianza en el sistema de justicia como tal, esperamos que el sano espíritu de rectificación asuma el rol que le corresponde, para que la justicia sea la beneficiada en provecho de todos, como debe ser.
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