Escrito por Salvador Ventura.24 de Abril. Tomado de Diario Co Latino.
La Asociación Salvadoreña de Medios de Publicidad (ASMP) en un comunicado público acusa a la Jueza Segunda de Menores, María Isabel Ponce, de atentar contra la libertad de expresión y de sentar un “nefasto precedente” al intentar coartar el derecho que tienen los medios de comunicación a informar libremente.
La funcionaria judicial en ningún momento del proceso seguido contra un “medio de publicidad” ha pretendido violar el principio de la libertad de expresión contemplado en la Constitución de la República, como perversamente quieren dar a entender los propietarios de algunos periódicos. Concretamente la jueza Ponce sancionó con una multa de 346 dólares a la Prensa Gráfica, porque éste medio violó el derecho a la intimidad de un menor de edad acusado de homicidio contra un joven.
Los razonamientos de La Prensa Gráfica y de sectores interesados de que la funcionaria no valoró hechos como que en el medio no “había ánimo de afectar al acusado menor de edad” y menos de violar la ley, “sino de responder al interés público de la ciudadanía” de estar informada sobre tan horrendo crimen, además de que “hasta ese momento no se tenía certeza de su minoridad, sino hasta tres días después”, no tienen validez alguna y, por el contrario, atentan contra el espíritu de la Ley Penal Juvenil, y los mismos códigos de honor, de ética periodística y de los principios judiciales. Veamos al respecto.
La justicia es un fin perseguido por la humanidad. En todo sistema democrático, es fundamental el concepto de “justicia para todos”, es decir la idea de un conjunto de principios que se aplican comúnmente a los seres humanos. En tal sentido, el acusado de determinado delito debe ser juzgado conforme a tales principios y no de acuerdo con la idiosincrasia del hombre que, por casualidad o por alguna otra razón, mantiene temporalmente posiciones de poder. Tampoco por presiones o informaciones distorsionadas por un medio de comunicación, agregaríamos. En resumen, un sistema judicial es un intento por conseguir un gobierno de leyes y no de hombres.
Los cambios tecnológicos, el crecimiento demográfico, la movilidad acelerada, el vasto incremento del Estado, concentración urbana de las sociedades, han impuesto cambios trascendentales en nuestros sistemas judiciales. De una manera indirecta también han influido en los medios de difusión: hay más hechos y noticias por dar, comentarios por formular, acontecimientos por reportar. Cuando ocurren accidentes, catástrofes, homicidios ventilados en los tribunales, la prensa cumple con su rol. Como debe ser normal, debido a la cantidad de hechos y la multiplicidad de veredictos resulta hasta complicado informar o conocer de todos.
A lo sumo se destaca un 2%, quizás mucho menos, de todos esos acontecimientos.
Muchas veces se publican simples accidentes de tránsito sin ninguna repercusión noticiosa, en otros se destacan hechos para afectar políticamente a un funcionario o un partido político, predominando el sesgo o factor ideológico del propietario del medio de comunicación, tal como hemos visto en los últimos días con la publicidad escandalosa, amarillista, contra el alcalde de San Marcos, quien fue capturado por la PNC por conducir en estado de ebriedad. El funcionario es miembro del partido FMLN. Naturalmente el edil apreciará la falta de justicia al publicarse su caso en la prensa, mientras que otras personas de poca importancia ni siquiera han sido mencionadas.
Los jueces reconocen que, al tener a la igualdad de la justicia para todos, creen que las condenas deben ser dictadas por los tribunales, a su discreción. No es correcto y está CONTRA TODO ORDEN, que las sanciones sean impuestas por la prensa; argumentan que ésta no es parte del gobierno y no lo es de la maquinaria judicial encargada específicamente de aquellos que obran contra la ley.
Este argumento es la base de los proyectos que limitan las publicaciones de noticias sobre arrestos con antelación al juicio (proceso), y de proyectos que limitan la información de los procesos mismos, como lo explica Wesley Clark. Es, por supuesto, fundamento para aquellas leyes que tienden un velo de secretismo en torno a los delincuentes juveniles y a los trasgresores menores de edad.
Tales proyectos se consideran generalmente como ataques contra el derecho a la información. El fin perseguido por los jueces, tal como ha procedido la licenciada María Isabel Ponce, es la justicia para todos: el efecto sobre el derecho de información se mantiene en expectativa y supuestamente quienes adoptan tal posición perjudican el derecho de la gente a dicha garantía.
En esencia, el argumento se basa en la convicción de que todo joven comete errores y que no se debe permitir que por éstos se destruya para siempre su capacidad personal como miembro de la sociedad; deduce que si el joven malhechor es singularizado por la propaganda de los diarios queda estigmatizado para siempre y, por lo tanto, actuará en adelante bajo una nube de sospechas.
Mas, si su nombre y su imagen se mantienen ajenos a los periódicos, entonces será posible rehabilitarlo, ponerlo en el sendero de la corrección y respetar lo consignado por las leyes y los Códigos con respeto al derecho a la intimidad de los menores.
Como hemos sustentado la jueza Ponce en ningún momento ha atentado contra la libertad de expresión o el derecho de los medios a informar libremente: únicamente se limitó a proceder conforme lo establecen las leyes, en el caso particular, lo estipulado en la Ley del Menor Infractor, conocida hoy como Ley Penal Juvenil. El fundamento de la responsabilidad tanto del medio de comunicación, como del periodista, en particular, obliga a acatar las disposiciones legales, pues nadie es “más que nadie” y en un ordenamiento jurídico y democrático, todos estamos obligados a cumplir y respetar las leyes. El querer justificar ante la sociedad que “la jueza está contra la libertad de expresión” o contra “la prensa”, es manipular, tergiversar o distorsionar perversamente la información.
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