Salvador Samayoa.14 de Julio. Tomado de El Diario de Hoy.
Lo mencionamos por ser un episodio conocido y una referencia casi universal: si un presidente demócrata de los Estados Unidos se hubiera acercado a China en aquellos tiempos, la derecha republicana lo hubiera acusado de entregar el país al comunismo, pero cuando lo hizo Nixon, en 1972, fue una brillante y audaz maniobra de política exterior. Y los demócratas, por supuesto, no se opusieron.
Hay cosas que solo pueden hacer los gobiernos liberales o de izquierda; otras, los conservadores o de derecha. Al gasto social se le llama desarrollo sostenible cuando se proyecta desde la derecha, pero si lo hace la izquierda se llama populismo, despilfarro e indisciplina fiscal. Los dirigentes comunistas proponían determinadas alianzas como táctica revolucionaria, pero si otros proponían las mismas alianzas eran acusados de tener "debilidades pequeño-burguesas". Las dictaduras de derecha eran denunciadas como antidemocráticas, pero las de izquierda eran "democracias populares". La derecha es siempre sospechosa de tentaciones o nostalgias represivas; la izquierda se presume respetuosa y abanderada de los derechos humanos, mientras no se demuestre lo contrario. Y a veces, aunque se demuestre lo contrario.
Si a un gobierno de ARENA se le hubiera ocurrido enviar a la Asamblea Legislativa un proyecto como la reforma al 345 CP o la ley de proscripción de pandillas, la oposición de izquierda lo hubiera descuartizado. Si la derecha hubiera utilizado el recurso conocido como "ley penal en blanco", la hubieran acusado de fascista y hubieran advertido del inminente riesgo de una represión indiscriminada. Al clamor de inconstitucionalidad y a la ferviente denuncia se hubieran sumado partidos políticos, jueces, organizaciones de la llamada "sociedad civil", organismos internacionales, prominentes líderes religiosos, alguna que otra universidad, algún periódico digital y alguno vespertino. Y por la naturaleza del asunto, hasta algún prestigioso columnista de los más importantes medios matutinos. Todos ellos con razón, o al menos con razones.
Ahora, sin embargo, por virtud de la alternancia y quizá también por mérito de la concertación, los inmensos vacíos que se observan en los proyectos enviados por el Presidente a la Asamblea se presentan - y se aceptan - como gesto de respeto a la independencia de los jueces. Ahora las evidentes imprecisiones se convierten en deliberado y brillante recurso de ambigüedad constructiva.
Es el rédito de la alternancia: ¿cómo pensar siquiera en un apoyo del Frente a una legislación antipandillas con un gobierno de ARENA? ¿Cómo pensar que el actual viceministro, Don Henry Campos, de excelente actuación dicho sea de paso, defendería proyectos semejantes en otro contexto?
Rédito de alternancia, pero también arte de magia, la magia de la concertación. El Presidente se ha tomado el tiempo de hablar con casi todos los sectores. El Órgano Ejecutivo ha contado con la Comisión Coordinadora del Sector Justicia, a través de su Unidad Técnica Ejecutiva. El viceministro de Seguridad se ha dedicado a pastorear a los jueces y ha dedicado tiempo a discutir los proyectos con todos los operadores del sistema de justicia penal.
Los felicitamos por eso, sinceramente, porque han comprendido que el problema de combatir con eficacia a la delincuencia es eminentemente político. Siempre ha sido un problema político. ¿Qué tanto confiamos en los que ejercen el poder y administran los recursos del Estado? ¿Cuántas y cuáles atribuciones les damos? ¿Cuáles restricciones les ponemos? ¿Pueden o no pueden los policías, fiscales y jueces hacer o dejar de hacer determinadas cosas? La respuesta a estas preguntas no ha sido nunca un problema jurídico. Siempre ha sido un problema político. Desde que el mundo es mundo, las leyes solo sancionan lo que los políticos acuerdan hacer o dejar de hacer. Si además lo hacen reflejando el interés de la mayoría, pues mejor.
El recurso de inconstitucionalidad que se promovió en 2003 contra la ley antipandillas reflejó una desconfianza y una oposición a las políticas del presidente Flores. La aprobación unánime que esperamos tenga el proyecto del presidente Funes reflejará un consenso político. Nada más, pero nada menos. Desde un punto de vista estrictamente jurídico, tanto la ley Flores como la ley Funes tienen deficiencias considerables, pero subsanables. Aquí no se trata de atropellar el estado de derecho por un pragmatismo mal entendido. Se trata, simplemente, de hacer que la ley responda a la sociedad.
Y en ese sentido, los jueces no tendrán tanto espacio ahora para hacer un boicot como el que hicieron en 2003 y 2004. Pueden oponerse, como hicieron entonces, a la política de un partido en el gobierno. Pueden incluso ignorar, como algunos han estado haciendo, el clamor de la gente, pero no pueden estar en contra de la voluntad unánime de las fuerzas políticas, porque eso los pondría a caminar en la cuerda floja, a gran altura, con venda en los ojos y sin red protectora.
Allí está la clave, en la red protectora. Nunca estuvo bien que las administraciones anteriores acusaran a sus opositores de favorecer a los delincuentes, pero la verdad es que muchos jueces se montaron en la oposición ideológica y en la falta de consenso político para deformar su genuina independencia hasta el punto de ponerla en contra de la eficacia del Estado y de la seguridad de la población. Y no cabe duda que los delincuentes se han beneficiado de tal situación hasta este día.
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