Escrito por Carlos A. Rosales.02 de Junio. Tomado de La Prensa Gráfica.
Es trágico que deban ocurrir hechos desgarradores como los del 20 de junio para que tenga que hacerse lo que debió haberse hecho mucho antes. El asesinato de 18 personas inocentes en Mejicanos, producto de la interminable guerra entre pandillas, pone al descubierto, una vez más, el retraso sistémico de nuestros sistemas legislativo y judicial.
Ha quedado suficientemente claro que las pandillas, Mara Salvatrucha (o MS 13) y Mara 18, son organizaciones criminales que se dedican, entre otras cosas, a la narcoactividad, el tráfico de armas, el tráfico de personas, la prostitución, el sicariato, la extorsión, el robo de autos y el secuestro. La raison d être de ambas es delinquir.
Por consiguiente, ser miembro de dichas empresas criminales debe constituir un crimen. Así de sencillo. Ser miembro de esas maras debe tipificarse como delito. Urge, por ende, que la legislación salvadoreña avance al mismo ritmo –o más rápido– de lo que evolucionan las organizaciones delincuenciales.
En Estados Unidos la Ley Contra la Extorsión Criminal y las Organizaciones Corruptas, Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, conocida como la ley RICO, es una ley federal que fue creada hace más de tres décadas para penalizar toda actividad criminal realizada como parte de una organización criminal continua.
Si bien su uso más común ha sido para perseguir a la Cosa Nostra, o Mafia ítalo-americana, su aplicación ha sido más amplia. La utilización de esta ley es lo que finalmente permitió a la justicia estadounidense derrotar a la pandilla Latin Kings, a la Familia Gambino, y la pandilla Hell’s Angels, entre otras organizaciones criminales.
Bajo esta ley, un miembro de una empresa criminal que ha cometido al menos dos de los 37 delitos que enumera la ley (29 delitos federales y 8 estatales) dentro de un término de diez años puede ser acusado de extorsión criminal, cuyas penas oscilan entre multas de hasta $25,000.00 y/o sentencias de hasta 20 años de prisión. Toda persona convicta de este delito pierde el derecho a disponer de los fondos y sus intereses, obtenidos como resultado de dicha actividad criminal.
Además, bajo la ley RICO, una persona privada que ha sufrido daños a raíz de una actividad de extorsión criminal puede presentar una demanda civil de daños y perjuicios. Y puede, además, obtener una indemnización por tres veces las pérdidas reales sufridas o los daños compensatorios adjudicados.
Varios países como Australia, Nueva Zelanda, Canadá, México y Colombia, cuentan con leyes similares a su par estadounidense. Dichas leyes en cada país también definen la participación en organizaciones criminales como un delito.
El anuncio del presidente Mauricio Funes tres días después de la masacre de Mejicanos es un paso en la dirección correcta. Funes dijo que presentará a la Asamblea Legislativa, a la brevedad posible, una iniciativa de ley “para que sea delito ser pandillero”. El país entero lo exigía.
El proyecto de “Ley de criminalización de las pandillas o maras”, dijo Funes, deberá “encuadrarse en el marco de la Constitución”. Con ello se pretende evitar que dicha iniciativa contenga vicios de inconstitucionalidad, como ha ocurrido con proyectos similares que fueron presentados con antelación, sin éxito.
Todavía no hay datos específicos sobre la futura normativa. Pero, esencialmente, la nueva ley tendría como objetivo principal tipificar como delito la pertenencia a una pandilla. Aunque nadie lo ha dicho hasta ahora, esta sería una versión salvadoreña y “a la medida” de su similar estadounidense, la Ley RICO.
Las leyes nacen por las necesidades de la sociedad, solo así podrá la justicia ser efectiva. Es obligación y responsabilidad del Estado ser consciente de ello.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Comentarios que incluyan ofensas o amenazas no se publicaran.