INTEL, uno de los fabricantes de microprocesadores más grandes del mundo, comenzó operaciones en Costa Rica en marzo de 1998. Las instalaciones iniciales eran una planta de ensamblaje y prueba de microprocesadores; para 2007 INTEL genera seis mil empleos directos e indirectos en Costa Rica, 70% de los cuales tiene calificación preuniversitaria, con salario promedio de $836 mensuales.
Escrito por Carlos G. Romero.16 de Julio. Tomado de La Prensa Gráfica.
La presencia del gigante de informática ha sido el catalizador para la formación de una robusta industria de alta tecnología y desarrollo de programas de informática, 358 empresas en el rubro, con 775 productos, 90 destinos, generando 12 mil empleos directos adicionales. INTEL tiene una participación comunitaria ejemplar: programas de entrenamiento a maestros, “enseñar para el futuro”. Desde 1998 ha entrenado a más de 14,000 maestros beneficiando a una población estudiantil de 500,000 estudiantes; un programa de voluntariado de 700 empleados, donación de equipos de robótica, entre muchos otros programas comunitarios. (Estadísticas 2007 publicadas por UNCTAD, World Bank, PROCOMER, CINDE, INTEL).
Como toda instalación industrial en INTEL existe la presión de producir lo más que se pueda en el menor tiempo posible, con rigurosos estándares de calidad, entre muchos otros factores de alto rendimiento necesarios para el exitoso desempeño de la empresa. La competencia es tenaz y despiadada; sin embargo, no se escucha de paros laborales, injerencia sindical, demandas en los tribunales, quejas en los medios o en los legendarios blogs de izquierda, mucho menos de suicidios. ¿Razón? Se adhieren a lo que llamamos “Buenas prácticas”, prácticas probadas a través de décadas de experiencia industrial en seguridad, higiene y salud; instalaciones ergonómicas, con servicios de acceso a comida y agua; estándares de producción basados en estudios de movimiento y tiempo racionales, con asignaciones reconocidas de retraso inevitable, tiempo personal, y fatiga.
Operan dentro de un marco jurídico transparente, razonado, y consensuado; se someten con la debida obligatoriedad a inspecciones gubernamentales. Vale notar y enfatizar que la regulación gubernamental es esencial: regulaciones basadas en buenas prácticas, definiendo claramente derechos y obligaciones tanto de la empresa como del trabajador. Esto es lo que garantiza la paz laboral, que es esencial para el desarrollo de un pueblo. Pero así como se exige de las empresas también se debe exigir del trabajador, no recompensar al holgazán, al aprovechado, al sindicalista oportunista; recompensar a quien siempre tiene derechos pero no reconoce obligaciones es contraproducente.
No nos hacen ningún bien los gobiernos cuando compran la paz laboral, pues esta compra se vuelve chantaje y beneficia solo a sindicalistas inescrupulosos y burócratas de visión muy temporal y muy miope (el ISSS perennemente y CEPA recientemente); mucho menos nos hacen bien procuradores y tribunales laborales que creen que su función es una función social de recompensar al “necesitado”.
Las maquilas textileras harían bien en reconocer y adherirse a estas buenas prácticas, exigir reglamentos claros, razonados, consensuados e interpretados; “no” a las ambigüedades; implementar prácticas operacionales acordes con las buenas prácticas antes mencionadas. Empresas como INTEL hacen lo que hacen no por altruismo sino porque a largo plazo es rentable, evitan conflictos laborales, adquieren altos niveles de productividad.
El modelo asiático no es sostenible a largo plazo... como ya lo evidencia la experiencia china. La inversión extranjera es muy importante pero no a cualquier costo.
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