Este año se cumple el 15.º aniversario de la creación de los Juzgados de Ejecución de Medidas a Menores. Jueces y funcionarios judiciales admiten que a los menores delincuentes no se les reeduca en las prisiones y que la reinserción a veces se da solo para volver a la pandilla.
Escrito por Fernando Romero.26 de Julio. Tomado de La Prensa Gráfica.
Si vamos a perseguir a quien incumple la ley, como Estado hay que cumplir antes esa misma ley , para legitimar este Estado de justicia.”
Alirio Campos Ventura, coordinador de Unidad de Justicia Juvenil de la CSJ
“Que se eduquen, que salgan útiles, productivos. Pero los centros de internamiento colapsaron, fracasaron. Hay una gran crisis.”
Alexander Ochoa, magistrado de la Cámara de Menores en Santa Ana
“El Salvador ha aplicado solo medidas punitivas. UNICEF aboga por una represión inteligente, con atención en prevención y reinserción.”
Karla de Varela, coordinadora de Políticas Públicas de UNICEF
“Si se interna con su misma pandilla, lo que se hace es legitimar su identidad con su pandilla. Y al salir, el joven se reinserta pero en la pandilla.”
Doris Luz Rivas, primera magistrada de la Cámara de Menores San Salvador
El coordinador de la Unidad de Justicia Penal Juvenil de la Corte Suprema de Justicia, Alirio Campos Ventura, lo dice sin consideraciones ni matices: “Cuando no se desarrollan todos los componentes de una ley, no funciona, no es efectiva”. La Ley Penal Juvenil, de la que uno de sus objetivos primordiales desde su creación fue la reinserción de los adolescentes en conflicto con la ley, hoy es una legislación incompleta.
Más allá de los esfuerzos de los mismos jueces de Ejecución de Medidas a Menores, de las organizaciones no gubernamentales interesadas en el tema de la rehabilitación y la reinserción de los jóvenes, de otros intentos aislados por dar una nueva oportunidad a aquellos menores de edad que violentaron las leyes y cometieron delitos, no ha habido, según los involucrados en el tema, ningún interés de las instituciones del Estado en fijar la mirada en qué pasa después del castigo legal o cómo recuperar a los jóvenes desde el encierro.
Quince años después de la creación de los Juzgados de Ejecución de Medidas a Menores, que son los encargados de ingresar a los jóvenes delincuentes en programas —hasta hoy inexistentes— que busquen recomponer su vida, aún no pueden funcionar a plenitud.
“Si la idea de restaurar la situación de vida de los jóvenes que delinquen fuera primordial, entonces podríamos hablar de en qué mejorar y en qué se han alcanzado metas. Pero como no ha habido, difícilmente se puede hablar de hacia dónde nos dirigimos”, señala Campos Ventura.
Para el juez Alexander Ochoa, magistrado de la Cámara de Menores de Santa Ana, las políticas públicas no le apostaron ni a prevención ni a reinserción en estos 15 años. “Las instituciones tienen un problema de celo. Cada quien quiere hacer las cosas por su lado, quizás por notoriedad, pero terminan descuidando el tema de los jóvenes en este país”, opina Ochoa.
“Se pierde la finalidad de la punición —continúa—. La finalidad es que se eduquen en los centros de internamiento, que se capaciten en varios temas, que salgan útiles, productivos. Pero, como va a ver, los centros de internamiento han colapsado, han fracasado. Hay una gran crisis en lo que se refiere a las medidas de internamiento.”
El magistrado Ochoa asegura que los primeros años de la Ley Penal Juvenil y de los tribunales de Menores y de Ejecución de Medidas a Menores, desde 1995, hubo formas de ejecutar las reglas de internamiento. “Los centros de internamiento gozaban de un funcionamiento necesario para poder salir adelante”, dice. Pero es después de 2001, con los planes Mano Dura, que Ochoa resiente que se descuidó la reinserción. “La dedicación fue al encierro, sin interés alguno en la reinserción. Los centros se fueron llenando. Y hoy podemos ver que han colapsado.”
Los expertos opinan que no se trata de omitir la punición, sino de que el sistema sea integral. Karla de Varela, especialista de Políticas Públicas de UNICEF en El Salvador, aclara que el organismo de Naciones Unidas nunca ha estado en contra de las medidas punitivas, “siempre y cuando sean bien aplicadas, de manera correcta y profesional”.
“El Salvador se ha caracterizado por aplicar únicamente medidas punitivas, aunque mal aplicadas. Hay malas prácticas en lo punitivo. UNICEF aboga por una represión inteligente, con atención en prevención y reinserción”, dice De Varela.
El ISNA sin presupuesto
El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y Adolescencia, en cuyos centros de protección y de internamiento conviven niños en abandono así como adolescentes que han cometido ilícitos, tiene un presupuesto de $14.5 millones al año. De ese fondo, el 16% (alrededor de $2.3 millones), según su director ejecutivo, Enrique Salazar, se destina para las tareas de reinserción.
Sin embargo, Salazar contabiliza en más de 1,500 los jóvenes que están en internamiento. El director hace cuentas en reinserción, ya que se necesitan fondos para mantenimiento de talleres vocacionales y vivenciales, por ejemplo; además de infraestructura. Al final, el director del ISNA suma solo $3 diarios dedicados a la reinserción por cada adolescente que tiene en internamiento.
“Estamos buscando un refuerzo presupuestario y dedicar el 33% del presupuesto al tema de la reinserción de los jóvenes. No podemos continuar de esta manera”, se lamenta Salazar.
La falta de interés estatal deriva en la escena de que los jóvenes en realidad no son recuperados, por lo que en los centros de internamiento son frecuentes los conatos de violencia, así como la confirmación de la identidad delincuencial de los internos, incluidas las pandillas.
Doris Luz Rivas Galindo, primera magistrada de la Cámara de Menores de San Salvador, reitera que la mayor dificultad es la ausencia de programas. “Hay algunos esfuerzos aislados de becas, de talleres, pero eso es tallerismo: si se termina la plata se termina el esfuerzo. Creo que aquí es de construir procesos sistemáticos en que los chicos puedan construir sus propias vidas. Pero en la actualidad la reinserción es para su pandilla. O si se interna con jóvenes de su misma pandilla, lo que se hace es que se legitima su identidad con su pandilla. Y al salir, se reinserta pero en la pandilla. Eso no es la reinserción que buscamos”, señala.
Mirna Perla, magistrada de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema, dice que el deber estatal, según el mandato constitucional y normativa internacional, es educar y formar al joven. “Es una etapa en que aprende. Las medidas de internamiento deben ser temporales”, indica.
La utopía de la reinserción tiene creyentes fieles. Son quienes lamentan hoy la falta de interés institucional por poner en marcha programas permanentes en busca de la restauración de los jóvenes que han cometido ilícitos.
Ventura, el coordinador de la Unidad de Justicia Juvenil, reflexiona y concluye: “Si vamos a perseguir a quien incumple la ley, como Estado hay que cumplir antes esa misma ley”.
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