Hay que sacudir todos los vicios históricos, todas las complacencias y autocomplacencias con la corrupción, todos los burocratismos obsoletos.
Escrito por Editorial.07 de Julio. Tomado de La Prensa Gráfica.
En estos días, una gran cantidad de opiniones e iniciativas han venido surgiendo en el ambiente, en relación con las necesidades urgentes de la lucha contra el auge creciente de la delincuencia en el país. El punto principal de atención son las pandillas o “maras”, especialmente a raíz del crimen del microbús lleno de gente, que los mareros incendiaron en Mejicanos. Es entendible que haya conmoción por un hecho tan salvaje y revelador de la total falta de humanidad de esos delincuentes; pero hay que insistir en el hecho cierto de que la realidad delincuencial del país es sólo la punta del iceberg de una realidad más profunda.
En verdad, lo que está en juego en el país es la suerte y la eficacia del Estado de Derecho; y apuntar en esa línea es la apuesta correcta. Esto implica atender como se debe las urgencias de Seguridad Pública, darle mucho más cuerpo a la Fiscalía General de la República, hacer que el Órgano Judicial deje de estar al margen del compromiso de reinstitucionalizarse conforme a las necesidades actuales, y promover, en forma articulada y consistente, una verdadera cultura de apego a la legalidad. Es decir, se necesita un esfuerzo intra e interinstitucional lo suficientemente efectivo para entrar de lleno en el aseguramiento del imperio de la ley y en la salvaguarda del régimen de libertades.
Toda esta es una tarea que requiere mucha voluntad interactiva, de ésa sobre la que tan poca y tan pobre experiencia ha venido habiendo en el país. Tenemos que dejar atrás, de una vez por todas, el caduco feudalismo institucional, que hace que cada quien se encierre en su concha. Es hora de ver a las instituciones haciendo en común el trabajo que les corresponde, sin celos absurdos ni reservas autodefensivas inútiles.
Mucho más que simples leyes
Nadie podría discutir seriamente que contar con una legislación que en todo sentido responda a la idoneidad normativa y a la realidad de los hechos es una necesidad básica del sistema; pero lo que al mismo tiempo hay que tener presente es que las leyes son regulaciones cuya verdadera significación depende de la puesta en práctica de las mismas. En el país tenemos una montaña de leyes, la gran mayoría de las cuales se aplican a medias o sencillamente no se aplican; y, por consiguiente, no se trata de tener más leyes, sino de asegurar, en primer término, que la ley, en términos generales, se cumpla.
Cuando los hechos aprietan, como en este momento, la primera tentación que salta es producir decisiones legislativas, que sólo requieren votaciones políticas; pero está visto, hasta la saciedad, que eso sirve de poco a la hora de producir y consolidar resultados. En otras palabras, habría que dar o reformar leyes con la inteligencia y el análisis debidos y a la vez hacer todo lo necesario para garantizar su vigencia más allá del papel. Esto sería apuntalar el Estado de Derecho, tan endeble aún en tantos sentidos.
En el plano educativo y en el ámbito del ejemplo institucional, la responsabilidad consiste en darle vida a la cultura del apego a la legalidad. Hay que sacudir todos los vicios históricos, todas las complacencias y autocomplacencias con la corrupción, todos los burocratismos obsoletos. Y aquí entra el rol de la auténtica transparencia, que no es lograr que las cosas aparezcan bien, sino que lo sean a partir de conductas honradas y responsables.
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