Después de más de una década de plantear reformas y restricciones a las empresas de seguridad, el FMLN, desde el Ministerio de Seguridad, está ejerciendo un control más estricto sobre las agencias, medida que sobrepasa la capacidad operativa del personal policial.Ante la falta de personal, la División de Registro y Control de Servicios Privados de Seguridad tiene que apoyarse en otras delegaciones de la PNC en el país.
06 de Julio. Tomado de El Diario de Hoy.
Desde junio de 2009, con llegada del FMLN al poder, la PNC apretó a las empresas de seguridad privadas y para ello echó mano de la Ley de los Servicios Privados de Seguridad, la cual, según explicaron, no se cumplía en un cien por ciento.
La División de Registro y Control de Servicios Privados de Seguridad (RCSPS) apenas cuenta con 27 policías para supervisar a los 23,500 agentes de las 209 agencias de seguridad privadas que operan en el país. Las cifras los superan y, a pesar de ello, han intensificado sus controles.
Sin embargo, las responsabilidades de la RCSPS están más allá de revisar, como manda la ley, que las empresas estén al día en el pago de las prestaciones sociales, pues tiene que poner atención en el personal que contratan y el manejo de las armas.
Según estimaciones del comisionado Raúl Ortiz Mancía, jefe del RCSPS, a pesar de los esfuerzos, el control aún no es estricto, y se enfrentan a serios problemas como las deficiencias en los inventarios de armas de las empresas y los vacíos de la ley.
Una de las irregularidades que han encontrado en las inspecciones es la pérdida de armamento, que en ocasiones hasta los mismos dueños desconocen.
"A veces ni ellos (dueños y representantes legales de las empresas) no saben que en sus inventarios tienen armas que han salido de su control. Algunas, por ejemplo, se las han hurtado, robado o extraviado. No tienen control sobre eso. Hasta el momento en que llegamos a hacer las inspecciones se dan cuenta que tienen una cantidad que se les han extraviado, y no saben cómo ni dónde", argumentó el comisionado.
Si los guarismos son graves, alarmantes son los vacíos de la ley que contempla como "falta leve" que las empresas no reporten la pérdida de las armas de fuego, y mucho menos que no le permite a la RCSPS ordenar el cierre preventivo o definitivo de una agencia de seguridad.
Este es el caso de una empresa, que según las autoridades, ha perdido, desde su creación, más de 100 armas y aún está operando. Debido a estos incidentes, la RCSPS ha dejado en manos de otros departamentos especializados de la PNC la investigación de algunas agencias, ya que muchos de estos equipos pueden ser utilizados por el crimen organizado.
El cierre de empresas está siendo evaluado por Dirección General de la PNC, porque están "funcionando sin las debidas autorizaciones. Cuando vamos a hacer las inspecciones, ya no están autorizados. Han dejado pasar el tiempo y siguen operando y la ley es muy clara: si están funcionando y no tienen autorización, se deja sin efecto el funcionamiento", resaltó Ortiz Mancía.
Lo anterior ocurre si la RCSPS todavía tiene en sus registros la dirección de la empresa, ya que éstas no están obligadas por ley a reportar su traslado de domicilio.
En este sentido, Ortiz Mancía manifestó que el número de agencias puede ser menor por cierres ante la crisis económica, pero no cuentan con un dato específico, ya que realizan pocas inspecciones al mes y los propietarios tampoco están obligados a reportar el cierre de operaciones.
Ante el cierre de una empresa, también se pierde el control del personal de seguridad y de las armas que quedan en poder de las agencias, las que tampoco están obligadas a presentar informes ni inventarios.
En la actualidad, "uno de los requisitos para matricular las armas, o para renovar las matrículas es que estén legalmente autorizados para funcionar y otro es que estén solventes de multas con nosotros (RCSPS). Cuando los empresarios o representantes legales se presentan al Ministerio de Defensa a tratar de renovar las matriculas de las armas, el Ministerio de Defensa les piden esos requisitos. Y si no los tienen, deben venir acá a hacer el tramite", puntualizó Ortiz Mancía.
"Hay muchas empresas —agregó— que en el pasado estuvieron funcionando sin hacer ningún trámite. Ahora no, porque si hay una empresa equis y encontramos personal trabajando, se detienen porque incurren en el delito de uso de uniforme que está contemplado en el Código Penal. Se procede a la detención y decomisamos sus armas. Antes no se les ponía paro a eso. Había una anarquía".
El que mucho abarca...
A pesar de que el personal es reducido, la RCSPS ha decomisado en el último año alrededor de 400 armas, y ha sancionado varias agencias. "Mensualmente se sancionan entre cinco o seis empresas", reporta la división, sin embargo, la resolución definitiva llega de la Dirección General, luego de abordar todas las vías jurídicas.
"En un inicio, hemos decomisado grandes lotes de armas —hasta 40 en una inspección—, porque tenían las matrículas vencidas y seguimos decomisando, pero en menor cantidad a los agentes que están en posiciones, porque no cumplen con la ley", advirtió el funcionario.
No obstante los números son pocos, ya que la RCSPS realiza una inspección diaria, "lo cual significa que son 20 inspecciones al mes. Un 95% de esas inspecciones pasan a estudios jurídicos para calificación de faltas. Si se encuentran anormalidades son sancionadas", acotó Ortiz Mancía.
Si las estadísticas fueran exactas, cada empresa, de las 209, tendrían una inspección cada 18 días. Pero esta situación no ocurre ya que el personal de RCSPS también inspecciona a las asociaciones de vigilantes independientes (14 en todo el país), las agencias de investigación (10) y los servicios propios de protección patrimonial (177).
El trabajo de las autoridades está enfocado en San Salvador, donde operan 154 empresas de seguridad y 99 servicios propios de protección patrimonial. La Libertad es el segundo departamento con más mayor demanda con 41 agencias.
elsalvador.com :.: PNC aprieta a las empresas de seguridad con pocos efectivos
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