Aunque el anteproyecto elaborado por el Gobierno aún no determina parámetros que indiquen con claridad quiénes pertenecen a estos grupos
José Zometa/Roberto Alas. 09 de Julio. Tomado de El Diario de Hoy.
Las autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad entregaron ayer a la Asamblea Legislativa el anteproyecto de ley que declara como organizaciones delictivas a las pandillas o maras y penaliza a quienes la integran, aunque fue presentado incompleto porque no establece la forma en que se determinará si una persona es integrante de esas agrupaciones.
Se trata de la Ley de Proscripción de Pandillas o Maras y Grupos de Exterminio, que contiene 11 artículos, y el proyecto de reforma al artículo 345 del Código Penal, que esperan sean aprobadas lo más pronto posible para su aplicación.
La primera normativa, presentada después que concluyó la plenaria, prohíbe la existencia de agrupaciones u organizaciones ilícitas denominadas Mara Salvatrucha o MS-13, Pandilla 18, Mara Máquina, Mara Mao Mao y las agrupaciones de extermino. Sombra Negra y XGN. La sanción penal para sus integrantes será sin perjuicio del proceso penal que enfrenten por los hechos delictivos que cada integrante o en grupo cometan.
También contiene la inhabilitación para ejercer cargos de elección popular, para ser titular o accionista de algún tipo de negocio lícito y además contiene la incautación de bienes muebles e inmuebles y la congelación de cuentas bancarias, (las cuales pasarían a manos del Estado), a quienes se les demuestre que forman parte de las pandillas y a quienes le prestan algún tipo de colaboración o financiamiento (ver recuadros).
En la normativa se incluye a los menores de edad que pertenezcan a estas agrupaciones delictivas, aunque el viceministro de Justicia y Seguridad, Henry Campos, aclaró que se les aplicarán las sanciones que establece la Ley Penal Juvenil.
En cuanto a aquellos menores que por su edad no puedan ser perseguidos penalmente pero que sean miembros de estas organizaciones, serán puestos a disposición del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Integral de la Niñez y Adolescencia (Isna) y de la Procuraduría General de la República.
En cambio, la reforma al artículo 345 se refiere específicamente a las sanciones penales que recaerán sobre los integrantes de las maras o pandillas y a sus financiadores o promotores.
Por ejemplo, la sola pertenencia será sancionada con prisión de cinco a ocho años. Pero si el sujeto fuese jefe, dirigente, organizador o financista, la pena será de nueve a catorce años de cárcel. Quienes recluten a menores de edad con el propósito de que ingresen a dichas organizaciones delictivas o que los utilice para cometer delitos serán castigados con prisión de quince a veinte años.
"Con esto pretendemos tener herramientas que nos permitan enfrentar una problemática, que sabemos que no es la única, pero sin duda será muy útil para ir avanzando en materia de ir resolviendo este problema que es serio, que todos los salvadoreños sabemos de la violencia de la delincuencia, y esto será un instrumento importante, aunque no es lo único que estamos haciendo", manifestó Melgar.
¿Cómo identificar a un marero?
El único problema de todo esto es que por el momento, y de ser aprobadas ambas normativas, aún no se cuenta con los parámetros que le permitan a las autoridades de seguridad comprobar que una persona es miembro de una mara o pandilla.
"Hemos dejado allí, en la ley, un artículo que establece que la Comisión del Sector Justicia tendrá que elaborar unas reglas de evidencias orientadoras para las diferentes instituciones que tienen que ver con la seguridad y la justicia; nosotros ya tenemos una propuesta de esas reglas de evidencias, solo nos faltaría llevarlas al seno de la comisión para que fueran discutidas y analizadas, y luego aprobadas", externó el viceministro Campos.
Aclaró que esas reglas no fueron incluidas porque no encajan dentro de ambos cuerpos legales, y si se incluyeran en la reforma al Código Penal, encontrarían problemas que ya les señalaron los juzgadores, en el sentido que les afectaría su independencia, argumentó el funcionario, sin entrar en más detalles.
Según explicó, entre las reglas de evidencia para identificar a un pandillero activo y que ellos ya han adelantado, están los tatuajes, los cuales serán certificados pericialmente que son alusivos a una pandilla o grupo de exterminio, por medio del agente policial que ha dado seguimiento a un pandillero en sus comunidades, las pruebas fotográficas y de vídeo, inclusive por medio de testigos se determinará la pertenencia a estas agrupaciones, apuntó Campos. Pero esos insumos serán enviados a la Comisión del Sector Justicia, recalcó.
Los titulares de Justicia declinaron dar un cálculo de los costos en dinero que implica la puesta en marcha de ambas normativas. Solamente indicaron que será preciso construir o habilitar más presidios para meter a los miembros de estas organizaciones delictivas, pero tampoco dijeron cuántos reclusorios y para cuándo están proyectados.
De acuerdo con el titular de Justicia, los anteproyectos fueron consultados con los diversos sectores de la sociedad, incluidos los partidos políticos. Inclusive se tomaron algunos insumos que presentaron gremiales como la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) y del sector de los jueces, aseguró Melgar.
Pero aparte de esos anteproyectos de ley que castigan la pertenencia a maras o grupos de exterminio y que ya se encuentran en manos de los diputados, el gabinete de seguridad también elabora otra normativa que beneficiaría a quienes deseen retirarse de cualquiera de estas organizaciones.
"Estamos trabajando otro proyecto de ley, es una ley de rehabilitación y de reinserción social para aquellas personas que decidan abandonar este tipo de estructuras y organizaciones, el gobierno ofrecerá esa posibilidad", reveló Melgar.
El ministro externó que él y su equipo están dispuestos a acudir al seno de la Asamblea para explicar a los legisladores la ley Antipandillas y de la reforma al artículo 345 del Código Penal.
Roberto Lorenzana, directivo y diputado del FMLN, externó que su partido respalda esa moción y que esperan lo mismo del resto de fracciones. Nelson Guardado, de Gana, dijo que la analizarán.
Los congresistas Roberto d'Aubuisson, de ARENA, y Antonio Almendáriz, del PCN, también acuerparon la iniciativa del gobierno. El primero dijo que "se trata de un combate frontal a las pandillas", y el segundo, que "necesita un estudio serio y responsable para que no tenga tropiezos su aplicación".
elsalvador.com :.: Ley criminaliza a pandillas y a quien los reclute
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