Jorge Vargas Méndez.09 de Julio. Tomado de Diario Co Latino.
jvargasmendez@yahoo.com
Como era de esperarse, ya surgieron propuestas sobre cómo el poder económico puede lograr que la mayor parte de la crisis financiera mundial, que aún no toca fondo, sea pagada por la población económicamente más vulnerable: la clase trabajadora, y dentro de ésta aquel segmento que gana salario mínimo y, con dedicatoria especial, millares de mujeres que ante la falta de mejores opciones laboran bajo las condiciones laborales adversas de la industria maquilera textil.
No lo dicen con esas crudas palabras sus adalides. Pero en realidad eso es lo que está detrás de dos propuestas de reciente cuño, las cuales, según afirman, son producto de estudios realizados. Una es claramente la propuesta de una fundación que hace las veces de “tanque pensante” del conservadurismo económico y político del país; la otra, es promovida por una gremial que está al servicio de los intereses de las maquileras transnacionales y locales, por lo que pueden considerarse harina del mismo costal aunque expuestas por diferentes portavoces.
A la gente que ni siquiera tiene plato… le quieren quitar la tortilla
Es así como surge la pretensión de que el salario mínimo sea calculado y pagado por hora y no por jornada, como se hace hasta ahora, so pretexto de que al pagar el salario mínimo por hora efectiva se generarían ahorros empresariales que harán posible la oferta de nuevos puestos de trabajo en beneficio de la Población Económicamente Activa (PEA) no ocupada. Así lo dicen, aunque con otras palabras, y entre otros argumentos anodinos más.
Esta atrevida proposición incluye la reforma del Art. 147 del Código de Trabajo, donde se contempla que “(…) Cuando la jornada de trabajo sea menor de ocho horas pero mayor de cinco, el patrono estará obligado a pagar el salario mínimo fijado (…)”.
Lo que parecen ignorar sus adalides es lo contemplado en los Art. 145 y Art. 146 del mismo código, cuando señalan que “(…) Para fijar el salario mínimo se atenderá sobre todo al costo de la vida (…) y que “(…) Para apreciar el costo de la vida deberán considerarse los gastos ordinarios de alimentación, vestuario, vivienda, educación y protección de la salud, de una familia obrera promedio, campesina y urbana”:
Además, se asume que las empresas contratan con salario mínimo a una persona y que ésta a menudo no trabaja las ocho horas diarias establecidas por ley. Parece que desconocen la esencia de la empresa privada. Pero no es así. Maliciosamente pasan por alto que la empresa privada jamás perdería la ocasión de incrementar sus ganancias, aunque el trabajo de cuatro horas realizado por una persona genere lo suficiente para retribuir al capital.
Pese a la desaguisada propuesta, es loable el estudio “Impactos de los salarios mínimos en el mercado de trabajo de El Salvador”, por cuanto, al igual que otros, como los realizados por el PNUD, reitera la dramática situación de pobreza en que vive la población que devenga esa suerte de salarios, y señala el nivel de informalidad que caracteriza al mercado laboral salvadoreño.
Lo que no se menciona es que la distribución de salarios y personas trabajadoras en general, tiene estructura piramidal en El Salvador. En la base está la inmensa mayoría de la población trabajadora que devenga bajos salarios, incluido el mínimo, y a medida que se asciende de nivel ciertamente se incrementa el monto de los salarios, pero disminuye la cantidad de personas que los reciben. En otras palabras, en los niveles más altos se ubica una minoría que recibe pagos que bien pueden considerarse salarios decentes. Pero la inmensa mayoría, en cambio, tiene salarios precarios.
A la gente que ni siquiera tiene cama… le quieren quitar la cobija
La otra propuesta también es peripatética: plantea la modificación de la jornada diaria de trabajo en el sector maquila. Y así, se pretende que la jornada actual pase a tres días de doce horas diarias de trabajo, más media jornada de 6 horas. En total, dicen con entusiasmo, “serían 42 horas semanales, pero se pagarían las 44 horas actuales”.
Nuevamente soslayan otro precepto constitucional: “(…) La jornada ordinaria de trabajo efectivo diurno no excederá de ocho horas y la semana laboral de cuarenta y cuatro (…)”.
De acuerdo a la propuesta, se pretende crear otra jornada de trabajo que abarque los restantes días de la semana, para ofrecer mayor capacidad de producción a la demanda internacional de prendas textiles, dado que el parque maquilero de Haití resultó dañado a raíz del terremoto que sufrió hace meses. Ese medida, dicen, permitirá crear más puestos de trabajo y permitirá que un nuevo contingente de personas obtenga empleo, que para dicho sector son preferentemente mujeres.
Al respecto ya hubo reacciones en contra, y con justas razones científicas y legales, planteando que perfectamente se puede crear un doble turno que culmine a las diez de la noche, y considerar aspectos logísticos como el transporte de las personas que apliquen a las miles de plazas que supuestamente se crearían. Pero, agregamos otra de primerísimo orden de importancia: el pleno respeto de los derechos laborales, algo que en las empresas maquiladoras es como una especie totalmente extinta.
Si las aves tienen alas… ayudémosles a volar
Si en realidad se busca paliar la situación de pobreza que golpea a la mayoría de la población y fortalecer la productividad de las empresas, quizás sea más conveniente pensar en una normativa ad hoc. Por ejemplo, una Ley Temporal de Fomento del Empleo, la cual, previo estudio y aprobación tripartita (sectores laborales, empresariales y gobierno) y con apego a la normativa vigente que regula en la materia, contemple un segundo horario de trabajo para el sector maquila estrictamente con nuevas contrataciones y sin menoscabo de los derechos laborales.
Asimismo, en ese nuevo contingente se podría dar prioridad a personas jóvenes y, sólo con éstas específicamente, buscar la aplicación del Art. 147 relativo al salario mínimo tal como lo plantean los adalides de la empresa privada. Para la juventud sería como un ejercicio de aprendiz(aje) al tiempo que se incorpora al mercado laboral. Pero también, en hora buena, se puede lograr que centenares de jóvenes se alejen de ambientes de riesgo que abundan en el país y que son caldo de cultivo para la delincuencia.
Si ciertamente están en juego 12 mil posibles empleos, como argumentan, constituiría un significativo avance que un porcentaje importante estuviera conformado por jóvenes, mujeres y hombres en igualdad de condiciones, quienes si bien tendrían acceso a precarios recursos, éstos al fin y al cabo serían ganados con un trabajo que siendo temporal puede convertirse en puerta de entrada para un empleo de calidad. De más está decir que ese magro salario pasaría a ser un ingreso de complemento para sus respectivas familias.
Debe recordarse que si alguien ya recibe, en este caso el monto del salario mínimo fijado por la ley, bajo ningún punto de vista se le puede desmejorar ese ingreso. Así pues, toda propuesta en tal sentido está fuera de orden. También es pertinente recordar que, como bien lo plantea el PNUD, el problema en El Salvador no es el desempleo sino el subempleo, cuya proporción es mucho mayor y afecta principalmente a mujeres y personas jóvenes. Es decir, una propuesta ideal sería aquella que reduzca el subempleo y, mejor aun, la subutilización laboral (desempleo más subempleo), pero la realidad económica no da para mucho. Quizás algún día mejore.
Se debe crear empleos para restarle gente a la exclusión social y a la pobreza
Tal como se plantean las propuestas que motivaron este artículo, todo parece indicar que el propósito único es vulnerar el marco normativo laboral vigente y abrir los flancos para comenzar a introducir la flexibilización laboral en el país. De hecho, ya hablaron de flexibilizar el salario mínimo y la jornada laboral. Sería peligroso pues, alterar el marco normativo vigente y desproteger a la población laboral amenazada; además, luego podría ser factible para las guildas extender la misma medida al resto de la población laboral hasta afectar también a la llamada clase media que es la que en realidad tributa al Estado.
Finalmente, hay que señalar que según cifras estadísticas oficiales, la población laboral amenazada con tales medidas es la femenina y la juvenil, pues representan la mayoría de la población y es la mayor receptora de los actuales salarios mínimos. Es decir, parece que la parte empresarial que pugna por tales medidas continúa negándose a construir un país distinto y, por lo contrario, persiste en medidas económicas y laborales que promueven la exclusión social.
Al respecto, un representante del Banco Mundial, dice: «El mercado laboral de un país cumple una función fundamental en materia de inclusión social. Dado que representa la fuente principal (si acaso, la única) de ingresos de la vasta mayoría de los habitantes de un país, el desempleo, los malos empleos o los bajos salarios imponen importantes privaciones para los trabajadores y sus familias». Así, si la empresa privada está preocupada por la pobreza, es el momento de que envíe señales coherentes.
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