Contra Punto-La Economía del Crímen

 Por Carlos Glower.06 de Julio. Tomado de Contra Punto. 

El desplazamiento de los indicadores económicos en el país están estrechamente ligados con la proliferación de la delincuencia

SAN SALVADOR-En la teoría económica se reconoce que la tasa de criminalidad es una variable que responde a las decisiones propias de la misma sociedad. Si se desea una tasa de criminalidad cercana a cero, se puede estipular a que un policía acompañe a la par a cada ciudadano. Si se desea una tasa alta de criminalidad, se elimina en su totalidad a la fuerza policial. La teoría supone que los delincuentes son racionales y persiguen aumentar sus ganancias en función de los riesgos que enfrentan,  al igual que un empresario.  Así de sencillo es el problema dentro de este marco analítico.
Pero, por diferentes razones en la sociedad existen fuerzas políticas que no toleran una tasa alta de criminalidad.  En este caso, el problema radica en que el mantenimiento de una tasa baja de criminalidad cuesta dinero, usa recursos sociales y disminuye las opciones que pueda tener una sociedad para invertir en otras actividades económicas y sociales.
El crimen ha llegado a niveles inusitados en El Salvador y tiene implicaciones a todo nivel social, económico y político. En el Caso de El Salvador la inversión social creció de un exiguo $100 por habitante en 1991 a $125 en el 2006, lo que se contrasta con Costa Rica que tiene un nivel per cápita de inversión social de $788. (Seis veces más grande.) De hecho, en América Latina el Salvador tiene el segundo lugar más bajo en inversión social. Bajo estos números monetarios, es fácil concluir que en El Salvador la sociedad ha optado por tener una alta tasa de criminalidad.
También se puede argüir que las quejas sobre la delincuencia son meras lágrimas de cocodrilo pues del mismo modo que el delincuente opta por delinquir, la sociedad salvadoreña ha optado por no pagar el costo que implica el mantener una baja tasa de criminalidad. La decisión social de no pagar por mantener un bajo nivel delincuencial implica que la probabilidad del delincuente de aumentar sus ganancias aumenta considerablemente, inclusive de la impunidad que es una característica típica a todo nivel social de nuestra cultura.  En otras palabras, la decisión social que se ha tomado en El salvador es la de incentivar el crimen. Y, se ha logrado.
El Salvador es una economía cuyos gobernantes han apropiado el dogma que el mercado no solo es eficiente en la asignación de recursos escasos si no que también soluciona todo los problemas sociales.  De hecho, la camisa de fuerza que representa la dolarización es una prueba más de esta decisión. Como el avestruz que esconde su cabeza para ignorar la realidad, los gobiernos salvadoreños amparados por sus dogmas cuasi religiosos de las bondades del mercado y de la dolarización, han ignorado a través de décadas las alarmas amarillas de la incidencia creciente de la criminalidad bajo la expectativa de que el mercado lo solucionaría.  Pero, esta ha sido la gran falsedad y mentira de los gobiernos que han manejado la cosa pública en el país.
La criminalidad en el país es un fenómeno histórico específico. Las maras no aparecen hace 50 años, o 200 años o 400 años. Las maras no son engendros de extraterrestres que recién visitaron la tierra.  La mara, la incidencia violenta y aun la reincidencia son fenómenos históricos-específicos de una formación social enferma, cuya manifestación es la criminalidad que vivimos. Otras manifestaciones incluyen la migración masiva, la impunidad, la “vivencia” y el fanatismo político y religioso.
A pesar que se ha habituado la propaganda de las bondades del mercado libre, lo que se ha dispuesto es que se ha creado una estructura económica mercantilista que se sostiene en una estructura de incentivos económicos perversos que estimula a la actividad delincuencial y castiga la inversión social y el respeto a la ley.  Parte de esta estructura mercantilista perversa es que la empresa privada se ha mal acostumbrado a navegar, gozando de almuerzos gratis. Ante esta situación, la empresa privada solo tiene dos opciones, (1) pagar por sus almuerzos o (2) callar la boca. Si se opta por pagar el almuerzo, se cambiaría la estructura de incentivos y se podría afectar directamente el comportamiento del delincuente.
Con el insensato argumento que el mercado tendría la solución perfecta, se ignoraron las señales, se evadieron las responsabilidades y ahora se tiene que pagar con creces. Lo que no se enfrenta todavía es que el Estado, sujetado por una dolarización inflexible, irracional y descabellada ante la realidad salvadoreña, no puede financiar los costos necesarios para comenzar a darle solución al problema a menos que acelere su endeudamiento aun más. Este es uno de los dilemas que enfrentamos como economía.
Por su parte, la precaria situación delincuencial que vive el país ha llevado a sus políticos, como siempre, a buscar la salida fácil.  Como solución al problema estos señores han llegado al colmo de pretender darle al Estado Salvadoreño el poder y la opción de eliminar a seres humanos. Una sociedad que no ha dado opciones para que el ser humano se desarrolle productiva y creativamente ahora pretende eliminarlos o forzarlos a que emigren a otros lares a buscar lo que su propia sociedad y leyes les ha negado.  Como dijo el mismo Aristóteles, la pobreza es la que engendra las revoluciones y el crimen.
Solución práctica la de la pena de muerte, según los políticos. Los legisladores, que en el pensamiento de Aristóteles enarbolaban la bandera de la ética, ahora enarbolan, en un sentido equivocado de justicia, la bandera de la sangre y la venganza. ¿Es ese el ejemplo que los legisladores le quieren dar a nuestra ciudadanía? Señores legisladores, no olviden que como ustedes miden, en la misma escala serán medidos.
Si verdaderamente quieren que la criminalidad baje, tomen las decisiones de pagar por ello y no caigan en la vergüenza de seguir pensando en almuerzos gratis como lo hacen los que maniobran el capital en nuestro país. Podrían comenzar con una verdadera reforma tributaria que cambie su existente estructura regresiva y que coloque el costo de reducir la criminalidad donde debe residir. Este podría ser un buen primer paso en este costoso y lento proceso, gestado por la negligencia y la irresponsabilidad gubernamental durante décadas.

La Economía del Crímen